A pocas horas de que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumiera su cargo, empiezan a verse los primeros efectos de su investidura. Entre los primeros decretos que impulsó el mandatario está uno que fija el salario mínimo de los trabajadores del país en los 998 reales (unos 257,5 dólares) para 2019, lo que supone un aumento del 4,61 % con respecto al año pasado, pero que es inferior a los 1.006 reales (259,6 dólares) calculados por el gobierno saliente de Michel Temer y recogidos en los presupuestos de 2019.

Otra polémica normativa aprobada a golpe de decretazo, que se publicó este miércoles en el Diario Oficial, y tiene que ver con las tierras indígenas. Bolsonaro entregó a la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, una latifundista que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso, las tareas de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas.

La medida representa una victoria para la agroindustria y según los activistas ambientalistas provocará la destrucción de culturas e idiomas nativos al integrar a las tribus en la sociedad brasileña. Además, aseguran que los pueblos nativos son los últimos custodios de la Amazonia, la mayor selva mundial, que es vital para la estabilidad climática.

Finalmente, el flamante presidente también firmó este martes una medida provisoria –que a nivel legal es una medida unipersonal del presidente, con fuerza inmediata de ley, sin la participación del Poder Legislativo– que borra todas las referencias a la comunidad LGBTI en el organigrama ministerial y en las directrices de protección de los derechos humanos del gobierno federal.

La medida provisoria 870/19 explicita los cambios en la estructura de los ministerios, incluyendo el nuevo Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, comandado por la pastora Damares Alves.

Entre las políticas y directrices destinadas a la promoción de los derechos humanos se incluyen explícitamente las “mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con discapacidad, población negra, minorías étnicas y sociales e indígenas”. Las personas LGBT, que antes eran citadas en las estructuras de la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de la Persona Anciana, fueron excluidas.