Este jueves 3 de enero se cumplen 11 años desde que, en 2008, el joven mapuche Matías Catrileo fue asesinado mientras participaba en la ocupación del ex fundo Santa Margarita –que era propiedad del agricultor Jorge Luchsinger– en la comuna de Vilcún, y el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza le disparó con una subametralladora Uzi que le perforó el pulmón.

El asesinato del joven, quien entonces tenía 23 años, era estudiante en la UFRO y era militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), es uno de los casos más emblemáticos de los años recientes en el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.

El caso fue revisado por la Fiscalía Militar de Valdivia, que determinó que el crimen se ejecutó en defensa propia, y lo condenó a 3 años y un día de presidio bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, por lo que Inostroza cumplió una pena remitida de firma mensual por 48 meses, mientras que Michelle Bachelet nunca asumió la responsabilidad política.

Al igual como ocurrió con el homicidio de Camilo Catrillanca en noviembre pasado, en que las primeras versiones de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera insistían en que hubo provocaciones a Carabineros, en esa ocasión ocurrió algo similar por parte del oficialismo de ese entonces, es decir, la Concertación.

Una muestra de eso fue la intervención del actual senador Felipe Harboe (PPD), quien por esos años se desempeñaba como subsecretario del Interior, y que en la misma línea que Andrés Chadwick en noviembre pasado, aseguró que el joven estaba armado, que atacó a los uniformados que llegaron hasta el lugar y que por esa razón ellos respondieron.

“Ese enfrentamiento, según información policial, se produjo entre estos comuneros y Carabineros recibiendo fuego cruzado y por tanto se respondió con armas de fuego”, dijo.