Si hay un fantasma que recorre Europa por estos momentos seguramente no es el mismo al cual se refería Karl Marx hace un par de siglos. Los países centrales del continente se deparan con una extrema derecha que ha conquistado muchísimos territorios y sigue acumulando victorias electorales.

Pero también hay quienes resisten a esa tendencia neofascista y además trabajan para deshacer los efectos dañinos de las políticas neoliberales exigidas desde los organismos internacionales. De esos, el caso más destacado en el sur de Europa es el de Portugal.

El actual gobierno portugués asumió su mandato en el 2015 asegurando que abandonaría la política de recortes en las inversiones públicas adoptada por sus antecesores, que aceptaron las exigencias de los organismos internacionales tras el rescate de 78 mil millones de euros recibidos en 2011 desde la Troika (ente conformado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) para enfrentar una crisis económica similar a la de Grecia en el mismo periodo. El primer ministro socialista António Costa prometió recuperar las inversiones en políticas públicas para educación, salud y vivienda, entre otros sectores, y ha cumplido parcialmente con su palabra.

Un ejemplo de cómo ha cambiado la actuación del Estado es lo realizado en educación, donde además del aumento de la cobertura en las escuelas públicas (gratuitas) también se ha trabajado para fortalecer la equidad y la calidad, con medidas que pasan por la disminución del número de alumnos por clase, la prioridad a niñas y niños de sectores más vulnerables, con un programa especial para hijas e hijos de familias migrantes, el aumento del número de docentes y un nuevo plan de valorización de la carrera – tras el congelamiento de los sueldos exigido por la Troika, que fue interrumpido en el 2017. El gobierno ha tratado de negociar con los sindicatos correspondientes un sistema para reponer los aumentos que fueron negados a los maestros durante el período de la imposición extranjera, lo que en la práctica significa que esos recursos en 2019 serán el triple del presupuestado 2018, y podría haber aumentos similares en los próximos años. También hay un Plan Nacional de Lectura que incluye no sólo la distribución gratuita de los textos usados en las escuelas públicas como también la promoción de mecanismos para incentivar la lectura entre los estudiantes de enseñanza básica y media y su acceso a las bibliotecas públicas y escolares.

Con respecto a la salud, el trabajo también ha buscado recuperar la inversión del Estado tras los años de ajuste, que llevaron el país a un retraso de 10 años en infraestructuras de los centros pertenecientes al Servicio Nacional de Salud (SNS). Recientemente, Costa nombró a la economista Marta Temido como nueva ministra de Salud, con la tarea de mejorar el acceso al sistema público para las personas más vulnerables, disminuyendo los valores de las llamadas “tasas moderadoras” (que se cobran en los centros de salud públicos por consultas, medicamentos o intervenciones, por la que una atención médica o una inyección puede costar a partir de 5 euros actualmente) y aumentando la cobertura de los equipos de atención médica a domicilio.

En vivienda, además de los 82 millones de euros para la construcción de nuevos hogares sociales, con un total de 8,5 mil unidades están programadas para entregarse hasta el 2020, lo que beneficiaría alrededor de 25 mil personas, también hay un aumento del presupuesto para los proyectos de recuperación de los barrios, que recibirán otros 115 millones. Esa cifra supone recursos destinados no sólo a la reestructuración de sectores tradicionales de las ciudades turísticas – lo que no es menos importante, considerando que el turismo ha sido un sector que ha dado un enorme impulso a la economía portuguesa en los últimos años – como también para obras de infraestructura básica a los llamados “barrios sociales”, los que han crecido exponencialmente con la llegada de inmigrantes.

La generación de empleo ha sido sin dudas el logro más destacado de la gestión, sobre todo porque fue la principal promesa de campaña de Costa en 2015. Gracias a los cerca de 240 mil puestos de trabajo creados desde 2016, el desempleo ha bajado hasta un 6,8%, cifra lejana de los 15% de España o los 9% de Francia e Italia, además es bastante menor que los 12,2% heredado del gobierno anterior, del “neoliberal-socialdemócrata” Pedro Passos Coelho.

Sin embargo, también hay una crítica que se hace en este aspecto desde sectores de la oposición e incluso de aliados (como el Partido Comunista), alegando que la mayoría de los nuevos empleos generados son precarizados, es decir sin contrato permanente y por consiguiente sin derechos. En su mensaje televisivo de Navidad, el primer ministro afirmó que el enfoque de las políticas laborales en el 2019 será en la calidad de los empleos, lo que fue considerado por analistas como un reconocimiento a ese problema. Costa también prometió un aumento significativo de la inversión en transporte público, ya que Portugal tiene una de las tasas más bajas de la Unión Europea en ese tema.

De todas formas, el éxito en general de las políticas sociales portuguesas desmienten el discurso de la derecha de que invertir en el bienestar de las personas puede mermar el desarrollo económico. ¡Todo lo contrario! Los índices de crecimiento de Portugal desde el inicio del gobierno socialista han mostrado un aumento significativo: 1,9% en 2016 y 2,8% en 2017, y pese a que la estimativa para los números finales en 2018 sea de cifras menores (2,4% según el Ministerio de Finanzas portugués y 2,2% según la OCDE) seguiría cercana a los mismos niveles de los años anteriores y por encima del promedio de la Eurozona, manteniendo al país como una de las economías más destacadas de su continente en estos tiempos.

En 2019, el desafío será también electoral. Las elecciones legislativas marcadas para el día 6 de octubre serán el momento en que este proyecto tendrá que enfrentar su prueba de fuego para saber si las políticas públicas y las transformaciones sociales impulsadas logran imponerse ante la ola conservadora que se expande por Europa y que trata de encontrar su lugar también en Portugal.

De hecho, el pasado 21 de diciembre puede haber sido un indicio de cómo será la movida de la oposición. Durante todo el mes se difundió por las redes sociales la convocatoria anónima a una protesta de “chalecos amarillos” en todo el país, con la consigna de “paralizar a Portugal”. Según el diario Público, uno de los más prestigiosos de Lisboa, la adhesión al movimiento fue baja, algunas miles de personas en la capital y en Oporto, bastante menos en otras ciudades, sin una gran organización, sin un petitorio claro y con algunos cantos típicos de la extrema derecha aludiendo a “hacer a Portugal grande” y en rechazo a los inmigrantes.

Los medios portugueses coinciden en que la marcha tuvo poco apoyo y resaltan que al mediodía ya se había dispersado la movilización. El único grupo que tuvo alguna importancia fue el de los policías civiles, que reivindicaban mejoras salariales. De todas formas, no deja de ser una primera expresión de descontento y la intención de parte de la derecha de ganar espacio político a través de ello, lo que podría intensificarse en los próximos meses y durante la campaña electoral.

Foto: Expresso Diario.

La “geringonça” y sus efectos

Para entender mejor el presente y pronosticar el futuro de la política y de los avances sociales en Portugal hay que entender lo que es la “geringonça”. Esa chistosa palabra portuguesa se usa para referirse de forma despreciativa a aparatos o mecanismos raros y complicados, y suele aplicarse como metáfora para cosas hechas de forma improvisada o que logran resolver un problema puntual pero generando otros a largo plazo, debido a sus imperfecciones y efectos mal calculados.

Los últimos comicios en el país lusitano fueron en 2015, y pese a que terminaron con la centroizquierda llegando al poder hay que recordar que la fuerza política con más votos fue la alianza Portugal Adelante (PàF, de “Portugal à Frente”, según el idioma original), de centroderecha, que obtuvo el 38,6% de los votos.

Para evitar el segundo mandato del neoliberal Pedro Passos Coelho (PàF) como primer ministro fue necesario un inesperado acuerdo entre el Partido Socialista, el Bloque de Izquierda (BE, de “Bloco de Esquerda”, especie de Frente Amplio portuguesa) y la Coalición Democrática Unitaria (CDU, que incluye el Partido Comunista y el Partido Verde). Solamente con los 32,3% del PS, más los 10,2% del BE y los 8,3% de la CDU fue posible alcanzar la mayoría que llevó a António Costa al poder – y que está conformada por 122 legisladores, de un total de 230.

Desde el retorno de la democracia, en 1974 (año de la recordada Revolución de los Claveles, que marcó el fin de la dictadura portuguesa iniciada en 1926 y que tuvo como figura icónica al político ultranacionalista António Salazar) esta fue la primera vez que la fuerza política con más votos no logró formar un gobierno. La “geringonça” es justamente esa inexplicable reunión de fuerzas de izquierda que pasaron cuarenta años divididas por sus diferencias con respecto al papel del Estado y la defensa de los derechos sociales, y cuyo acuerdo fue pensado solamente para impedir la victoria de la derecha más allegada al neoliberalismo, pese a que tanto el BE en cuanto la CDU son bastante críticos de ciertas insinuaciones de los socialistas hacia algunas ideas neoliberales, y por lo mismo jamás aceptaron componer el gabinete de Costa con militantes suyos – cuando mucho indican a independientes, que han ocupado puestos de menor importancia.

Si parece muy raro que la izquierda más dura apoye a un partido que coquetea con el neoliberalismo para evitar la victoria del adversario político abiertamente neoliberal hay que entender por qué se le llama “geringonça”, y si además se comprende el espíritu de esa coalición absurda se descubre cómo funciona.

Sin embargo, para mantener esa parafernalia vigente Costa tendrá que sacar a lucir su fama de gran negociador y moderador ante el manifiesto descontento de dos importantes aliados, la diputada Catarina Martins, principal líder del BE, y el líder sindical Jorge Pires, dirigente del Partido Comunista y vocero de la CDU. Ambos consideran insuficientes las inversiones públicas direccionadas a salud y vivienda en este último año, por lo que esperan mayores esfuerzos del gobierno en esos dos sectores para decidir si la “geringonça” llegará a las elecciones como una coalición unida o si van competir por separado, como en el 2015 – lo que por ahora es lo más probable, y si es así lo de reunirse posteriormente para conformar un gobierno también quedaría en duda.

Cabe aclarar también que el cargo de primer ministro en Portugal posee solamente atribuciones de Jefe de Gobierno y del Consejo de Ministros. El Jefe de Estado es el presidente, también elegido por las urnas. El actual presidente es Marcelo Rebelo de Sousa (electo en 2016, con mandato hasta el 2021), un socialdemócrata perteneciente a la alianza de centroderecha PàF. Rebelo también tiene la prerrogativa de ser el Comandante de las Fuerzas Armadas, lo que genera un escenario de compleja gobernabilidad. Este lunes el portugués se reunió con el presidente Sebastián Piñera en Brasil, tras el cambio de mando del nuevo gobierno, encabezado ahora por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Habrá que ver qué factores van a ser electoralmente decisivos en 2019 en este Portugal acechado por esa extrema derecha que ya ha tomado gran parte de Europa, y si quizás las exitosas políticas públicas de la gestión de António Costa han generado apoyo suficiente para impedir que esa ola extremista llegue al sudoeste de la Península Ibérica.