Justo la tarde en la que arranca la 26ª edición del Festival Santiago A Mil, unos 60 trabajadores y trabajadoras del Sindicato GAM, oficiador de muchas de las actividades gratuitas y pagadas del certamen, llevan a cabo una movilización para denunciar sus condiciones laborales. El presidente del Sindicato GAM, Simón Bousquet, explicó a El Desconcierto que la movilización de esta tarde “no es ni una funa ni un boicot”. Se hará una manifestación ruidosa a las 18 horas, una hora antes de que empiece en el GAM el espectáculo “Los Arrepentidos”, dirigido por Víctor Carrasco.

“Estamos tratando de tener un diálogo fluido con compañías y artistas porque entendemos que el trabajo en cultura es precario para todos. Buscamos la solidaridad de ellos, pero no nos restaremos de protestar y hacer ruido al momento de la representación de la obra porque es una forma de hacer presión. Hay obras que han accedido a solidarizar con nosotros y otras que no. En este último caso, buscaremos retrasar el funcionamiento y hacer ruido para visibilidad el problema”, precisó Bousquet. Según él, es importante “no hacer una lectura criminalizadora de esta lucha” y por eso buscarán la solidaridad de artistas y trabajadores del Festival, dirigido por la gestora cultural Carmen Romero.  “La crítica es al sistema de Santiago a Mil, que es segregador, precarizador y elitizante dentro de la cultura, no a los artistas ni a los trabajadores”, subrayó el líder sindical.

Negociación colectiva y salarios

Entre los principales reclamos de los empleados pasa por negociar de forma colectiva los salarios, en concreto un pilar solidario para aumentar el salario de las personas que ganan menos de $3.000 por hora hasta $5.000 pesos, disponer de una asignación de colación acorde con el sector de trabajo, eliminar los descuentos por enfermedad o vacaciones y recibir un bono marzo.

Con el  paro de los portuarios de Valparaíso como referente, los trabajadores de la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral difundieron un comunicado este miércoles en el que explican que desde hace tres meses intentan negociar con la dirección del organismo para recuperar la posibilidad de negociar colectivamente, como hicieron en las administraciones anteriores a la llegada de Felipe Mella, director ejecutivo del GAM desde marzo de 2016. “Nos rechazaron la negociación colectiva con el argumento de que el GAM no puede negociar colectivamente porque la plata que recibe del Estado es una donación que recibe a título gratuito”, explicó Bousquet. De hecho, Mella señaló este jueves a La Segunda que el GAM, por ley, no puede hacer negociación colectiva por recibir más del 50% de aporte público.

Sin embargo, para Bousquet “es como cualquier empresa privada porque lo que reciben de parte del Estado es una prestación de servicios que el GAM suscribe en un convenio con el Consejo de la Cultura”. El dirigente contó que el Estado deposita los recursos en dos transferencias –en 2018 el Ministerio de Cultura le asignó  $3.258.535.000– y la Corporación tiene que ejecutar las actividades, entregar las boletas de garantías y rendir ese dinero. “Ninguna donación se rinde”, afirmó Bousquet, quien denuncia que además de oponerse a negociar “regladamente”, la dirección no tiene voluntad porque no acepta sentarse a la mesa para llegar a acuerdos más allá de lo establecido por ley.

Persecución sindical y subcontratación a mujeres migrantes

Los trabajadores denunciaron en su comunicado que “el prestigioso centro cultural niega a sus trabajadores el derecho a negociar colectivamente, persigue a sus dirigentes sindicales vulnerando derechos fundamentales y permite formas de subcontratación que precarizan a mujeres migrantes“. En este sentido, el líder sindical relató que el pasado mes de octubre la dirección descontó $165.000 de su sueldo por sus tareas sindicales, pese a que los dirigentes sindicales del GAM tienen desde hace cinco años el derecho adquirido de no tener límite de uso de horas sindicales. “Querían cambiar eso de forma unilateral y la empresa aún no lo ha explicado. Pero lo denuncié a la Inspección del trabajo y me devolvieron el dinero”, señaló Bousquet.

Otra crítica de la organización es contra el trato que reciben unas 25 personas de la Corporación que trabajan en el aseo y como guardias de seguridad. “Tienen condiciones de trabajo basura  y son gente de la tercera edad, mujeres, y migrantes, que no tienen representación. Queremos acabar con la subcontratación”, indicó.

Pese a las presiones de los y las trabajadoras, hasta ahora la dirección sólo ha dicho que no se sentará a negociar hasta que la Inspección del Trabajo no se pronuncie.