El pasado 19 de diciembre, conmemoramos el día nacional contra el femicidio. Durante el año 2018, según la información entregada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hubo en Chile 42 femicidios consumados y 116 frustrados. En los pocos días que lleva este año, ya se han cometido dos más. Si bien estos son los casos que han sido registrados como tales, una podría afirmar que las cifras son aún más abultadas. La definición restringida que maneja nuestro Código Penal de femicidio y la manera en que opera la práctica judicial en estos casos, hacen que casos en que hay un homicidio cometido en contra de una mujer como manifestación de violencia patriarcal, sean tratados como simples homicidios, con toda la injusticia y violencia simbólica que eso conlleva.

A comienzos de diciembre, la Corte Suprema, en un fallo que refleja de forma clara cómo tratan estos casos nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema judicial, desestimó la condena por femicidio de Guillermo Atenas Cornejo, quien asesinó a Isidora González Rojas y luego la descuartizó en Melipilla en agosto de 2017. El Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla había condenado en octubre a Guillermo Atenas por feticidio, dando por acreditado que Isidora y Guillermo tenían una relación de pareja y que convivían, aunque esta convivencia haya sido esporádica. La Corte Suprema, sin embargo, sobre la base de los mismos hechos establecidos por el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla, entendió que no había femicidio, pues estimó que la convivencia no contaba con estabilidad y proyección suficiente en el tiempo. Debido a lo anterior, la Corte Suprema condenó a Guillermo Atenas como autor de homicidio, lo que significó una reducción de la condena, de presidio perpetuo calificado a 15 años de presidio.

Este fallo de la Corte Suprema muestra en primer lugar cómo está configurado el delito de femicidio en nuestro Código Penal: sólo es autor de este delito quien mata a su cónyuge o conviviente. Lo que quiere decir que sólo puede ser víctima de femicidio la mujer que ha sido cónyuge o conviviente del hombre que la mata. Entonces, como ocurrió en este caso, la discusión en el juicio se centra en cuestionar cuál es la relación que tenía la víctima con el autor, porque si no eran familia, si no tenían una relación de pareja y de convivencia estable en el tiempo, entonces es sólo un homicidio simple, igual como es homicidio simple si una persona muere porque otra lo apuñala en medio de una pelea. Hay, como siempre en estos casos, un ideal de víctima que la mujer asesinada tiene que cumplir. Y si no lo cumple, entonces ese crimen es igual a cualquier otro, no es un crimen en razón del género. Y este parece ser un problema central, porque el punto no es si Guillermo Atenas pasa 15, 20, 30 años en la cárcel. El punto es que el asesinato de Isidora no fue un homicidio cualquiera, fue un femicidio, un crimen de odio, la mataron por ser mujer, y es un elemento esencial de la justicia que las cosas sean nombradas por su nombre.

Por esto mismo, este caso también nos muestra cómo el sistema judicial hoy es incapaz de dar una respuesta satisfactoria a los casos de violencia contra las mujeres. Mientras los jueces no se enfrenten a este tipo de casos con una perspectiva de género, los procedimientos judiciales seguirán significando para las mujeres víctimas de violencia sólo revictimización e injusticia. Por esto es necesario generar cambios legislativos que modifiquen las estructuras implicadas en estos procesos, pero también reforzar la prevención e impulsar un cambio cultural en nuestra sociedad, que ha ubicado históricamente a las mujeres como subordinadas al poder masculino, en un plano de desigualdad que avala la violencia sobre su integridad y sus vidas. Desigualdad que se profundiza cuando se intersecta con clase, raza, etnia u orientación sexual.

Finalmente, es necesario tener presente que cuando una mujer es asesinada por razones de género, ese femicidio no es un hecho aislado en la experiencia biográfica de esa mujer, sino que es el momento final de una historia de violencia, que la sociedad y el Estado no fueron capaces de prevenir, identificar y solucionar. De esta forma, hay una responsabilidad conjunta de todo un sistema patriarcal que tolera y en muchos casos incluso promueve violencias en contra de las mujeres, lo que convierte a estos crímenes en verdaderas violaciones a los derechos humanos y en un verdadero genocidio de mujeres.


Michelle Peutat, Comisión Política Partido Socialista e Isabel Yáñez - Militante Juventud Socialista.