Estimada Directora:

Recientemente leí: “la represión y la corrupción pueden andar separadas unos meses, pero siempre acaban por juntarse”. La frase se le atribuye a un tal Rodolfo Walsh en un libro titulado El Mal. Leído El Desconcierto (13 diciembre, 2018), veo que la ‘represión’ puede tomar la forma de hostigamiento laboral, como se ilustra con el caso de la universidad estatal de O’Higgins, donde no se le renovará contrato a dos académicas. Una de ellas (Dra. Karina Bravo) presentó una denuncia de hostigamiento laboral, la otra (Dra. Vania Figueroa) atestiguó a su favor.

Finalmente, las mismas personas acusadas por hostigamiento evaluaron la investigación y docencia de las académicas y decidieron que sus calificaciones eran insuficientes como para mantenerlas en la universidad. Dos cosas: una: Los acusados debieron tener una altura moral digna -al trabajar en una universidad estatal y pública- e inhabilitarse de evaluar a esas académicas.

La otra: ¿Por qué rectoría validó esa decisión, bajo la falta, al menos ética, antes descrita? Si la respuesta no es corrupción, debe haber algo peor. Ante esta falta ética en una institución estatal, cabe la reflexión: aunque éstas universidades gozan de autonomía, siguen siendo entidades públicas y estatales, luego ¿qué rol juega el Estado ante estas oscuras circunstancias? ¿No debiera el Consejo de Rectores instar a que el rector de la novel U.O’Higgins rectifique y censure la decisión tomada? o en última instancia ¿no debiera interceder el Mineduc para levantar la moral de la institución a su alero, rectificando la arbitrariedad e instando a seguir procedimientos transparentes a prueba de corrupción? Si esta situación -que ocurre antes que se haya titulado la primera generación de esa casa de estudios- no se corrige, no se ve con buenos ojos el devenir de la institución, ni mucho menos excelencia en la formación de profesionales para el país.