Entre 2017 y 2018, se realizaron 391 denuncias por publicaciones y posterior viralización de videos íntimos sin consentimiento de ambas partes,  según indicó la Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales. Todo el marco de que esta práctica no cuenta como delito en la legislación nacional.

Las cifras fueron recogidas en un estudio que hicieron para la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se ingresó un proyecto para que esta práctica se incluya como ley para que pueda ser sancionada con una pena de reclusión menor en su grado mínimo, es decir 61 días a 540 días, junto a una multa de 50 a 500 UTM.

Lo anterior, debido a que en la actualidad solo se sanciona cuando se publican registros, en formato de videos o audios, que se tomen sin el consentimiento de la víctima del registro.

Esto, deja fuera las grabaciones de personas que accediendo a ser filmadas, no autorizaron a su publicación, difusión o ser compartida en redes sociales o medios similares como WhatsApp. De lo que el proyecto también se hace cargo, ya que incluye la viralización tanto de imágenes, textos, grabaciones de audio o audiovisuales de contenido sexual.

Según las estadísticas de la Policía de Investigaciones, la mayoría de las denunciantes son mujeres, las que representan a un 83% de las denunciantes, mientras que solo un 17% es hombre, según consigna La Tercera.