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El premio a un ex CNI: el departamento que le compraron a Emilio Neira Donoso por ser parte de la Operación Albania

Por: Francisca Quiroga | Publicado: 15.01.2019
El premio a un ex CNI: el departamento que le compraron a Emilio Neira Donoso por ser parte de la Operación Albania Screenshot (46) | Foto: Informe Especial.
Fue destacado por su “vocación profesional” y “reconocido entre sus superiores y subalternos”. Así escribía el jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán en septiembre de 1987 una anotación en la hoja de vida del coronel en retiro después de que participara en la conocida Operación Albania. El militar cumplió condena por su responsabilidad en estos hechos, pero también se hizo de una fortuna por “los premios” que el Ejército le traspasó. Aquí contamos su caso.

El 15 de junio de 1987, Recaredo Ignacio Valenzuela (30), economista de la Universidad de Chile e integrante de la dirección nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue baleado a 25 metros de la casa de su madre en la comuna de Las Condes. Su cuerpo se encontró con una pistola y una granada oculta en su chaqueta, fue el escenario perfecto montado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para fingir un enfrentamiento. A Valenzuela, o “El comandante Benito”, lo seguían desde antes y habían dado la orden de “neutralizarlo”. Dejó un hijo de siete años.

Esa acción fue parte la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, que terminó con doce frentistas asesinados en distintas comunas de Santiago el 15 y 16 de junio de 1987. La CNI, al mando de Hugo Salas Wenzel, había realizado un seguimiento de meses. Fue el golpe más duro al FPMR.

Una de las frentistas asesinadas, Patricia Quiroz Nilo, estaba embarazada.

Emilio Enrique Neira en ese entonces integraba la llamada Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión del Partido Comunista, del FPMR y también brigadas antiterroristas. Por su participación en esta matanza, obtuvo la felicitación de Álvaro Corbalán y obtuvo el reconocimiento de sus superiores y subalternos. El “logro” fue destacado en su hoja de vida con fecha de anotación en septiembre de 1987, tres meses después de que participara de la Operación Albania.

Por momentos Emilio Neira era “Eduardo Correa Valenzuela”, el alias o la chapa que ocupó para ocultar su identidad y eludir la justicia. Sin embargo, a pesar de las maniobras con las que intentó evitar su responsabilidad como autor del delito de homicidio calificado de Valenzuela Pohorecky y como autor del delito de homicidio calificado de José Joaquín Valenzuela Levi, la condena fue ratificada por la segunda sala de la Corte Suprema el 28 de agosto de 2007.

Enrique Neira Donoso ingresó a Punta Peuco el 24 de septiembre de 2007 y quedó en libertad el 1 de julio de 2015.

Su nombre volvió a saltar a la palestra ese mismo año, cuando el extesorero y coronel en retiro del Ejército Clovis Montero-una vez encausado- fue entregando mayores detalles de la operación que defraudó al fisco y que en su caso sumaba más de 980 millones de pesos. En una entrevista publicada en The Clinic en 2015 Montero aseguró que con los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre también se malversaron fondos del presupuesto regular de la Comandancia del Ejército y nombró un caso específico: la compra de un departamento a Enrique Neira Donoso para asegurar su silencio. Montero precisó además  que ese departamento se adquirió mientras el general Carlos Cid Muñoz estaba a cargo de la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE), entre 1999 y 2005.

Neira salió en libertad y retomó su vida, pero lo que se desconocía era la abultada pensión de invalidez que tanto él como otros ex uniformados recibían mensualmente. Se les llamó las pensiones por “enfermedades post traumáticas” y en el caso de Neira ascendía a dos millones seiscientos mil pesos. Su diagnóstico fue “psicosis afectiva”.

El programa Informe Especial reveló ese escándalo en 2017 y se explicó que este tipo de pensiones se les entregan a los militares que sufren accidentes en actos de servicios lo que les impediría seguir cumpliendo funciones, pero como el caso del mismo Neira, algunos se mantenían en actividad laboral en el mundo privado.

De acuerdo a los documentos a los que El Desconcierto tuvo acceso, fue durante esos años, en 2002, que la esposa de Neira, María Cristina Espinoza compró un departamento ubicado en Las Condes por tres mil 630 UF, para esa época cerca de 82 millones de pesos. El departamento fue pagado en una sola cuota a la constructora León Wolf S.A y a la Sociedad Inmobiliaria Dora Tabacman S.A e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces el 2002.

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Como quedó establecido por la declaración de los formalizados, la entrega de dineros se hacía por maletines para evitar cualquier pista que pudiese dar cuenta del delito.

Neira es un ex agente premiado con dineros estatales malversados al igual que el resto de los oficiales que se beneficiaron con jubilaciones irregulares, pero en este caso se habría sumado la compra de un inmueble. Una investigación que con el tiempo suma nuevos capítulos y procesados. Lo cierto es que se trataría de una gratificación hecha en democracia por el crimen perpetrado en la dictadura.

Para la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira (AFEP), estos son “dineros que provienen de la usurpación que han hecho las Fuerzas Armadas con el fin de mantener los pactos de silencio (…) Esas son las maneras que tienen para mantener la información escondida, darles pensiones de forma permanente y beneficios de todo tipo”, comentó.

Agregó que, en el caso de las pensiones, la justicia investiga el traspaso de más de mil millones de pesos a ex agentes, pero que también, a su juicio, deberían conocerse los traspasos de otro tipo de bienes que cumplirían las mismas funciones.

El 2015, Adriana Pohorecky, madre de Recaredo Valenzuela, junto al abogado Cristian Cruz, presentaron una denuncia contra el Ejército ante el ministro en visita Omar Astudillo, según el abogado en ese tiempo el tribunal, lo que ratificó la Corte Marcial, no dio lugar a acoger a tramitación la acción penal en sede judicial castrense.

“Ello no es de extrañar y se hace cada vez más urgente modificar tales situaciones, donde sólo en un porcentaje menor de casos es posible acercarse a verdad y justicia. Recordemos que la instancia superior, Corte Marcial, está compuesta por 5 integrantes, tres de los cuales en los hechos no son Ministros, son paniaguados del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, es decir los uniformados son mayoría y no existe la garantía de un adecuado proceso”, comentó a El Desconcierto.

“Existe una cultura en el Ejército, como las demás ramas de las FF.AA. y carabineros, de proteger a los violadores a los derechos humanos, de mal usar los dineros públicos y de perseverar con sus pactos de silencio, favoreciendo así la impunidad y un grado de criminalidad entre algunos mandos y sus cercanos”, concluyó Cruz.

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