migrantes | / AgenciaUno.
En la votación de este miércoles, se eliminaron del texto varios puntos relevantes planteados durante la discusión en las comisiones de Gobierno Interior y Derechos Humanos. Además del cambio de categoría migratoria y la eliminación del principio de «no deportación, el proyecto del Ejecutivo aprobado se enfoca en los recursos económicos de quienes llegan a Chile, obvia la situación de las situación de vulnerabilidad de víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia intrafamiliar; y evita la posibilidad de presentar un recurso judicial ante una deportación.
El gobierno de Sebastián Piñera tomó las riendas hace un año con muchas ganas de reformar las medidas que regulan la llegada de personas migrantes en Chile. «Ordenar la casa», lo llamó Piñera con un desafortunado eufemismo. Entre las primeras medidas, «de urgencia» que impulsó hubo una serie de decretos que cambiaron el mecanismo de entrega de visas para extranjeros. Su objetivo fue instalar la fórmula de la visa consular, que se recoge en los países de origen.
Luego fue el turno del proceso de regularización masiva, que provocó largas colas durante semanas para ofrecer la regularización a los extranjeros y extranjeras que llegaron a Chile y que en ese momento se encontraban en situación irregular. Un proceso que fue cuestionado por Amnistía Internacional y que permitió, meses después, iniciar varios procesos de devolución. En agosto, se registraron 1.102 extranjeros deportados, según datos de la Subsecretaría del Interior. El gobierno anunció sus intenciones de llegar a más de 2.000 a finales de 2017.
Y ahora llegó el turno de Ley de Migraciones. Este miércoles en la tarde la Cámara despachó el proyecto al Senado en una polémica sesión que llevó a la bancada del Frente Amplio a romper el acuerdo administrativo con la oposición. En la práctica, esto significa que no apoyará al diputado DC Gabriel Silber para que asuma la presidencia del hemiciclo a partir de marzo. La decisión sería una suerte de penalización en contra de la DC, después de que la coalición de izquierda considerara que falangistas y radicales le hacen juego al gobierno.
En la votación de este miércoles, se eliminaron del texto varios puntos relevantes planteados durante la discusión en las comisiones de Gobierno Interior y Derechos Humanos.
Si bien en la legislación vigente es posible entrar como turista a Chile, y una vez en el país, mutar de categoría migratoria y obtener la permanencia temporal y luego a definitiva, el proyecto votado ayer eliminó esa posibilidad. Así, se prohíbe que un extranjero cambie su plan de vida en nuestro país. En la misma lógica, el Ejecutivo considera que el extranjero que entra como turista “no sincera su intención real al ingresar al territorio”, sin considerar que pueden cambiar las circunstancias que lo hayan traído a nuestro país. Establece, además, el sistema de visas consulares, por lo tanto el extranjero que entra como turista deberá volver a su país para solicitar una residencia temporal que lo habilite a permanecer en Chile un tiempo limitado. Por eso, se repuso una indicación que restablecía el cambio de categoría migratoria.
Según el principio de no devolución, base del derecho migratorio de refugiados, ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile. El oficialismo solicitó votación separada del artículo que, finalmente fue rechazado.
Actualmente los extranjeros cuentan con la posibilidad de interponer los recursos administrativos contra todos los actos que se refieran a su situación migratoria, vale decir expulsiones, rechazos de visa, revocaciones, etc. El proyecto mantiene que todos los actos y resoluciones a que hace referencia la ley son recurribles mediante los recursos administrativos, sin embargo, excluye de éstos la expulsión. Para eso, se estableció un recurso judicial especial que quedó rechazado en la votación de ayer. Como consecuencia, no habrá recurso alguno, ni administrativo ni judicial en contra de la medida de expulsión administrativa, es decir, la que dicta el Servicio Nacional de Extranjería o la Subsecretaría del Interior. Precisamente, la Corte Suprema, en un oficio enviado a la Comisión de Gobierno Interior, manifestó su preocupación por la falta de un recurso efectivo contra la medida de expulsión, cuestión que vulneraría el debido proceso.
El proyecto menciona en dos ocasiones los medios de vida de los que dispone la persona que llega a Chile. Lo hace, primero, en referencia a los requisitos para pasar de residencia temporal a definitiva. La regla general es que se debe ser titular de una residencia temporal por un plazo de 24 meses, para poder postular a una definitiva, pero ese período se aumenta en 48 meses, en caso de «insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral en el período de residencia en el país». En cambio, es significativo que, para los migrantes “Inversionistas” se establece, en el mismo artículo, que el plazo para pasar de residencia temporal o definitiva, podrá ser inferior, como un privilegio.
La segunda mención aparece en el artículo 86, sobre las causas de rechazo del permiso de residencia. Una de ellas (numeral 4) apunta a aquellas personas que «no puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile.
En la Comisión de Gobierno Interior se perdió una indicación establecía una subcategoría (una visa) de residencia temporal para, entre otros, las personas que, por su condición, se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, como víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia intrafamiliar, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y mujeres. Esta indicación logró reponerse, sin embargo, se perdió en la votación de la Cámara. También quedaron son visas los adultos mayores y a las personas con situación de discapacidad.
