La conferencia de prensa que dio la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), en abril del año pasado, evidenció la grave crisis presupuestaria por la que atraviesa el municipio. Habló de una reducción significativa de gastos, de ordenamientos en la comuna e hizo cambios en los cargos administrativos de la corporación municipal, en la asesoría jurídica yen la dirección de finanzas. Todas esas modificaciones pretendían subsanar el déficit financiero que, en esa oportunidad, Reginato -que cumplió catorce años como jefa municipal- cifró en poco más de 13 mil millones de pesos.

Tiempo después el nuevo administrador municipal Claudio Boisier informó que con los ajustes esperaban cubrir la mitad de la duda durante ese mismo año 2018 y los otros cerca de seis mil millones de pesos restantes los dejarían para el 2019. Esto, considerando que el presupuesto anual para este año aumentaría en un tres por ciento alcanzando poco más de 99 millones de pesos. Para entonces, la concejala Marcela Varas (PPD) ya había solicitado a la Contraloría una auditoria que determinara las causas que mantenían al municipio en tal crisis financiera.

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Este lunes la entidad fiscalizadora dio a conocer el resultado de la investigación, de 360 páginas, comprobando que el déficit que arrastra el municipio asciende a 17.585.250.174, en la ejecución presupuestaria contabilizada hasta el 31 de diciembre de 2017. Con eso, señalan, se incumple el principio de legalidad del gasto público, es decir, el monto dispuesto por ley para llevar adelante la gestión municipal.

Pese a que desde el municipio informaron que se obtuvo un superávit en la gestión, tanto en 2015 como en 2016 y que sólo en 2017 se había producido un déficit, la investigación constató que las cifras expuestas en las cuentas públicas difieren de aquellas que fueron informadas por el director de control del municipio.

Otra de las irregularidades detectadas es que, al 31 de mayo de 2018, el municipio contabilizó y pagó facturas por más de 9.583 millones de pesos y registró otras por poco más de 1.776 millones de pesos, a pesar de que corresponden a bienes o servicios del año anterior.

Dentro de las líneas que se investigaron están los excesivos pagos que se les hicieron a funcionarios por cumplir horas extras y lo que avivó las críticas el año pasado a la gestión que encabeza Reginato. Esta arista es parte de una investigación judicial iniciada por el diputado Rodrigo González (PPD)y Daniel Verdessi (DC)por la eventual vulneración al artículo 69 de la Ley 18.883, sobre el estatuto que rige a los funcionarios municipales, lo que podría implicar sobresueldos irregulares.

En este ítem, la Contraloría constató que se gastaron 5.540 millones de pesos en pagos por horas extras y por concepto de honorarios a suma alzada -monto fijo por el servicio que el municipio desea ejecutar- y programas comunitarios un total de 7.077 millones de pesos, sumando más de 12 mil millones de pesos. Esto equivale al 43,02 por ciento del total de los gastos del personal del municipio y un 14,93 por ciento del total del presupuesto municipal.

Así, también, la municipalidad desembolsó 20 millones de pesos por concepto de honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otros antecedentes que permitieran demostrar fehacientemente que se realizaron las actividades que están detalladas en ellos.

Además, el municipio pagó 35 millones de pesos a la empresa Proexsi Ltda., por un módulo Inspección Municipal, a pesar de que no fue instalado.

En el caso de la circularización de las deudas, cuatro proveedores informaron que el municipio les adeuda 25 facturas por un total que sobrepasa los 330 millones de pesos, sin que se encuentren como pendientes de pago en los registros de la municipalidad.

Reloj de Flores, tags y hotel

“El reloj está trabajando y dando la hora como corresponde y quiero decir que sin ningún costo para la municipalidad”. Con esas palabras Virginia Reginato reinauguraba el tradicional Reloj de Flores después de que le cayera un árbol por las lluvias en mayo de 2017.

Esto también fue uno de los puntos que menciona el informe de la Contraloría. Se constató el pago de 22 millones de pesos equivalente a la valorización que realizó la empresa Siglo Verde S.A respecto de la ornamentación floral y por el retiro de los escombros y la compra de tres mil 200 especies florales, por la suma de 2.691.780 para el mismo propósito. Esto, indica la investigación, no se ajusta a los numerales 16 de las bases administrativas 9.3.1 y siguientes de las bases técnicas pertinentes, que previenen que es responsabilidad de los concesionarios mantener y reponer las especies que resulten dañadas.

Además, se comprobó que se pagaron 63 millones de pesos a la empresa contratista González y Fierro Ltda, por las funciones de siete trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde se habrían desempeñado.
Las actividades de la agenda cultural viñamarina también salieron a relucir, en particular, la celebración del “Año Nuevo Chino”.

Por este evento, que se realizó en enero de 2017, el que el municipio desembolsó más de un millón de pesos al proveedor Panamericana Hoteles S.A por el alojamiento y la alimentación de los artistas que participaron en este festival, atribuyendo dicho monto a la cuenta presupuestaria 22.11.003. La auditoría señala que“no existe disposición alguna que faculte a los municipios a utilizar fondos de su presupuesto en el financiamiento de alojamientos en favor de un tercero ajeno al servicio”.

Y los vehículos municipales también fueron mencionados: el municipio pagó más de dos millones de pesos a las empresas Piamonte S.A y René Godoy y Cía. por el uso de un dispositivo TAG en las autopistas Vespucio Norte Express S.A, Autopista Central S.A, Costanera Norte S.A y Vespucio Sur S.A, sin que exista un detalle de los vehículos que utilicen esas vías.

Reginato fue informada

Era una situación totalmente evitable de la cual Virginia Reginato siempre estuvo informada. La investigación señala que, si la municipalidad hubiese registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario del 2017, podría haber advertido la existencia de gastos superiores a los límites definidos en el presupuesto vigente a esa fecha.

Más aún, constató que al menos el año 2015, diferentes directores de control informaron a la alcaldesa Virginia Reginato y al concejo municipal que parte del déficit presupuestario de ese municipio se debía a las deudas contraídas que no estaban reconocidas ni pagadas oportunamente, considerando que el presupuesto inicial del 2017 no contempló el déficit que afectaba a esa entidad edilicia, a pesar de que Reginato si fue informada.

Con esto último se configura una causal para acusar notable abandono de deberes de la autoridad edilicia ante el Tribunal Electoral y que los concejales evalúan de contar con el quórum requerido -tres concejales de un total de diez-. La acusación podría terminar con la remoción de su cargo.

Los resultados de la auditoría confirman los antecedentes del preinforme que fue entregado en septiembre del año pasado por la Contraloría y que reveló que existían deudas que no aparecían en el registro contable del municipio. En esa oportunidad, Reginato señaló que responderían a cada observación contenida en el documento, que también fue recibido por el fiscal anticorrupción del Ministerio Público Regional, Claudio Rebeco.

Desde el interior de la entidad municipal señalaron a El Desconcierto que los informes trimestrales que se entregaban no cuadraban con los recursos que se manejaban y que la información contable llegaba con mucho desfase. Al comienzo se hablaba de una deuda flotante de al menos 2.500 millones de pesos que luego se incrementó a 13 mil millones y que luego la Contraloría fijó en un monto más elevado. También, desde el concejo municipal indicaron que cuando la alcaldesa realizó la cuenta pública el 2018 no se refirió a este gran déficit, sino que tiempo después se conoció su magnitud con el pago de las horas extras.

En 2008, un grupo de concejales llevó adelante una acusación por notable abandono de deberes por sobresueldos, pero no tuvo éxito. En esa oportunidad la Corte Suprema falló 6-0 señalando que no había pruebas suficientes para responsabilizar a Reginato. Uno de los concejales que presentó la acción en esa oportunidad, Víctor Andaur (PC) señaló que debiese existir un camino directo hacia la sanción, más allá de los informes que emite la Contraloría. “Hay un grado de corrupción instalado. A pesar de que ha ido perdiendo fuerza, la protegen mucho”, indicó a este medio.

La concejala Marcela Varas (PPD) dijo estar disponible para iniciar acciones ante el Tribunal contando con esta información, mientras que desde el oficialismo la concejala Macarena Urenda (UDI) señaló que es necesario revisar los antecedentes, pero dijo que sería grave la omisión de dicha información.

El Desconcierto intentó contactarse con la alcaldesa a través de su encargado de prensa, pero señalaron que no darían declaraciones hasta revisar en detalle el informe.

Revisa el informe completo de la Contraloría:

Informe Final 577-18 Municipalidad de Viña Del Mar.