Las aguas de la discordia

El ministro de Obras Públicas, Juan Fontaine, a propósito de la Ley de Aguas, anunció que los derechos de aguas deben ser entregados a perpetuidad, lo que ha sido considerado escandaloso por políticos opositores, junto a organizaciones defensoras del agua y el medio ambiente. Debido a las críticas intentó moderarse, utilizando una nueva expresión: derechos indefinidos. La leve modificación semántica no cambia el contenido de su propuesta: prioriza la certeza jurídica de los empresarios, antes que el derecho humano al vital líquido.

Desde la primera a la última página de la biblia las aguas se revelan como un elemento dominante. Preceden y sostienen toda forma de creación. Primero son las aguas y luego los continentes. Las aguas purifican y dan nueva vida; las aguas regeneran y limpian. Para que podamos subsistir es preciso que no mueran.

Para el pueblo mapuche el agua es la vida misma. Es esencia o espíritu y forma parte esencial de su cosmovisión. En simbiosis con otros elementos, en particular con la tierra, da origen a Itrofillmongen o Biodiversidad.

A los ministros de Obras Públicas y de Agricultura no les interesa la cosmovisión mapuche ni los orígenes de la vida, ni tampoco la creciente escasez de agua en Chile y el mundo. Les importa garantizar los negocios empresariales.

Fontaine revisó el proyecto de ley que reformaba el Código de Aguas de 1981, presentado al Congreso por la presidenta Bachelet. Ese proyecto no era muy bueno porque no convertía a las aguas en un derecho humano para la población chilena. No nacionalizaba las aguas. Sólo proponía que los nuevos derechos que se entregasen tuviesen un límite de 30 años (pero renovables).

Le pareció poco a Fontaine porque los 30 años “lesionan la seguridad jurídica de los derechos de agua y dañan el buen funcionamiento del mercado de agua”. Por ello   introduce una indicación sustitutiva para asegurar derechos perpetuos o indefinidos a los tenedores de aguas, así como para facilitar su transferibilidad.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y a su saneamiento. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Nada de los planteado por Naciones Unidas se encuentra en el proyecto de ley sobre las aguas. Ni en el original, ni en el modificado por el ministro Fontaine. No existe el derecho humano a las aguas sino sólo la garantía jurídica de su utilización permanente en favor del mundo empresarial.

En nuestro país, el Código de Aguas de 1981, aún vigente, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le entrega al Estado la prerrogativa de otorgar derechos de aprovechamiento a privados, de forma gratuita y a perpetuidad. Ello ha creado el mercado de las aguas.

Ese Código de Aguas ha entregado el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (que no devuelven un caudal al río) a empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

 Al privilegiar la certeza jurídica de los derechos ya otorgados y al garantizar los futuros derechos sólo ganan los empresarios mineros y agroforestales, así como las empresas sanitarias. Se reiteran, con leves modificaciones, los conceptos contenidos en la ley de 1981.

La entrega de derechos de agua a privados impide al Estado tener un rol activo dentro de la fiscalización, gestión y control de las aguas que se utilizan en las diferentes cuencas hidrográficas. Así, se deja nuevamente para el olvido la sobreexplotación de las aguas y la planificación en el uso de las cuencas hidrográficas, lo que viene afectando seriamente al medio ambiente y por cierto a los consumidores en las zonas de mayor escasez del recurso. El neoliberalismo en su expresión más perversa: el uso de las aguas.

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. Se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de sus habitantes. Y, en la difícil coyuntura medioambiental que vive nuestro país, el ministro Fontaine se olvida del grave desabastecimiento de aguas que sufren 69 comunas del país, que afecta a más de dos millones de persona. Es necesario recordar además que en Chile hay 101 cuencas hidrográficas, de las cuales 75, entre el 2008 y 2015, presentan escasez.

El agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades. En consecuencia, es preciso legislar para que el acceso a las aguas sea considerado un derecho humano que asegure un nivel de vida digno para todos los chilenos y para la supervivencia de nuestra sociedad.

La legislación que se propone favorece a los especuladores y a los grandes grupos económicos. Lo que corresponde, como ha dicho el senador Girardi, es devolverles las aguas a todos los chilenos.