El día 23 de Enero, Daniel Mansuy publicó una columna en El Mercurio titulada “Mérito, selección y algoritmos”. Una respuesta enérgica se hace necesaria, no sólo porque el escrito es incoherente en sus propios términos, sino porque ni siquiera es capaz de producir una retórica convincente.

El núcleo del argumento de Mansuy radica en que “resulta imposible distinguir con mediana precisión cuánto hay de mérito y cuánto de privilegio en las trayectorias personales, pues ambas dimensiones están demasiado imbricadas”. A continuación, en el mismo párrafo, sin notar la contradicción entre ambas afirmaciones, Mansuy agrega que “el orden social no funciona sin reconocer – aunque fuera parcial y precariamente – el mérito”.  Esta tesis es muy interesante. Lamentablemente, Mansuy no se molesta en argumentar a su favor o producir algún tipo de evidencia para sostenerla.

La contradicción entre ambas afirmaciones es flagrante: si es que es “imposible distinguir con mediana precisión cuánto hay de mérito y cuánto de privilegio en las trayectorias personales” ¿Cómo es posible que el orden social pueda funcionar?

Una respuesta posible es que efectivamente éste no funciona: dado que no hay un criterio para distinguir entre mérito y privilegio, la distinción es aplicada de manera arbitraria. Así, se premia como mérito lo que es resultado del privilegio y se ignora el esfuerzo de quiénes deben competir en condiciones precarias. Claramente, esta no es la respuesta del columnista (pues ignora que su estrategia de disolver mérito y privilegio opera en ambas direcciones).

La respuesta de Mansuy supone buscar algún método para distinguir, aunque sea “parcial y precariamente”, entre mérito y privilegio. De otro modo, el funcionamiento del orden social estaría en riesgo (supuestamente, aunque Mansuy nunca explique por qué). Aquí comienza la (fallida) estrategia retórica de la columna.

Dado que el orden social está en juego, Mansuy se pregunta: ¿Con qué intensidad o nivel debe ser considerado el mérito? Dado que no contamos con herramientas para distinguir claramente entre mérito y privilegio, el objetivo es evitar los extremos: es “absurdo” evaluar niños de 2 a 3 años, pero “nadie discute” que la admisión universitaria debe tener un grado relevante de selectividad. Asumiendo estas premisas, la propuesta del gobierno sería deseable, porque evita los extremos absurdos mencionados anteriormente. Sin embargo, del hecho que la propuesta del gobierno sea (supuestamente) mejor que dos extremos (supuestamente) descabellados, eso no implica que ella sea deseable. Lo único que ha hecho Mansuy es mostrar que sería mejor que una locura. Algo es algo.

Ahora bien, Mansuy cree que no ser una locura no es la única virtud de la propuesta del gobierno. Ella además capturaría un anhelo de la población: incidir en el destino de sus hijos. Nuevamente volvemos a la pregunta por la naturaleza del privilegio: ¿no era este inevitable? Si es que es imposible separar mérito de privilegio, entonces el anhelo de la población de incidir en el destino de sus hijos siempre se cumple, por más que se desee evitarlo. La premisa de Mansuy vuelve a morderle los tobillos.

A estas alturas debiera estar claro que el argumento es insostenible. Sin embargo, Mansuy todavía guarda balas en la cartuchera retórica: contra la “razonable” propuesta del gobierno que captura los anhelos profundos de la población, la izquierda insiste en lo que nuestro ideólogo llama la “lógica de algoritmo”. La izquierda insistiría en perseguir una quimera tecnocrática, asumiendo que una simple fórmula matemática es capaz de satisfacer el profundo anhelo de las familias de incidir en el destino de sus hijos. No sólo eso, la lógica del algoritmo implica un mecanismo que no es justificable a los ojos de la ciudadanía. Según Mansuy, la lógica del algoritmo delega en un “procedimiento anónimo, abstracto y neutro” un aspecto fundamental de la vida humana. Es interesante que Mansuy pase por alto que esas son exactamente las características del mercado como mecanismo de asignación de recursos: sólo puede funcionar en la medida en que es anónimo, abstracto y neutro.

Incluso si ignoramos este (no tan) pequeño problema conceptual en su crítica a la “lógica del algoritmo”, queda la pregunta por cómo pretende Mansuy justificar la selección de un 30% que contempla el proyecto.

Un algoritmo es, según la definición de la RAE, un “conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”. Dicho de otro modo, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas, expresadas en lenguaje matemático. Un algoritmo es la expresión matemática de un procedimiento lógico. Es simplemente una lista de instrucciones. Por lo mismo, aunque uno no esté de acuerdo con el criterio que expresa, un algoritmo siempre es susceptible de ser explicado y criticado.

En cambio, la elección del porcentaje del proyecto es totalmente arbitraria: ¿Por qué un 30% es el porcentaje mágico que permite resguardar “la pluralidad propia de la sociedad civil? ¿Por qué no un 25% o 40%?

Mansuy alega que le cuesta pensar en algo más “tecnocrático y alejado de las personas que un algoritmo”. Si lo que Mansuy quiere es un ejemplo, la respuesta es simple: la elección (hecha por un grupo de tecnócratas) de un porcentaje arbitrario para perseguir un fin cuya realización material no depende del sistema educativo.

Del mismo modo que desde la derecha alegan que la desigualdad no se va a solucionar con reformas al sistema educativo, tampoco se preserva la pluralidad de la sociedad civil de este modo. De hecho, esta pluralidad no se logra segmentando a la sociedad según su capacidad de pago, generando guetos aislados, sino integrando a estos grupos.

Mansuy agrega que las clases altas no están dispuestas a someterse al algoritmo y que el resto de la población percibe la injusticia de esta situación. En esto estamos de acuerdo. Los colegios particulares no debieran poder seleccionar. Especialmente considerando que, si bien (de acuerdo a Mansuy) todos somos un embutido de privilegio y mérito, es razonable pensar que en las clases altas la balanza está más cargada al privilegio que al mérito (pues lo que las identifica como clases altas es su capacidad superior de transmitir privilegio). Si la preocupación por los excluidos fuera más que un aderezo ideológico o una declaración de buenas intenciones, Mansuy pondría más atención a este punto.

Mansuy termina su columna condenando el uso de un algoritmo como un caso de ingeniería social. Efectivamente, la ingeniería social es evidente para quien quiera verla. Lamentablemente, Mansuy sólo quiere verla en al otro lado y evita mencionar que ella también está presente en la propuesta de la derecha, que busca extender la capacidad de transmitir privilegios y de paso permitir el funcionamiento del mecanismo “anónimo, abstracto y neutro” del mercado.


Abogado Universidad Adolfo Ibañez, Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile, PhD (c) Sociología, Universidad de Warwick, UK.