Ante el aumento de la Subvención Estatal, a organismos colaboradores del Sename, se espera mejorar la calidad de los servicios a la atención a niños, niñas y adolescentes (NNA). La pregunta sería ¿eso es lo necesario?

El actual gobierno ha planteado en el día uno que su gran objetivo es la niñez; su mensaje “los niños primero” -y en un acuerdo nacional por la infancia-  tiene por propósito trabajar  “para proteger a aquellos que han sido vulnerados y para promover el desarrollo integral de todos los niños y niñas de nuestro país”.

En materia de atención a la niñez no hay detractores y es de consenso la responsabilidad que le cabe al Estado y a los diversos organismos de atención a la infancia velar por sus derechos más fundamentales; es así que el “acuerdo nacional por la infancia”, convocado por el actual gobierno, ha plasmado medidas para lograr “la adecuada protección que merecen los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

Uno de sus tres ejes de acción sobre la Protección a la niñez vulnerada busca establecer mejoras al cuidado residencial: “Avanzar hacia un sistema con residencias más pequeñas y familiares, con personal especializado, en donde la persona que esté a cargo del trato directo se transforme en un cuidador significativo y con mayor capacitación. Esto permitirá mejorar así el proceso reparatorio de los niños y niñas, y sus posibilidades de reinserción al sistema familiar”; esta mejora en las residencias se espera sea desarrollada con el aumento que éstas reciben de la subvención.

En este contexto, es preciso señalar el llamado  y desafío que nos hace UNICEF con la infancia vulnerada  “que ningún niño termine institucionalizado”. Si bien en el “Acuerdo nacional por la infancia”  se reconoce que se trata de evitar que niños y niñas deban pasar por un cuidado residencial con el programa de familias de acogida externas, se busca, por otro lado, aumentar las residencia; éstas, con características más pequeñas, de ambiente “familiar” y que cuenten con el apoyo de especialistas.

Por lo anterior, esta sutil paradoja y en específico el aumento de residencias particulares merecen nuestra atención, porque con esta propuesta de aumento de residencias particulares estamos institucionalizando y, a la vez, caminando casi hacia la totalidad de la privatización de la protección de la niñez en Chile ya que actualmente los organismos colaboradores (OCA) existentes en el país representan el 80 % de la atención.

En un país altamente privatizado, la propuesta de políticas públicas en materia de protección a la infancia es parte de su matriz. Cabe, por tanto, y por el compromiso en materia de derechos humanos de la niñez, poner atención a los recursos y sus respectivos usos.

La subvención:

La ley aumenta el rango del valor base de la subvención para Centros Residenciales, pasando de 8,5 a 15 Unidades de Subvención Sename (USS) a una nueva banda de 15 a 30 USS. El valor de la USS en 2018 era de $15.840.

– Cabe precisar que la ley introduce el principio de transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos de la subvención. Incorpora mayores facultades fiscalizadoras al Sename para supervisar el funcionamiento  de la ley  y formar un registro de las entidades mencionadas, para consulta de antecedentes de carácter legal y financiero, u otros.

En esta idea, la Directora del Sename, Susana Tonda, explicó que “los recursos aprobados irán a favor de los más de 5 mil niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de organismos colaboradores, quienes verán cómo se van mejorando los modelos de intervención y la calidad de atención que reciben”. Además reiteró que “como servicio tenemos un compromiso de ir guiando y supervisando” el uso de estos recursos.

Detractores

La votación de la ley fue ratificada por 138 votos a favor y 6 en contra, siendo uno de sus detractores el diputado René Saffirio (IND). Para él, dicho proyecto de subvencione  le falta aún un mecanismo fiscalizador y procesos de acreditación, lo que hace interrogar sobre el buen uso de los recursos. Al respecto, defendió la idea de que “es necesario cambiar la lógica y estimular a las instituciones que cumplan con estándares de acreditación y sean exitosas en procesos de desinternación, ya sea por la vía de la adopción o por la reintegración de los niños a sus familias”.

Esta idea cobra relevancia y sobre todo a la hora de realizar un símil con políticas públicas de aumento de subvención, como la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). En su actual funcionamiento y administración municipal, esta ley ha tenido diversos cuestionamientos por el mal uso de los recursos SEP los cuales, si bien deben ser utilizados para los alumnos más vulnerables, dichos recursos se han utilizado en algunos casos para otros gastos municipales, (fuente Ciper: Ley SEP: Ranking de las 20 municipalidades más cuestionadas por Contraloría).

La detallada auditoría detectó también que importantes recursos SEP acumulan licitaciones sin competencia, dudosos contratos y escasa fiscalización; recursos SEP que se usaron en ítems de educación distintos a los usos que por ley debían tener. Asímismo, y a modo de contexto (Cristian Oyarzún Maldonado, Rodolfo Soto González) Universidad de Chile, Chile Date of publication: June 25th, 2018 Edition period: June 2018-October 2018), la política SEP analizada por estos autores no estaría produciendo los resultados esperados como parte de un proceso de adecuada descentralización operativa y política, un mayor empoderamiento y eficacia en el uso de los recursos como medios para incrementar los niveles de calidad escolar. Si bien es posible encontrar evidencia favorable al fin y propósito de la ley SEP, puntualizan, sin embargo, que este efecto es reducido.

Este contexto nos debe interpelar para cautelar la adecuada atención con una responsable inversión de los recursos, ya que en el “acuerdo por la infancia” se estará trabajando en post de la definición de dimensiones y estándares necesarios para las distintas alternativas de intervención existentes en las residencias.

A propósito, cabe analizar con prolijidad las iniciativas, criticar sus procesos para develar si la subvención y su aumento es lo necesario; es preciso impulsar transformaciones en atención a los NNA (vulnerados) en Chile; la política pública debe, por sobre todo, impulsar que las instituciones desarrollen procesos de desinternación y desinstitucionalización, con un cuidadoso y pertinente tratamiento.

Por último, no cabe duda que al momento de defender a NNA surgen diversas voces que adhieren al respeto de sus derechos humanos. Si bien loable, es también lamentable que muchas veces pensemos en ello cuando los situamos desde su condición de institucionalzados; si seguimos focalizándonos desde aquí, seguiremos replicando los mismos errores.


Académica Departamento de Educación, Universidad de Chile.