A_UNO_1034491_59199 | Foto: Agencia Uno
El Estado de Catástrofe es una medida constitucional excepcional que puede conllevar a la «limitación del ejercicio de derechos fundamentales» de las personas. La denuncia de que la Contralora subrogante, Dorothy Pérez, se salto la visación jurídica para la declaración de esta medida por los incendios forestales en el sur, ocurre justo cuando comunidades mapuches denuncian la excesiva militarización y la amenaza de parte del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables por los incendios.
Una nueva polémica sacude a la Contraloría General de la República. En medio de la emergencia que ocurre en el sur del país con los incendios forestales, el jefe de división jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, denuncia que la Contralora subrogante, Dorothy Pérez, se saltó el «conducto regular» y pasó a llevar los principios de «control y juridicidad» al realizar la toma de razón de la declaración de Estado de catástrofe en La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos determinada por el gobierno.
Mediante una carta, Mirosevic, manifiesta su disconformidad con la contralora (s) por haber sido omitido del proceso de toma de razón, señalando que su división debe visar la tramitación de los «decretos supremos que declaran estados de excepción constitucional» que el o la Contralora vaya a firmar.
La respuesta de Dorothy Pérez no tardó en llegar y aseguró que ante situaciones extremas como la emergencia que ocurría en esos momentos en el sur del país, la Constitución le da atribuciones a la Contraloría que le permitirían saltarse la división jurídica.
“Parece necesario recordarle (a Mirosevic) que los incisos cuarto y quinto del artículo 10 de la Constitución Política de la República, disponen que ‘el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común…’, y que ‘es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia En tanto, que el artículo 30 de la ley 18.575, señala que la Administración del Estado debe atender las necesidades públicas “en forma continua y permanente…’. Dicha normativa debe presidir toda actuación de las entidades públicas, incluyendo a la Contraloría”, señala la respuesta de Pérez.
Ante la respuesta de Pérez, Mirosevic volvió a responderle a la Contralora subrogante. En una nueva carta, señalaba que la necesidad de mayor celeridad que aduce la argumentación que realizó Pérez para «saltarse» la división jurídica, no se condice con la realidad. En las últimas 10 declaraciones de estado de Catástrofe, la división jurídica realizó la visación de la toma de razón el mismo día de ingresada, lo que no significó retraso alguno para la firma de Contraloría.
Además, Mirosevic recalcó la importancia y necesidad de que sea la división jurídica quien revise estos decretos que firma la Contraloría. En un estado de excepción constitucional, se le asignan atribuciones extraordinarias a órganos de la Administración del Estado, lo que puede conllevar en la «limitación del ejercicio de derechos fundamentales» de las personas que habitan en los lugares donde se establece esta medida constitucional.
Esto se reafirma con la denuncia que han realizado distintas comunidades mapuches de la zona, que han visto una sobremilitarización en La Araucanía y que ha sido el gobierno quien ha señalado que podría invocar la «Ley de seguridad del Estado» a quienes hayan provocado los incendios, dejando entrever que estos son parte del conflicto entre el Pueblo Mapache y el Estado de Chile.
