Tribunales Ambientales, ¿Justicia Ambiental?

En un escenario de graves conflictos socioambientales, especialmente por proyectos energéticos y mineros, surgen los Tribunales Ambientales. ¿Qué se traen entre manos? ¿Cuál es el sentido de que el medioambiente tenga tribunales propios? ¿Un espacio para acoger mejor las demandas de las comunidades o, por el contrario, una maniobra para “apurar la causa” y facilitarles la vida a las grandes empresas? Una ola de dudas plantea la nueva institución ambiental. Por Pablo Sepulveda, Fotografía: Javier Karmy En el marco de los acuerdos políticos para reformar la institucionalidad ambiental realizados afines del gobierno de Michelle Bachelet (ver entrevista a Flavia Liberona), los Tribunales ad hoc van de la mano con la Superintendencia de Medioambiente (SMA), que tiene un rol fiscalizador. En materia de impacto ambiental, la SMA monitorea los compromisos que los proyectos contraen al pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y los Tribunales Ambientales son el espacio de litigio respecto de lo anterior. En tal sentido, estas cortes ven reclamaciones, demandas y autorizaciones que tienen que ver con decretos de la autoridad sobre normas de calidad, de emisiones, declaraciones de zonas saturadas o planes de prevención o de descontaminación. También ven demandas reparatorias por daño al medioambiente, reclamos contra resoluciones o actos administrativos de autoridades competentes, de la SMA, del Comité de Ministros o del Servicio de Evaluación Ambiental. En definitiva, están concebidas como un espacio de “justicia” ambiental. Y si bien estos Tribunales están bajo la tutela del poder judicial, las partes siempre pueden acudir a la justicia ordinaria. Su funcionamiento como “órganos jurisdiccionales especiales” plantea una serie de interrogantes respecto de su pertinencia, utilidad, impacto y objetivos. ¿Qué justifica que el medioambiente tenga este trato especial? SEÑALES DEL PRIMER TRIBUNAL La instalación de los Tribunales Ambientales tiene un diseño peculiar. La ley plantea una división del país en tres macroterritorios, cada uno con un Tribunal. El de Antofagasta tiene competencia desde Arica hasta la Región de Coquimbo; el de Santiago abarca desde la Región de Valparaíso hasta la del Maule; y el tercero, en Valdivia, resuelve desde Concepción hasta Magallanes. Surgen preguntas. ¿Son suficientes tres tribunales para la enorme cantidad de materias que deben abordar? Revisando sus atribuciones y viendo la realidad ambiental del país, parece difícil. Otra: si no existe un órgano superior de coordinación técnica, ¿tendrán estos tres Tribunales una uniformidad en la jurisprudencia que van sentando? ¿Podrá un tribunal fallar de una manera y otro de otra? Además: ¿ofrecen garantías de igualdad ante la ley dadas las distancias que las partes deben cubrir? A los afectados, por ejemplo, por el tranque de relave El Mauro (de Minera Pelambres), que está a unos 300 kilómetros de Santiago, les correspondería comparecer en… Antofagasta. Ciertamente para las empresas será más fácil llegar. Por otro lado, cada Tribunal tendrá tres ministros de dedicación exclusiva (¿será suficiente?), elegidos por cuoteo político pues, si bien la preselección la hace la Alta Dirección Pública, es finalmente el Presidente de la República quien propone los nombres y el Senado debe aprobarlos con un quórum altísimo (3/5 de los senadores en ejercicio). El Tribunal de Santiago se constituyó a principios de enero y los jueces elegidos dan cuenta del cuoteo: de los cinco ministros (3 titulares y 2 suplentes), tres son afines al gobierno y dos a la Concertación. Son titulares Sebastián Valdés, nada menos que ex gerente de responsabilidad corporativa de Celulosa Arauco, del grupo Angelini (involucrada en el caso de las muertes de cisnes en el Santuario del Río Cruces); José Ignacio Vásquez, ex jefe de Estudios de la Corte Suprema que –se ha denunciado– ha hecho informes en derecho para empresas transnacionales y se le cuestiona por tener conflicto de intereses; y Rafael Asenjo, abogado de la Democracia Cristiana y principal gestor de Ley de Bases del Medio Ambiente en el gobierno de Patricio Aylwin. Son suplentes: Ximena Fuentes, abogada ex asesora del estudio de Rodrigo Hinzpeter; y Juan Escudero, ingeniero que participó en varias iniciativas ambientales de la Concertación.   EXPECTATIVAS DIVERGENTES Las expectativas que generan los Tribunales Ambientales son bastante amplias. Desde la perspectiva ciudadana, cabría esperar que este nuevo espacio facilite la defensa de los intereses de las comunidades locales. Sin embargo, a lo ya dicho se suman dudas respecto de cuál será la “actitud” que tendrán frente a las demandas ciudadanas. Si será mejor o peor que la justicia tradicional. Si cuestionará o consolidará el rol fiscalizador de la Superintendencia. A ello se suma la preocupación por la eventual mala calidad de nuestras normas y leyes, que son en último término las referencias que deben tener los fallos del tribunal. Si la ley y la norma son malas, ¿qué puede hacer el juez? Por su parte, el poder judicial espera una descongestión de sus salas, derivándose litigios en una especie de “tercerización”. Ministros de la Suprema, como Milton Juica y Sergio Muñoz, han planteado sin embargo que los Tribunales Ambientales socavan la “unidad de la jurisdicción”. Pese a ello, igual se reconoce que las partes pueden recurrir a la justicia ordinaria si lo prefieren. Dado que los conflictos ambientales son crecientes, que los Tribunales Ambientales son sólo tres y que la nueva institucionalidad instala una serie de nuevos aspectos para ser materia de discusión legal, ¿no cabría esperar más bien una mayor congestión en los Tribunales normales? Tanto el gobierno como las grandes empresas esperan que con los Tribunales Ambientales se detenga la creciente “judicialización” de los proyectos y que con ello no se siga afectando a las inversiones. Son muchas las voces que quieren llevar la discusión al plano “técnico”, en un intento de invisibilizar el carácter político de las reclamaciones. “Los conflictos que estamos viendo son de carácter social y no técnicos. No van a desaparecer por la existencia de un tribunal especializado”, planteó en off a El Desconcierto un ejecutivo del ámbito energético, reconociendo el tema de fondo. La legislación ha tendido históricamente a favorecer a las inversiones con normas permisivas. Hoy la ciudadanía está más consciente y empoderada respecto de su derecho a vivir con calidad de vida en un ambiente saludable. “La gente ha tomado conciencia de que los derechos y garantías son para ejercitarlos”, declaró recientemente el juez Milton Juica a propósito de proyectos energéticos. No hay consenso en qué sucederá. En un terreno en disputa los escenarios son imprevisibles. El nuevo ministro “ambiental”, Rafael Asenjo, supone que serán “una avenida más amplia de acceso a la justicia ambiental, pero no podemos decir que será la solución a todos los problemas”. El sociólogo Alberto Mayol, a su vez, señaló que los Tribunales Ambientales son “una estupidez”, y que aparecen justo “cuando hay un escenario difícil para la empresa a nivel judicial”. Ahora el Tribunal (Ambiental) tiene la palabra.