El legado de sangre mapuche que dejó Bachelet

La opresión hacia los pueblos indígenas es un fenómeno que se ha dado desde la llegada del conquistador a tierras americanas. En Chile, las prácticas represivas por parte del Estado siguen hasta nuestros días. Esta vez, fue la Concertación la que se encargo de ejercer coerción para apagar la lucha reivindicativa de las comunidades mapuche.

José Huenante

El último gobierno de la Concertación, encabezado por la hoy candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, recibió un escenario marcado por la desaparición del menor de 16 años, José Huenante en 2005. Este pasó a ser el «primer caso de desaparición forzosa en democracia», según el VII Estudio Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales.

Por su parte, la administración desestimó la clasificación del caso. En la ocasión, el ministro Pérez Yoma se encargó de aclarar que « si empezamos a analizar cada uno de los homicidios como cosas de detenidos desaparecidos, estamos poniendo en igualdad de condiciones a los detenidos en dictadura con problemas policiales y delictuales que se han producido».

Durante este gobierno, cuatro comuneros mapuche fueron asesinados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. La criminalización en contra de estas comunidades se profundizó y el cerco mediático invisibilizó sus demandas centrales.

El Doctor en Ciencias Políticas y autor de «Autodeterminación: ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI», José Marimán, se refirió a uno de los ejes centrales de su lucha:» «todos los gobiernos han pecado de no tomar en consideración a los movimientos más políticos del pueblo mapuche, que luchan por demandas de autogobierno y autonomía nacional«.

Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, fue la primera víctima de la violencia excesiva por parte de policía durante este gobierno. El 29 de agosto de 2006 fue baleado por miembros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial es un proceso irregular basado en un supuesto «robo de animales». Los inculpados fueron liberados de toda responsabilidad por la Fiscalía Militar.

Estudiante de agronomía, Matías Catrileo.

El 3 de enero de 2008, Matías Catrileo, de 22 años, fue asesinado por la espalda durante la ocupación del Fundo Santa Margarita. El cabo 2° de Carabineros, Walter Ramírez, le propició una ráfaga de ametralladora UZI, que le significó pasar tres años con libertad vigilada.

Para entonces, Amnistía Internacional recomendó al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos. Entre ellas, la demanda a Bachelet para que no aplicara la Ley Antiterrorista (LAT). Irene Khan, la entonces Secretaría General de la organización, afirmó en 2008: «Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento».

Sin embargo, la criminalización del movimiento mapuche a nivel mediático se encargó de posicionar una sensación de inseguridad por sobre las demandas, poniendo énfasis en la intención del gobierno de aplicar la LAT. En ese sentido, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, habla del surgimiento de esta situación: «La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche«.

Al contrario de lo recomendado por Amnistía Internacional, el gobierno de Bachelet «inició una serie de procesos penales, ninguno de los cuales, salvo en el caso de Héctor Llaitul, ha logrado establecer condena. El Estado no ha logrado acreditar la participación de los imputados en los delitos, ni tampoco el carácter terrorista de estos», declaró Silva.

Johnny Cariqueo, con 22 años de edad, fue la tercera víctima fatal de las transgresiones a los derechos humanos cometidos en contra del pueblo mapuche durante esta administración. Una vez detenido por Carabineros, luego de una gran golpiza, se quejó de dolores en el pecho. Los funcionarios policiales le negaron atención médica y falleció de un ataque cardíaco fulminante dos días después.

Para Jorge Contesse, profesor de derecho en Rutgers University (EEUU), Chile es mal evaluado en la comunidad internacional por la protección de los derechos humanos: «No hay órgano internacional que no haya llamado la atención sobre esto: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Discriminación Racial, El Comité contra la Tortura, se anticipa una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una palabra, un desempeño muy, muy malo».

Sobre la LAT, Contesse declaró: «En este respecto, hay una  tendencia demostrada del Estado chileno a responder a hechos delictivos usando LAT, por lo que se produce, a mi juicio -y según expuse en un testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – un sesgo en su aplicación».

La intensa represión por parte de Fuerzas Especiales tiene graves repercusiones en la comunidad. Hernando Silva, se refirió  a estos niveles de agresiones: «los procesos policiales desarrollados en las comunidades mapuche han sido sin respetar a la gente que vive ahí. Sin considerar a mujeres y niños, ejerciendo violencia de manera desproporcionada en contra de toda persona que se encuentre en la comunidad al momento del operativo».

Además, agregó: «Muchos casos crean una situación muy compleja, ya que han derivado en una construcción de violencia simbólica para los niños de las comunidades. Ellos han crecido con una imagen de odio hacia Carabineros porque los han visto golpear a sus madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas».

Comunero mapuche Jaime Mendoza Collio

El 12 de agosto de 2009, el joven de 24 años, Jaime Mendoza Collío, participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián. El miembro de la comunidad Requem Pilan, recibió un impacto de bala por parte de efectivos del GOPE. El imputado por el asesinato, Patrio Jara Muñoz, fue condenado a 5 años y 1 días por los hechos, pero en agosto de 2012 la Fiscalía Militar determinó que su actuar fue en «legítima defensa», anulando la pena.

¿Por qué no se da respuesta a las demandas político-sociales del pueblo mapuche? Silva sostiene que la preocupación del Estado dista de resolver la cuestión de fondo, y añade: «se ha vinculado a la utilización de la fuerza como herramienta de represión social«.

El gobierno de Michelle Bachelet no asumió la responsabilidad que tuvo en estos hechos. Para Silva, hoy el programa de la candidata no tiene ninguna respuesta a las demandas de las comunidades. Tal cual plantea José Marimán: «hay una ideología añeja, retrograda de parte de la elite política«, y no asumiremos nuestra condición de Estado multicultural si nos apegamos a los antiguos nacionalismos.

La falta de reconocimiento hacia los pueblos originarios y la coerción ejercida en contra suya, develan la poca madurez en torno a las reivindicaciones mapuche. Tal cual menciona Jorge Arrate en una de sus columnas en Observatorio Ciudadano: «una vez zanjada esta cuestión elemental de justicia, el nuevo gobierno deberá dar respuesta, sin evasivas, a la pregunta sobre territorio y autonomía«.