La vidas y los medicamentos en manos del mercado

Un estudio de la escuela de Salud Pública de la U. de Chile realizado entre los años 2000 y 2010 en 1.019 adultos de 60 años, concluyó que el nivel socioeconómico puede otorgar hasta 11 años de vida extra. Esto quiere decir que a mayor ingreso, más años de vida. Este descubrimiento refleja claramente la realidad chilena en cuanto a acceso a la salud, en donde el medicamento es tratado como un bien mercantil de consumo y no como un bien social.

Chile es uno de los países en donde las familias tienen que gastar más dinero por salud a nivel mundial, según la OCDE y es simplemente porque el mercado manda y el Estado permite.

La razón de esta problemática radica en que el mercado farmacéutico chileno es sumamente desregulado. Existe un monopolio de las 3 cadenas farmacéuticas (Cruz Verde, Fasa, Salcobrand) que representan un 95% del mercado en ventas (IMS), cada una tiene su propia central de compras y distribución, además se entienden directamente con los laboratorios, en una relación de proveedor con grandes compradores muy poco transparente. Este libre albedrio del mercado farmacéutico ha provocado hechos repudiados por la opinión pública, como la colusión de las farmacias en el año 2008.

En la actualidad, muy lejos de que el mercado farmacéutico haya aprendido la lección,  hay en curso una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNI) en contra de laboratorios Pfizer Chile S.A., Biosano, Braund Medical SPA, Hospira Chile Ltda y Winpharma por una eventual colusión para subir sus precios (causa rol 2022-2012).

La clave para una solución efectiva a este problema no pasa por la ley de fármacos o la exigencia de medicamentos bioequivalentes, sino por un cambio mucho más profundo del mercado farmacéutico chileno y seguir el ejemplo de países como España, en donde no existen las cadenas de farmacia y los precios de los medicamentos son regulados por el Estado, prohibiendo que los laboratorios cobren precios excesivos. Otro ejemplo digno de imitar es el caso de Uruguay, donde recientemente se firmó una ley que prohíbe la formación de cadenas de farmacia para evitar la concentración del mercado en pocos actores.

Mientras en Chile exista el monopolio de las cadenas farmacéuticas, la libertad de los laboratorios de cobrar precios abusivos y autoridades que permiten y avalan este sistema, seguirá este abuso de las grandes empresas farmacéuticas en desmedro de la gran mayoría de los chilenos que no tienen acceso a una salud digna.