Consenso Democrático en Educación

Este año el movimiento estudiantil tendrá en frente a un Gobierno que ha incluido en su programa las demandas que ha planteado. El programa en educación de la Nueva Mayoría apunta en la dirección correcta, esto es, erradicar aquella concepción de la educación como un bien individual de beneficio meramente personal y que se adquiere en el mercado como un bien de consumo, por una concepción que lo entienda como un derecho social, es decir, como un espacio que es responsabilidad de todos y que debe ser asegurado por igual (en cantidad y calidad) a cada ciudadano, por el solo hecho de ser chileno.

Pero, a su vez, el programa contiene una serie de vacíos y ambigüedades que dejan espacio a la duda. Allí es donde el rol del movimiento estudiantil, y del movimiento social en su conjunto, es crucial. No para movilizarse en función del cumplimiento de un programa, puesto que como ya anotamos, contiene vacíos y ambigüedades por los que no tiene sentido movilizarse, sino para impulsar una movilización propositiva cuyo contenido sea demandar al gobierno crear las condiciones para alcanzar un consenso democrático en educación.

Un consenso democrático en educación significa erradicar el legado de la dictadura a través de la participación vinculante de la ciudadanía. El consenso democrático es uno mucho más amplio y representativo que aquel que pueda impulsar una sola coalición desde el gobierno y el parlamento. Aquello sería tan erróneo, cómo su exacto opuesto, es decir, las pretensiones de que la nueva educación sea aprobada con las aspiraciones de un solo sector social (el movimiento estudiantil), por muy legitimas que sean tales aspiraciones. Una y otra solución terminan por capturar la deliberación pública (esto es, de todos los ciudadanos) por intereses particulares, sea de una coalición, sea de un grupo de interés.

Por otro lado, un consenso democrático en educación se opone, radicalmente, a las soluciones tecnocráticas de problemas sociales, que han sido la tónica reiterada del ciclo de la transición.

La posibilidad de erradicar la solución tecnocrática y sustituirla por un consenso ciudadano en educación parece ser lo más relevante políticamente,, sobre todo en cuanto a transformar el carácter social que ha asumido la política durante los últimos 23 años. Veamos su relevancia.

El carácter pactado que tuvo la transición a la democracia dio lugar a un marco de consensos sobre los cuales se organizaría la política y la sociedad en el ciclo venidero. Producto de ello, la política adquirió una connotación tecnocrática. Al existir este consenso, la discusión política no era una discusión sobre fines y principios, sino sólo sobre medios para lograr tales fines previamente pactados. Eso es lo que se denomina propiamente como  tecnocracia, es decir, una forma de administración del poder concentrada en la creación y definición de medios, evitando la discusión sobre fines y principios, que se asumen como presupuestos.

Así, la política de la transición adquirió un carácter tecnocrático, y como aquello se limita a la mera administración del poder, también emergió la burocratización de la actividad política, sobre todo en la conducción del Estado. Por eso es que los cuadros políticos que se formaron al alero del pacto de la transición son meros cuadros técnicos, o bien tuvieron que “tecnificarse” para acceder a la política. Eso explica a Girardi, por ejemplo, que provenía desde el mundo de las ONG`s, a las que se les concedió particular prioridad. Asimismo, este fenómeno explica la burocratización de los partidos, convertidos luego en centro de intereses corporativos, anidando en su interior practicas clientelistas.

Todo este esquema dejó fuera a la ciudadanía. En palabras de Nelson Gutiérrez, “las masas habían sido licenciadas (expulsadas) de la lucha política”[1] con el pacto de la transición. Es evidente, sólo cuadros tecnócratas pueden participar de la política. A la ciudadanía no se le ofreció participación política (excepto, mediante el sufragio, atenuado también mediante distorsionadores de la voluntad popular, como el binominal), sino participación en el mercado. La ciudadanía, por tanto, fue integrada a la participación social a través del mercado, aprovechando los elevados niveles de pobreza que se heredó de la dictadura (ese es el verdadero significado de la exclusión política).

Pero, fue la misma tecnocracia la que creó las condiciones para la emergencia de nuevos sectores sociales que comienzan a chocar con el dogma tecnócrata. Al alero de la discusión sobre la educación superior, el consumo en el mercado comenzó a decaer producto de la crisis asiática, golpeando fuertemente a la forma prioritariamente creada de inclusión en el modelo (el consumo). A esas alturas el tejido social estaba tan desarticulado (la izquierda estaba preocupada de la “deshumanización” de las relaciones sociales a las que daban lugar los mall, para que nos hagamos una idea) y dependiente de las estructuras burocráticas asociadas al Estado (a la Concertación), que, de hecho, sólo cuadros tecnocráticos pudieron apreciarlo, como el PNUD[2], y sólo dio lugar a una discusión a la interna de la Concertación entre autocomplacientes y autoflagelantes.

Las frecuentes movilizaciones por cobertura a la educación superior del movimiento estudiantil de la época dieron por resultado la ampliación de la política de financiamiento a la demanda, en momentos en que, como ya se dijo, el consumo comienza a retroceder como herramienta de integración  social, resituando a la educación como principal motor para ello, al interior de las familias chilenas.

El financiamiento a la demanda y la expansión de la oferta en educación superior hizo que desde 1990 a 2010 se pasara de 300 mil estudiantes en ESUP a un millón. Este fenómeno, que describe muy nítidamente Victor Orellana de la Fundación Nodo XXI[3], dio lugar a estos nuevos sectores sociales que se expresaron (nos expresamos) en el ciclo 2006-2011.

Estos nuevos sectores sociales continúan (continuamos) respondiendo a la reproducción del “fundo tecnocrático”, sin embargo, los mayores niveles de educación logrados por estos sectores sociales, hizo que no solo sean los medios creados por la transición los cuestionados, sino que también se restaure la discusión sobre principios y fines. Así es como la frase “los estudiantes repolitizaron a la sociedad”[4] deja de ser un mero romanticismo, para hacer referencia a un proceso que está ahí, al frente de nuestros ojos. El aporte del movimiento estudiantil, actor conformado por fuera de los marcos de la conducción de la transición, es colocar en entredicho a las soluciones tecnocráticas de problemas sociales. Es decir, la alianza de clases que representa al malestar, y de la que somos parte, cuestiona a la forma en qué se ha administrado el poder a la fecha. Así, este proceso ha ido creando nuevos cuadros que apuestan a renovar la tecnocracia anterior, o bien otros actores se proponen restaurar la política cómo actividad, y con ello los ejercicios de fuerza propios de ella, postergando el lugar de “lo técnico” a su labor secundaria.

Por ello es que, así como en la discusión sobre la nueva Constitución, la discusión sobre el fin, así como el mecanismo con el que esta es aprobada (la Asamblea Constituyente), es relevante políticamente, nosotros entendemos que el nuevo Gobierno y el movimiento estudiantil tienen la oportunidad histórica de llegar a un consenso social en educación, de una forma abierta y democrática, donde sea la ciudadanía plena la que debata ampliamente sobre los fines de la educación y las soluciones que deben emerger a partir de dicha finalidad.

En ese sentido y de ese modo cobra sentido la llamada “multisectorialidad”, que muchas veces se ha malentendido subordinando la proyección de sectores que avanzan en politización y representan los anhelos de amplias franjas de la población, como el estudiantil, a la lucha sectorial corporativa de sectores que recién salen de su estado reciente de desmovilización y desarticulación social, como el sindical. Una cosa es la solidaridad entre los sectores subalternos, que para el movimiento estudiantil es una responsabilidad ineludible y permanente, y otra cosa es la multisectorialidad de la lucha, que implica salir del interés sectorial y apostar a sumar y organizar a diversos sectores sociales para dar un solo golpe. Así creemos que se va forjando un movimiento social autónomo con capacidad de incidir políticamente en la conducción del Estado. En la resolución del conflicto educacional se concentra el primer desafío de la ciudadanía en su conjunto, pero, sobre todo del gobierno y la política.