El paradigma que esconden las compensaciones eléctricas del proyecto Harboe

Una especial invitación a “aportar al debate pudiendo adicionar o proponer modificaciones a la moción y con ello terminar con una injusticia que encarece la vida a muchas familias en el Chile de hoy” me fue extendida a mediados de enero.  Con este párrafo el actual diputado y futuro senador Felipe Harboe concluyó su respuesta a mi columna “Ley Tokman 2.0 o cómo aplacar la furia territorial”, con la que analicé un proyecto impulsado por el parlamentario que busca “imponer descuentos en las cuentas de electricidad a aquellas personas que tienen domicilio en una comuna en cuyo territorio está ubicada una empresa generadora de electricidad”.

Mi problema con tal iniciativa no es la compensación a las comunidades por los impactos que sufre por la instalación de proyectos eléctricos.  Es la validación del resarcimiento económico como “una forma de hacer que los ciudadanos acepten, a cambio de dinero, poner en riesgo su salud y la de sus hijos”.  Una fórmula que han buscado en conjunto este y el anterior gobierno con el sector energético, y que no es más que una versión depurada del clientelismo político y empresarial que desde hace mucho tiempo desvirtúa el quehacer en lo público.   Es la monetarización y privatización de decisiones que debieran ser colectivas: candidatos que piden el voto entregando canastas familiares, premios para rifas y regalos de todo tipo; empresas que imploran el apoyo ciudadano repartiendo becas de estudio, atenciones dentales, concursos de financiamiento de iniciativas. Ninguna de estas dos prácticas intenta convencer con elementos consustanciales a su propia actividad.

El tema es que si existen impactos ambientales las retribuciones deben ser del mismo tipo.  Y eso es lo que no vemos, lamentablemente, en la propuesta que impulsa Harboe, a pesar de señalar él que “el proyecto de ley busca establecer un mecanismo de compensación económica a los costos alternativos del uso de los suelos que son destinados a fuentes de generación eléctrica”.  Es decir, compensar pecuniariamente efectos económicos por la instalación de proyectos eléctricos.

Debo reconocer que sí soy desconfiado.  Pero no por levantarme una mañana cualquiera con la duda clavada en la frente ante toda iniciativa que se impulsa en pro del bien común.  Han sido años de “política de los consensos” que a pesar de la autoproclamada democrática intención de avanzar en torno a los acuerdos, no fue más que un sistema propugnado para mantener las cosas tal cual (sistema neoliberal instalado en dictadura mediante), gracias al especial entramado electoral que da a una minoría un poder de veto sobre lo que legítimamente quiere la mayoría.

Es así que buscando los fundamentos de la iniciativa legal que aparece como ingresada el 9 de enero de 2014, me encuentro con que las motivaciones son distintas a las que el futuro presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta nos expresa en su columna.  En todo caso, aún no comprendo por qué la iniciativa en trámite aparece en el Sistema de Información Legislativa fechada a principios de este año cuando en la página de Harboe está alojado el mismo proyecto pero como recepcionado el 19 de junio de 2013.

Aunque lo anterior puede sonar a simple anécdota, fue a mediados del año pasado cuando el parlamentario, también en su página web, explicó el origen de su preocupación.  “Sólo así los sujetos pasivos de los impactos ambientales serán debidamente compensados por los impactos que soportan a diario por la instalación de dichas fuentes generadoras de energía” fue parte de su explicación.   En concreto, una compensación económica para sufrir impactos ambientales.

En el proyecto se plantea que el mecanismo de rebajar en un 40% las cuentas eléctricas a los clientes con domicilio en la comuna donde exista instalación de generación eléctrica (de capacidad igual o superior a 200 megawatts, lo cual deja, por ahora, fuera al sistema Aysén) se aplique independiente de la evaluación ambiental.  Si  embargo en un modelo de evaluación donde existe participación ciudadana que interviene en el proceso está claro que un gancho de este tipo desincentivará a cierta ciudadanía, necesitada por la desigualdad imperante en Chile, a ejercer sus derechos de tipo ambiental.  Sin considerar que servirá a las empresas para comprar la así llamada licencia social, que no es otra cosa que aplacar con un maletín con plata la posible protesta ciudadana.

Hace poco supimos que entre los temas pendientes que el actual ministro de Energía, Jorge Bunster, traspasó a su sucesor, Máximo Pacheco, está precisamente la idea de generar compensaciones por la instalación de proyectos eléctricos.  Se suma a esta la postergada Carretera Eléctrica, conocida como Ley HidroAysén.

Aunque es lógico que la administración de Piñera ansíe que el nuevo gobierno concluya el trabajo que no pudo concretar para apuntalar su neoliberal visión de sociedad, tal iniciativa de compensaciones no está dentro del programa de Michelle Bachelet.

Más aún, muchos ciudadanos creemos que el camino no es seguir con la práctica del tipo “el que contramina paga”, mercantilizando los derechos ambientales.  Entendemos que el paradigma de muchos todavía sea este, pero es uno que está cada día más obsoleto.

Es necesario cumplir los pasos previos antes de ello: explotar al máximo el ahorro energético en todos sus niveles; avanzar en eficiencia energética en el tipo de construcciones, los artefactos tecnológicos y mejorando la deficiente infraestructura eléctrica nacional; y apostar con todo hacia las energías renovables no convencionales.  En ello, dicen los expertos, tenemos mucho camino aún por recorrer antes de seguir diezmando nuestro territorio y comunidades.

Y en el caso de las energías de alto impacto ambiental ya instaladas, poner el énfasis en la mitigación ambiental con el gradual abandono como horizonte, y solo en el intertanto proponer compensaciones.

Es lo que muchos esperamos se aborde en esta discusión.