“Violencia y fraude”: La memoria del golpe como arma discursiva

Cada cierto tiempo revive una feliz práctica entre la izquierda: releer a Antonio Gramsci. Y no es sólo la izquierda quien lo lee. Además de la UDI, están quienes buscan caminos que eviten o se aparten del materialismo histórico, pues saben que los hay construidos desde los setenta del siglo pasado. Saben también que el punto de llegada de dichos caminos permite desdoblarse entre sostener el liberalismo y remasticar bellas frases de una izquierda muy culta. Tan culta como vacía. No existe una forma correcta o incorrecta de entender una lectura, y es por ello que estas distintas lecturas se deben medir en su capacidad de explicar desde ello la realidad concreta. Es ahí donde vale la pena releer a Gramsci, no para elevar el ego intelectual, ni para resucitar frases preciosas pero que revisten sólo prácticas liberales; sino para construir conocimiento crítico en el debate político presente, a modo de herramienta emancipadora del pensamiento de los subalternos, en fin, como instrumento de organización de una nueva cultura autónoma. A partir de una posible lectura de Gramsci y sus textos sobre hegemonía, este escrito busca aportar algunos comentarios respecto de otra práctica, para nada feliz, y que también revive en estos días: la de agitar el miedo a las reformas al orden de 1980 haciendo uso de una “memoria disciplinada” respecto de la Unidad Popular y la Dictadura.

I

Respecto de la idea de que haya sido Gramsci quien integró el concepto de hegemonía a la tradición del materialismo histórico, el historiador inglés Perry Anderson ha destacado que “Nada revela tanto la falta de un estudio normal, sufrida por la herencia de Gramsci, como este difundido espejismo”. Según su ensayo de 1976, “Las antinomias de Antonio Gramsci”, el concepto habría sido usado por los socialistas rusos desde comienzos del siglo XX y olvidado luego de 1917, pues estaba pensado para un periodo de dominio burgués y no para uno de revolución obrerista. Asimismo, no existe una definición uniforme en los textos del italiano del concepto de hegemonía. Lo fragmentario de su obra, ya sea por sujeto o por estructura, frustra cualquier búsqueda de tal definición unívoca, lo que ocurre casi con cualquier concepto de la tradición socialista. Más que un concepto precisamente delineado a lo largo de su obra, lo que encontramos es un problema que emerge cada cierto tiempo, y que busca comprender la totalidad del reino de una clase, o alianza de clases, sobre otras que han sido subordinadas.

Dice Gramsci en un escrito de Los Cuadernos de la Cárcel que “la supremacía [o “Hegemonía”] de un grupo social se manifiesta de dos modos, como ‘dominio’ y como ‘dirección intelectual y moral’. Un grupo social es dominante respecto de los grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines o aliados. Un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernativo (ésta es una de las condiciones principales para la conquista del poder); luego, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo también ‘dirigente’”.

Si intercambiamos “dominio” por fuerza y “dirección intelectual” por consenso, tendremos una de varias formulaciones de la combinación que resume el concepto de hegemonía: “El ejercicio ‘normal’ de la hegemonía, en el terreno devenido clásico del régimen parlamentario, se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor: tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública -periódicos y asociaciones- los cuales, con este fin, son multiplicados artificialmente”. Citando a Gucciardini, Gramsci, en otro escrito de los Cuadernos, establece que hay dos elementos fundamentales de un Estado: las armas y la religión. Inmediatamente propone intercambiar los conceptos por “fórmulas menos drásticas: fuerza y consentimiento; coacción y persuasión; Estado e Iglesia; sociedad política y sociedad civil; política y moral (historia ético-política de Croce); derecho y libertad; orden y disciplina; o, con un juicio implícito de sabor libertario, violencia y fraude.”

El problema resultante de la fragmentada definición de hegemonía de Gramsci, y que ha gastado muchísimas horas de trabajo para producir ríos de tinta desde los estudiosos de ella, es el equilibrio, tanto en el proceso de investigación como en la proyección de alternativas políticas, del consenso y la fuerza en un momento de hegemonía. Perry Anderson propondrá, en el ensayo ya citado, una relación entre ambos conceptos basada en el sentido histórico en que fue formulada por Gramsci: como una herramienta crítica de las democracias parlamentarias de occidente en el siglo XX. Así, para el historiador inglés: “Si volvemos a la problemática original de Gramsci, la estructura normal del poder político capitalista en los estados democrático-burgueses, está, en efecto, simultánea e indivisiblemente dominada por la cultura y determinada por la coerción. (…) Las condiciones normales de subordinación ideológica de las masas –las rutinas diarias de la democracia parlamentaria– están constituidas por una fuerza silenciosa y ausente que les confiere su valor corriente: el monopolio del Estado sobre la violencia legítima. Desprovisto de éste, el sistema de control cultural se volvería frágil instantáneamente, puesto que los límites de las posibles acciones contra él desaparecerían. Con él, es inmensamente poderoso –tan poderoso que puede, paradójicamente, ‘pasar sin’ él: en efecto, la violencia raramente aparece dentro de los límites de este sistema”.

En palabras de Gramsci y compartiendo lo libertario de su juicio, podemos decir que es la violencia la que en última instancia hace creíble el fraude. Pero es un proceso de codeterminación, pues recordemos que cuando emerge la violencia, se cubre de fraude, se apoya en el consenso. Esta articulación del orden de los fundamentos de la hegemonía nos permite pasar a una segunda parte de este escrito: una revisión de la preponderancia de la violencia en el uso de la memoria del golpe de estado de 1973 por parte de los defensores del consenso neoliberal de la transición en los primeros meses de 2014.

II

Como ha sostenido Fernando Muñoz, la retórica actual de los defensores del empresariado -con muchos funcionarios entre las filas de la Nueva Mayoría- estaría superando a lo que Albert Hirschman denominó como “La retórica de la reacción”, una retórica contra las reformas a partir de tres patrones argumentativos: el efecto perverso (la reforma termina en desastre), el riesgo (la reforma pone en riesgo un avance anterior) y la inutilidad (la reforma no es útil para el objetivo buscado). Según Muñoz, distintas vocerías de los sectores dominantes en Chile han abierto un cuarto patrón: la amenaza indirecta.

La amenaza indirecta consistiría, en el caso actual, en anunciar la violencia política, especialmente militar, si es que se alcanza un grado de profundidad en las reformas tributaria, educacionales o políticas. Lo particular de esta amenaza es que no se dice que “se hará”, sino que “sucederá”, tal como sucede un mero hecho de la naturaleza, tal como se desata la tormenta. Así, la memoria del golpe de Estado que agitan las vocerías de la elite se basa en una naturalización del castigo violento de las elites locales contra cualquier extralimitación popular del orden. 1973 para ellos fue un “castigo”, uno tal vez violento, pero justo y natural (o divino, si se quiere), por haber osado contradecir el orden social oligárquico, que para dicho grupo es lo natural, lo que a su vez se entiende como divino, dado, o sea lo que la historia no puede tocar. Es terrible, pero por lo menos es honesto.

Algunos ejemplos de ello han sido dados por el ala más oscura del empresariado, por ejemplo, César Barros (presidente de La Polar), quien sostuvo hace poco que “Se están haciendo tres reformas súper grandes (…) lamentablemente algunos de los ruidos que se escuchan a uno le recuerdan los tiempos de la Unidad Popular (…) Es un lenguaje que tiene olor a UP y yo creo que es un mal camino porque después no hay que lamentarse si salen reformulaciones nuevas de Patria y Libertad”. Barros, quien formó parte de dicha organización sediciosa en el período que cita con tanto horror, ha sido hasta ahora la cara más burda de la amenaza indirecta.

Por supuesto, en el mismo corillo de agitadores de la coerción, la UDI no pudo dejar pasar una oportunidad en que intenta recuperar la muy desordenada conducción del empresariado, la que hasta unos pocos años atrás exhibía con orgullo. Apenas fue electo el nuevo presidente de la UDI, Ernesto Silva, éste planteó, además de su orgullo por “muchas cosas” de la Dictadura, que “no quiero que nunca más haya un quiebre institucional y por eso vamos a hacer lo que estamos haciendo en este gobierno, que es ser oposición para decir qué cosas creemos que dañan al país y lo vamos a hacer mirando hacia el futuro”. Para Silva, si no se detienen las reformas, si la oposición no evita el “daño al país”, entonces puede suceder un “quiebre institucional”, que es como ellos llaman al Golpe de Estado y al terrorismo represor consecuente. En el mismo plano, Jovino Novoa, al otro día que Silva afirmase lo citado, acusó que los miembros de la Concertación, desde 2010: “junto con perder el poder, renegaron de todo lo hecho, cayeron en la tentación de la oferta fácil del populismo y resucitaron los viejos ideologismos del pasado”. Sólo lo muerto puede resucitar, lo sabe bien un católico como Novoa, y sabe bien que la elección de palabras no es fortuita, pues su apoyo a Pinochet fue precisamente para matar, literalmente, lo que el ex-senador considera ideologismos y populismos, vale decir, tanto el Chile de la UP como el que pregona hoy la reforma al modelo de 1980.

Pero también desde aquella Concertación de los ‘90 ha surgido la tentación de agitar el pasado como amenaza indirecta de coerción. Es la Concertación que leyó a Gramsci en negativo, al revés, para comprender cómo construir una hegemonía cuyo consenso aplastase cualquier posibilidad de un nuevo bloque histórico de ruptura con el orden social de la Dictadura. Primero, por supuesto, desde el ala más conservadora de la Democracia Cristiana, de la que muchos recientemente se han alejado hacia el “colectivo” de Andrés Velasco, vino el reproche al oído gubernamental que se prestó a lo que ellos llaman “la calle”. La ocasión para ello fue cuando en el verano recién pasado no pudo concretarse el nombramiento de la subsecretaria de educación, Claudia Peirano, por conflictos de interés. Entonces, Mariana Aylwin, ex ministra de educación, indicó que: “la experiencia demuestra que los programas se cumplen mejor cuando se buscan con prudencia y flexibilidad los caminos para llevarlos a cabo. No bastan las ‘convicciones’ para implementar grandes reformas”. ¿A qué experiencia se refiere? es simple responder si uno sabe que le habla a sus compañeros de gobierno de la década de los noventa: a lo aprendido en el contraluz hecho una y otra vez entre el consenso neoliberal y autoritario de esa década y la vocación reformista frontal del período de la Unidad Popular. Dicho contraluz, bajo la lupa de un examen histórico honesto, no parece dar luces de que el programa de la Concertación de 1990, y que el mismo padre de Mariana Aylwin llevó a la presidencia ese año, se haya llevado a cabo, sino más bien de lo contrario.

De la misma forma, casi pareciera que un decolorado Gramsci habla a través del abogado Jorge Navarrete cuando insiste, pensando en el consenso necesario que para él requiere la ejecución del programa de la Nueva Mayoría, que el hacerlo tal y como se le presentó a la ciudadanía, implica: “una desnaturalización de la propia actividad política, entendida ésta como la forma más antigua de administrar nuestras diferencias, la que junto con hacer valer el derecho de quienes han conquistado la mayoría, requiere también de la articulación de acuerdos que den sostenibilidad a los cambios, en un marco transaccional y de negociación que supone algunas renuncias parciales”. La pretendida “antigüedad” de esta forma de la política está puesta en duda en el mismo momento que situamos históricamente la novedad de los escritos Gramsci sobre el elemento consensual de las democracias parlamentarias de occidente: apenas hace ocho décadas atrás (y esto siempre y cuando sea posible establecer que en Europa, desde 1920 aproximadamente, ha primado el consenso y la negociación y no la guerra y la amenaza de coerción, lo cual también está en abierta duda). Antes que ello sucediera sólo para Europa, pues el resto del mundo sigue en la verdadera antigüedad de la política, las espada y el fraude abierto fueron siempre más eficaces que el consenso para el establecimiento de una dominación. Es el elemento popular organizado y autónomo y con consciencia histórica de sí, que emerge desde fines del siglo XVIII junto al capitalismo global, el que obliga a un grupo social a utilizar métodos más sofisticados de reino sobre los demás grupos, pues por primera vez en la historia se da la lucha política de masas de clases en tanto tales y no sólo de príncipes arropados de masas.

Volvemos a Gramsci, pues la preponderancia de la violencia como sostén del consenso del orden social construido en Dictadura nos ha sido recordada también por los otroras intelectuales marxistas y también gramscianos, hace tiempo ya reconvertidos en defensores de ese orden. Enrique Correa, el gran intelectual de la renovación de los MAPU y de la transición, es claro en sus lealtades, y vuelve a recordar la coerción de 1973 – 1990 como el destino ineludible de las reformas profundas al orden de 1980. Lo hace hablándole a los empresarios y el tono subordinado de sus palabras, a pesar de ser un hombre poderoso, nos muestra hasta donde llegó la subordinación y el sometimiento. En marzo del presente año, Correa participó en el seminario Nuevos Vientos de la Economía 2014, organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo y donde también actuaron figuras como el ministro de hacienda, Alberto Arenas. Según revista Caras, el ex-vocero “alzó su prédica con voz calma”: “No hay nada que temer (…). En ningún momento se va a producir un estado de conmoción que eche por tierra lo que se construyó con el retorno de la democracia (…). Una nueva administración no puede caer en la tentación refundacional”. La tentación, como acto que precede al pecado en el pensamiento cristiano, aparece en la derecha y la izquierda. El pecado es la reforma profunda, por supuesto. Y como buenos católicos saben que el pecado siempre recibe perdón, previo pago en castigo, es decir, a la “tentación refundacional” le sigue el pecado de la reforma al orden dominante, el que se catiga como en 1973: con violencia y terror.

Quien cierra esta enumeración de opiniones que resaltan, temerosos o ansiosos, la posibilidad de la violencia, pues es la línea de defensa material de un consenso que amenaza con romperse; es Eugenio Tironi. Ante el caso de Peirano, en febrero, el sociólogo favorito del orden de los noventa indicaba que lo que había alejado a la subsecretaria de un cargo que no alcanzó a asumir fue “el dogmatismo totalitario y la descalificación”. agregando que “Estas dos interpretaciones transformadas en ideología y operadas políticamente como vimos estos días, tienen una larga vida en la historia de la humanidad. Y consecuencias bien conocidas. En Chile fueron esas visiones y comportamientos los que nos condujeron a los excesos de la UP y el Gobierno Militar”. La amenaza está clara, tal vez sea la menos indirecta de todas las leídas.

Para el comunista italiano encarcelado por Mussolini, estos virajes de cuatro décadas tienen explicación en: “un criterio de investigación histórico-política: no existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene su propia capa de intelectuales o tiende a formársela; pero los intelectuales de la clase históricamente (y realistamente) progresiva, en las condiciones dadas, ejercen una tal atracción que acaban por someter, en último análisis, como subordinados, a los intelectuales de los demás grupos sociales y, por tanto, llegan a crear un sistema de solidaridad entre todos los intelectuales, con vínculos de orden sicológico (vanidad, etc.) y a menudo de casta (técnico-jurídicos, corporativos, etc.)”. ¿Acaso no es esa atracción, sometimiento y subordinación, previo escarmiento de terror, lo que hiciera el poder económico en Chile hacia muchos intelectuales de la Unidad Popular, especialmente aquellos venidos del ala más radical del Partido Socialista y del muy althusseriano MAPU?

Para terminar podemos decir que pareciera no bastar con la amenaza de la coerción. Los pueblos son porfiados. Es posible que al igual que el corifeo de defensores de la democracia protegida y el Chile neoliberal, las mayorías hayan aprendido con el terror dictatorial -y su reactualización cotidiana en la prensa del duopolio- que el intento de reformas profundas en Chile significa romper un consenso y con ello, abrir el paso a la reacción violenta, al castigo, a la coerción. Pero a la luz de la larga historia del hombre, aquello pareciera no importar para el obstinado resurgir del conflicto social. En ese sentido, un ejemplo interesante lo constituyen algunos hechos aislados del pasado reciente y que podemos leer hoy en una clave más reposada. Nos referimos a acciones como los saqueos de 2010, el incendio de La Polar en 2011 o más cercano aún, la destrucción a modo de acción de arte, hace unos días de miles de documentos de deuda de estudiantes de la Universidad del Mar. Lo interesante no son estos hechos por sí solos, sino la escasa reacción de las mismas vocerías del capital antes citadas, pues el sentido común ha aflojado respecto de su defensa del consenso de la transición. La comprensión de algunos sectores de la sociedad hacia los autores de los saqueos de 2010, incluso por personajes de tan alta legitimidad como el ex-entrenador de la selección nacional de fútbol, Marcelo Bielsa; el sentido de que fue una especie de justicia celestial o khármica la que actuó en el incendio a La Polar, ocurrida en el ya mítico 4 de agosto de 2011; o la calificación de “héroe” que ha recibido de parte de muchos comentaristas la acción del artista Francisco “Papas Fritas” en la destrucción de los documentos de deuda de los estudiantes de la Universidad del Mar, dan cuenta de que los beneficiarios del orden de Pinochet siguen siendo dominantes, pero han perdido capacidad de dirección.

En ese sentido, un último fragmento de Gramsci tal vez dé luz sobre las tendencias que proyecta el comportamiento discursivo de los defensores del capital, junto a sus amenazas de defender su fraude con violencia: “Apenas el grupo social dominante ha agotado su función, el bloque ideológico tiende a desintegrarse, y entonces la ‘espontaneidad’ puede ser sustituida por la ‘coacción’, en formas cada vez menos disimuladas e indirectas, hasta llegar a las medidas de policía propiamente dichas y a los golpes de Estado”.

Es por ello que urge releer a Gramsci y no quedarse en una comprensión facilista de la suma o interacción histórica de consenso y violencia. La relación de ambos conceptos es más compleja que esa simple adición, y no es tampoco la historia un juego de turnos entre una y otra actitud del poder. Una necesaria estrategia política desde la izquierda en Chile, no puede descuidar la compleja dialéctica que hay entre la preponderancia de la violencia en el pacto social actual y el grado de disciplinamiento que históricamente ha generado para cooptar intelectuales de otros grupos la hegemonía violenta de 1980. El sinuoso análisis de las dos bases de la hegemonía es importante para saber cuánto del terreno que pisamos corresponde a lucha cultural y cuánto al problema de la coerción. El destino planteado por Gramsci no es una condena, aunque del análisis de nuestra historia así podría concluirse. Pero la historia no acepta la prescripción de itinerarios. El desorden actual entre los grupos sociales dominantes, aunque no constituye una garantía de un nuevo ciclo político en Chile, sí es una oportunidad de ello. Ese nuevo ciclo debe contemplar que el problema estratégico no se trata del viejo dilema entre dos de “las vías”, sino de eliminar el falso dilema y preguntarse cómo desarmar de su arsenal de fuerza y persuasión a los grupos sociales dominantes.