La deuda histórica hoy: el lugar del Colegio de Profesores

El 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet convocó al Colegio de Profesores a trabajar en un pacto para lograr una nueva carrera profesional docente. Este anuncio que ocupó apenas cuatro líneas de su intervención de 58 páginas en el Congreso Nacional dejó un eco incómodo, un aspecto silenciado de nuestras reformas educacionales surgidas posteriormente a la dictadura.

El sindicato de los trabajadores de la educación (SUTE) fue aniquilado por la dictadura. Los actores educativos fueron uno de los primeros blancos de la represión cívico-militar, creando poco después del golpe de estado un organismo controlado por la dictadura para representar al magisterio: el Colegio de Profesores, una entidad a la cual se le quitó el carácter unitario y sindical del SUTE, dejándolo en la categoría de “asociación gremial”.

12 años tardó en esta entidad en romper con el marco autoritario. En 1986, gracias al esfuerzo de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) –una entidad paralela de resistencia a la dictadura-, se democratizó el Colegio. Hasta 1994 el Colegio apareció alineándose con las políticas encabezadas por la Concertación, tendientes a recuperar las condiciones de trabajo en las escuelas, lo cual incluyó intentar recuperar los salarios docentes, seriamente deteriorados en el gobierno de Pinochet.

En 1998, la conducción del Colegio pasó al Partido Comunista y desde entonces fue creciendo un malestar dentro del magisterio relacionado con la exclusión del profesorado de los procesos de reforma. La tecnocracia asociada a la conducción de las reformas educacionales implantadas en Chile en los 90 y luego en la primera década de los 2000, fue progresivamente sumiendo al Colegio en una crisis, que hoy aparece amplificada.

En 2006, el Colegio de Profesores tenía 90 afiliados de un total de 146 mil docentes. Ocho años más tarde, existen 180 mil profesores en el país, y los afiliados son 70 mil, de los cuales sólo 45 mil mantienen sus cuotas al día. En 2012 el Primer Censo Docente mostró que sólo un 20% declara ser parte del Colegio. Ese mismo Censo expuso problemáticas mayores para el gremio como: a) el 30% de los encuestados no tiene contrato fijo; b) el 60% trabaja entre 10 a 20 horas extras sin retribución económica; c) el 17% vive como allegado; d) el 35% tiene sólo una a dos horas diarias para su familia; e) el 56% tiene menos de dos horas diarias para actividades de esparcimiento; y f) el 41% se declara estresado con frecuencia o muy frecuentemente.

La incidencia del Colegio se ha ido debilitando progresivamente, limitándose a algunas comisiones de trabajo de escaso valor en términos de toma de decisiones. Los colegiados/as han tendido a envejecer en cuanto a padrón, el profesorado joven parece no interesarse en incorporarse ni tampoco aquellos docentes que trabajan en el sector particular subvencionado. Esta situación acarrea como consecuencia una falta de recursos económicos que a su vez conlleva a un debilitamiento las estructuras institucionales. Así, se configura un círculo vicioso difícil de romper.

Tras la voz de Michelle Bachelet convocando al Colegio de Profesores encontramos este devenir silenciado. El Estado chileno no ha asumido la “deuda histórica” con el magisterio en la amplitud con la que debemos entender este concepto. No se trata simplemente del castigo económico recibido durante la dictadura por los profesores/as que acertadamente ha reclamado sin éxito el Colegio de Profesores. Es una deuda más compleja. Es el daño a un actor que fue protagonista esencial de los cambios democratizantes del siglo XX chileno y que tenían a la educación chilena como una referencia en toda América Latina. El Estado chileno no ha propiciado ninguna política que ayude al Colegio de Profesores a fortalecerse como actor esencial de las políticas educacionales. Esta omisión puede ser acertadamente interpretada como deliberada. No se ha querido democratizar el debate sobre las reformas educacionales en Chile, y un Colegio débil resulta completamente acorde con una participación limitada a la medida de lo posible.

El desafío es tomarse al Colegio de Profesores en serio. Este desafío debe ser tomado además por los profesores y profesoras de base si quieren tener voz y voto en las reformas. Por parte del Estado, correspondería establecer una reparación histórica por la destrucción del sindicalismo docente (y de los trabajadores de la educación) llevada a cabo por la dictadura. En virtud de ello, convendría plantearse si el Colegio tiene sentido en sí o si es conveniente apoyar una refundación, donde se promueva la adscripción obligatoria de todos/as los docentes, cuestión que es normal en varios países del mundo. En nueva Zelanda, por ejemplo, el gobierno promueve el sindicalismo al beneficiar con políticas sólo a aquellos docentes que se encuentren sindicalizados. Las fórmulas pueden ser variadas, pero luego de 40 años de la muerte del SUTE se hace urgente una revitalización del sindicalismo en educación. Esta es una condición para mejorar la calidad de nuestras decisiones en las políticas educacionales. Si hacemos esto, invitaciones como la de la Presidenta no tendrían ese sabor tan agrio.