El proyecto del gobierno contemplaba inicialmente un impuesto final a los destilados de un 33,5% pero tras el reclamo del senador (DC) Jorge Pizarro, que dijo defender a los pequeños productores, el Ejecutivo reconoció un error y lo bajó a un 31,5%.
Así es. Esas son las cosas de la política chilena. Pero creo que esto se inserta en el contexto general y esta Reforma Tributaria ha mostrado la enorme influencia de los grupos de presión y del poder económico a la hora de intentar subir los impuestos. Eso lo vimos en el acuerdo tributario que hubo hace un mes atrás, con una participación muy activa de la Sofofa, de la CPC, de Asociación de Bancos, etc. Mostraron el poder que tienen los grupos económicos grandes para impedir aumentos de tributación que puedan afectar sus intereses. Ahora, esto de los alcoholes es más específico pero también muestra la importancia de los intereses sectoriales a la hora de hacer una legislación que debiera ser hecha en función del bienestar nacional y no considerando intereses particulares específicos. Ahora nadie defiende a los consumidores de alcohol, porque por un lado tenemos a una juventud chilena que está consumiendo mucho en parte porque el precio no es muy alto, es relativamente barato. En ese sentido se puede defender el aumento en el impuesto para que la juventud consuma menos, así como otros estratos, y reducir la incidencia de accidentes, enfermedades, cirrosis, etc. Pero son más fuertes los intereses de los productores.
Llama la atención el reconocimiento de un supuesto error, ¿cuál puede ser el error en ese cálculo para considerarlo como una excusa sincera?
No está claro cuál fue en realidad, se dijo que era un error de tipeo pero cuando se llega a ese nivel de explicaciones es realmente difícil saber qué está pasando. Yo creo que lo más significativo de todo es el efecto que tiene para los intereses económicos de los grupos grandes, de la élite y gremios empresariales de distinto tipo, porque hay que pensar que esta reforma ha sido presentada como una reforma pro equidad social redistributiva, y va a bajar la tasa de impuesto marginal más alta de un 40% a un 35% a los grupos de mayores rentas. Eso no se condice mucho con el objetivo de la reforma, en el sentido de ser una reforma que no solo recaude más dinero, sino que también reduzca la desigualdad en la distribución del ingreso.
Se ve todo esto como algo muy enredado y la reforma está saliendo muy compleja, porque van a haber dos régimenes tributarios y las empresas se van a poder acoger a uno o a otro, cosa que va a hacer al sistema tributario muy complejo, y mientras más complejos son más posibilidades hay de evasión y de que los expertos y asesores tributarios, que se conocen lo márgenes de la ley, hagan ahorrar impuestos a sus clientes pero perder dinero al fisco.
La nueva estimación subió en cien millones de dólares la cifra inicial, pasando de 8.200 a 8.300 millones de dólares. Considerando la notoria desaceleración que se está experimentando en el crecimiento de la economía, ¿estos cálculos son aterrizados?
Lo que pasa es que no se explican bien las cosas porque hay que tener claridad de cuándo se espera lograr esa recaudación. Esa cifra se espera lograr cuando la reforma tributaria esté en régimen, con todos los aumentos de tasas aprobados y todas las otras disposiciones que conlleva esta reforma, y que estarán recién en 2018. Es decir, eso es para el próximo gobierno. Porque además los aumentos de tasas son todos escalonados. La misma eliminación del FUT es una eliminación en cuatro años. Se dice que vamos a recaudar eso pero no que será en 2018, no en 2015.
Cuesta entender que se le hayan hecho rebajas en los impuestos a empresas que venden hasta 100 millones de dólares anuales, y que supuestamente son Pymes, así como también otros cambios tributarios, y cuesta cuadrar cómo haciendo esos cambios se va a poder recaudar unos cien millones de dólares más. Habría que conocer y estudiar bien cómo hicieron el documento del Ministerio de Hacienda. Pero en el corto plazo, entre el 2014 y el 2015, efectivamente la desaceleración económica a afectar la recaudación tributaria, aún con reforma, porque si la economía está creciendo a un 2,5 o 2,8 por ciento que es la proyección para este año, es muy difícil que eso no tenga un efecto para la recaudación. Hay que ver que eso no tenga un efecto para el próximo año y ese análisis no se está haciendo.
También llama la atención la gran cantidad de indicaciones presentadas, ya que el mismo Ejecutivo hizo más de 200, a las que se suman las hechas por los mismos parlamentarios, y considerando el escaso tiempo que tienen para discutir éstas en el Senado, ¿será un plazo razonable para que se puedan revisar a conciencia? Varias veces ha quedado en evidencia que no alcanzan a leer los proyectos que terminan aprobando.
Ese es un tema muy serio. Si no tienen tiempo los parlamentarios de estudiar bien las observaciones hechas, después eso queda en una ley de la República que cuesta mucho cambiarla. Lo que pasa es que el Parlamento funciona en Chile con los plazos que le pone el Ejecutivo, es un sistema muy presidencial, y no hay autonomía para determinar los plazos para legislar. Se legisla muy en bloque, y los que están dentro del gobierno siguen el compás de lo que dicen en el gobierno, y los que están en la oposición hacen lo suyo. Pero el rol del Parlamento en un país con poderes separados no es ése, no debe estar manejado por el Ejecutivo. Eso no se da en países donde realmente existen democracias con poderes autónomos del Estado. No pueden los senadores primero poner su lealtad política al gobierno de turno ante de sus responsabilidades legislativas. Eso es un problema serio, y una ley que no está bien discutida no es una buena ley. Estamos corriendo ese riesgo por un excesivo apuro y por la falta de autonomía de los parlamentarios, que se acomodan a las urgencias del Ejecutivo pudiendo decir perfectamente que son un poder autónomo del Estado y que necesitan tomarse bien un tiempo para que salga una buena ley. Falta mucha autonomía y creo que la negociación en este tema de la reforma tributaria creo que no dejó bien al Senado.
