El caso que abre espacio a la negociación colectiva en las ONG

El 18 de agosto la paciencia de los trabajadores de la Corporación de Servicios Para el Desarrollo de los jóvenes (SEDEJ) se agotó. Tras meses de haber iniciado en proceso de negociación colectiva con sus  empleadores, a fin de implementar un contracto colectivo de trabajo, ese día lunes decidieron hacer pública su molestia por lo que denominaron “intransigencia” de la Corporación a considerar los puntos de su demanda.

En un comunicado público, hicieron ver que la argumentación esgrimida por SEDEJ para no validar el proceso de negociación colectiva no era sustentada por la misma Dirección del Trabajo. La explicación consistía en que legalmente no correspondía dicho proceso puesto que el artículo 304 del Código del Trabajo excluye a las empresas o instituciones público o privadas que fueran financiadas en más de un 50% por fondos estatales, ya sea directa o indirectamente.

Sin embargo, los trabajadores aseguran en su resolución N° 76, la Inspección Provincial del Trabajo habría dado luz verde al proceso de negociación colectiva, señalando que “aplicando la normativa a la especie, puesto que la corporación servicio para el desarrollo de los jóvenes tiene el carácter de entidad privada, es posible sostener que, por encuadrarse dentro de las situaciones previstas en el inciso 1° del artículo 304 del código del trabajo [«La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o representación”], le correspondería negociar colectivamente con sus trabajadores”.

La acción pública motivó una respuesta también por medio de comunicado oficial de SEDEJ, donde defendieron la invocación de la normativa asegurando que ello “no significa desconocer el derecho a sindicalización y negociación de los trabajadores, sino establecer que la situación y condiciones de una institución como la nuestra, presentan limitaciones y dificultades estructurales para responder de forma sostenible y responsable a determinadas reivindicaciones”.

Además, indicaron que ya han presentado tres propuestas de contrato colectivo que han sido rechazadas por el sindicato, y rechazaron categóricamente las imputaciones de sus trabajadores respecto de prácticas antisindicales “que con liviandad y ánimo injustificadamente agresivo se ha hecho a SEDEJ”

Sin embargo, el presidente del sindicato de la Corporación, Víctor Fernández, indicó que tales prácticas sí existieron poco tiempo después de la formación de la organización de trabajadores y por medio de una demanda en su contra. “Teníamos casi tres semanas cuando me hicieron una demanda de desafuero sindical. En ese momento sólo teníamos nuevo socios, nos habíamos formado con el mínimo para levantar la organización sindical, y antes de entablar negociaciones con los empleadores, ya estaba lista la demanda” aseguró Fernández, y agrega que “finalmente se revirtió y la ganamos (la demanda), tuvieron que desistir y hasta terminaron pagando los costos del juicio, ya que se determinó que estaban usando al aparato público para hostigar al sindicato”.

El presidente del sindicato destacó la resolución de la Inspección del Trabajo, e indicó que “pensamos que cuando íbamos a plantear una negociación colectiva, la inspección iba a sacar una resolución contraria a lo que pensábamos, pero nos aclararon que lo que estábamos haciendo era completamente legal”.

Además Fernández explicó que la resolución de la Inspección del Trabajo significó un duro golpe para SEDEJ, que decidió recurrir a instancias mayores y demandó al organismo ante tribunales. “La demandaron para revertir la resolución y sacarla del juego, ya no como garantes del proceso y meter al ente que regula el artículo 304 que sería el Ministerio de Economía”, explicó Fernández, y aseguró que la movida básicamente “busca desmarcarse de sus responsabilidades legales”.

ONGs podrían enfrentar duro escenario

SEDEJ forma parte de un grupo de organizaciones no gubernamentales agrupadas en ACCIÓN, donde también destacan el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Fundación Terram, entre muchos otros.

El abogado Felipe Viveros, representante de ACCIÓN, asumió la tarea política de frenar las negociaciones colectivas en SEDEJ. Así lo asegura Fernández, que comentó que “en una de las mediaciones nos planteó explícitamente a la directiva que no iban a dejar que se marque el precedente porque o si no, en las otras ONGs, también tendrían procesos de negociación colectiva, y que sus principios son básicamente individuales”, afirmó el presidente del sindicato de SEDEJ.

Y no es de extrañar que en el mundo de las organizaciones no gubernamentales miren con atención el caso, dado que en muchas de ellas reina la precarización y explotación laboral.

Para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, el panorama en el sector de las ONGs con la resolución de la Inspección del Trabajo “es muy importante porque lo que se está viendo en Chile con la aplicación de políticas sociales”.

Durán afirma que las estrategias desplegadas van desde “externalizar a través de fundaciones donde se complican las negociaciones colectivas, y el otro camino es contratar a los trabajadores vía prestación de servicios y contratos de honorarios. Esos son los trabajadores que aplican las políticas sociales, por ejemplo, trabajadores sociales que aplican las fichas sociales para el ingreso ético familiar, etc.”, explica.

Para Durán, el caso de SEDEJ no es de extrañar ya que la tendencia muestra que la externalización de servicios a través de ONGs es cada vez mayor, “y como ha ido en crescendo, los trabajadores van organizándose, levantando sindicatos y presentando negociaciones colectivas, que puden ser situaciones nuevas para estas Corporaciones, pero que son situaciones que tienen que enfrentar aunque no tengan la cultura laboral de afrontar estos procedimientos. Esto se explica porque existe poca educación en términos de derechos sindicales y de derechos colectivos, pero las soluciones por esto pasan por mirar más alto, ya que estos trabajadores muchas veces son del área social”, explicó.

Vínculos con el poder

Fernández afirma que las ONGs agrupadas en ACCIÓN poseen en su mayoría estrechos vínculos con la Nueva Mayoría, aunque no únicamente de la actual coalición gobernante. Tal como consta en su sitio web, esta red de organizaciones se ha puesto algunas metas políticas como empujar la creación de una asamblea constituyente, y en sus esferas de influencias rondan diversos personeros y sectores políticos como Camilo Escalona del PS y  Laura Vicuña de la DC.

Durante los años 80 recibían apoyo internacional. “Durante esos años efectivamente ayudaron a los proceso de rearticulación popular, y cumplieron en ello un rol muy importante apoyados por la Vicaría de la Solidaridad, que estuvo vinculada a ese mundo. Son instituciones que recibían apoyo externo y nunca contaron con caja propia”, afirma Fernández, pero agrega que “en los 90 comenzaron a recibir subvenciones y se transformaron en colaboradores del Estado. Lucharon contra el Estado neoliberal en su fase dictatorial pero en la fase democrática son cómplices o colaboradores del Estado”.

Para los trabajadores, este tipo de organizaciones se han vuelto expertas en descontar y recortar pagos a sus trabajadores para destinarlos a otras áreas, pero finalmente “siempre se las arreglan para llegar a diciembre con el balance en cero”, aludiendo a que muchas de las ONG son sociedades sin fines de lucro.

Al respecto, el presidente del sindicato asegura que pudieron comprobar que a un equipo entero de la Corporación se le estaban descontando 200 mil pesos mensuales de sus liquidaciones, situación que lograron revertir. “La realidad es que a veces hay diferencias de sueldo dentro del mismo equipo. Una compañera que hacía el mismo trabajo que yo ganaba la mitad de mis sueldo”, afirma Fernández, y agrega que “esa es la forma en la que lucran”.