La incómoda discusión sobre el vínculo entre los grupos económicos y la política

El caso Penta, que nació como una investigación ante un eventual delito tributario al interior del poderoso conglomerado, ha ido escalando a niveles insospechados. Las pesquisas que buscaban determinar la posible evasión de impuestos por boletas de honorarios presentadas por servicios no realizados, terminó abriendo una arista que desató un escándalo político que aún no concluye.

Todo surgió con la declaración del testigo clave del caso, Hugo Bravo, ex gerente del holding liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El ex socio de los reconocidos financistas de la UDI reveló varios nombres de candidatos de la tienda de calle Suecia que habrían recibido dineros de Penta desviados hacia sus campañas políticas, entre ellos a los senadores Iván Moreira, Ena Von Baer y a los derrotados candidatos Laurence Golborne, y Pablo Zalaquett.

En la lista, sorprendió en el mundo político, especialmente en la Nueva Mayoría, que Andrés Velasco, precandidato del pacto electoral que estuvo en las primarias presidenciales, también fuera mencionado por Bravo.

Aún no está claro si los fondos destinados para las campañas políticas provinieron directamente por medio de aportes reservados, los cuales estarían dentro del marco legal, o si llegaron por medio de boletas de honorarios de servicios no prestados, destinadas a disminuir la base imponible de Penta y sus empresas relacionadas, escenario que configuraría un delito tributario.

Las indagaciones del denominado “Pentagate” están encabezadas por el fiscal Carlos Gajardo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, quien ayer afirmó que, en el marco de la investigaciones, había detectado “conductas que podrían ser constitutivas de delitos”.

La decisión de presentar cargos quedó entonces del lado del Servicio del Impuestos Internos, órgano que posee la facultad exclusiva de realizar la denuncia ante Fiscalía para que la investigación pueda proceder.

La indicación que busca transparentar los aportes reservados

Fue en el marco de la tramitación de la reforma al sistema binominal cuando los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic lograron introducir una indicación que podría poner fin a la oscura relación entre los grupos económicos y la política. La moción que busca prohibir los aportes de las empresas como personalidades jurídicas, y además elimina la figura de los aportes reservados, intenta terminar con el anonimato en que se mantienen las donaciones que particulares o empresas hacen a las campañas políticas, y que por disposiciones legales, no pueden ser conocidas ni reveladas ni siquiera por los mismos candidatos.

Lo curioso es que, aunque no directamente, la iniciativa ha recibido el respaldo indirecto de un importante actor del mundo privado como Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), quien ha hecho noticia durante la semana por asegurar el programa Estado Nacional que «aquí dicen que las empresas están preocupadas de darles plata a los políticos. Esto es todo al revés: es el desfile de los políticos a las empresas para que les pongan las lucas».

Santa Cruz afirmó este martes que «aquí el problema de fondo es el financimiento de la política y a eso es lo que debemos volcarnos», y agregó que «yo he dado mi opinión personal, en orden que, a mí juicio, las empresas no deben estar en el financiamiento de la política«.

Si bien no se ha referido a terminar con el carácter reservado de algunas donaciones, la declaraciones del líder de los empresarios dan cuenta de un debate al cual sus colegas aún no se suman públicamente, y que versa sobre cómo se transparentan los lazos entre la política y el dinero.

La incómoda discusión interna

La relación entre el empresariado y la política se ha incrementado en los últimos 25 años. Sin embargo, una de las características que marca el último tiempo es la relación directa ya con el Ejecutivo, donde las reuniones con representantes de la CPC, por ejemplo, son cada vez más comunes. Para el sociólogo de la Fundación Nodo XXI, Giorgio Boccardo, esta práctica se denomina “colonización empresarial sobre la política” y señalo que “atenta en niveles importantes, contra el carácter democrático del propio sistema institucional”.

Para Boccardo, el caso del Grupo Penta “muestra quizá la cara más oscura del empresariado chileno”, aun considerando el financiamiento mediante los aportes reservados, pues dan cuenta “abiertamente de la evasión tributaria, elusión y mecanismos que le permiten acumular mayor valor fruto de ese tipo de prácticas ilegales”. El sociólogo recuerda además que en el contexto del caso Cascada, “la comisión investigadora que se hizo cargo de esta materia posiblemente pudo haber sido financiada por el mismo Ponce Lerou”, indicó.

Boccardo afirmó que “por supuesto hay un uso político detrás de este caso para golpear a la UDI”, pero agrega que ello “da cuenta del peso que tienen los grupos empresariales para financiar transversalmente a todo el sistema político. O sea, la derecha tiene a los Matte y Penta;  la Concertación a Luksic y Paullman; y el PRO y Enríquez-Ominami a los Cueto”.

Este escenario de financiamiento transversal “condiciona enormemente la política, la voluntad ciudadana, y en última instancia, a la democracia”, afirmó el sociólogo, y agregó que “cuando se ha abierto la posibilidad de que dejen de financiar los grupos empresariales a los partidos y sus campañas, existe una resistencia general de la clase política”.

Boccardo aseguró que si bien existe un amplio consenso al interior del empresariado en términos del modelo económico que deben proteger, “esa mirada a largo a plazo no significa para nada que en las ramas de la producción prime una lógica de intereses contrapuestos”, y afirmó que el pilar del modelo económico mantendrá con vida el financiamiento privado a las campañas políticas.

Aquí, el sociólogo propuso diferenciar a los empresarios que surgieron en la década de los 80 y principios de los 90, “que en general tienen un comportamiento muy reactivo a cualquier política redistributiva, por muy pequeña que sea”, de los otros representantes más antiguos, “como Luksic o Awad, que entienden que para el nivel de crecimiento que ha alcanzado Chile, hay que hacer ciertas concesiones”.

Por su parte, para el economista Andrés Solimano, ex jefe económico del comando de Marco Enríquez-Ominami, la alta concentración económica le ha conferido un papel muy determinante al sector económico en el financiamiento de la política. “Los que tiene los recursos económicos en Chile son el gran empresariado, los bancos principalmente. Ellos tiene la plata, y los políticos, para poder financiarse, necesita ir a los que tienen la plata, que son esa gente. Eso les da un aventaja porque pueden influir en las leyes que se pueden aprobar”, señaló.

Consultado sobre las mociones parlamentarias que buscan acabar con los aportes reservados, el economista afirma que “lo principal debiera ser que todo sea público”, ya que los grandes empresarios “invierten una cierta protección en el sistema político”. “Eso es una distorsión de la democracia, porque pierde el ideal de cada persona un voto, y el poder económico no debiera influir en las decisiones del sistema democrático”, afirmó el economista.

“El gran problema de fondo es que en Chile hay una gran concentración de poder económico, y eso distorsiona no solamente la economía, ya que esta distorsión genera que los mercados no sean competitivos, genera una desigualdad increíble, y también termina capturando el sistema político, y con ello a la democracia”, analizó Solimano.

Dicha concentración, “incompatible con una democracia genuina y real, captura a través de las campañas pero también a través del lobby, del control de los medios de comunicación y varios otros mecanismos”, afirmó el economista, y aseguró que un eventual cambio en el financiamiento de las campañas con mayor transparencia, no modificaría el escenario, “pues no quita el poder de estas personas, donde hay doce personas que están en la lista de Forbes que tienen riquezas por más de mil millones de dólares. Esas doce familias son mucho más poderosas que los 17 millones de chilenos”, indicó.