Delegado Presidencial para Recursos Hídricos: «Aquí no habrá ni expropiación ni nacionalización»

Reinaldo Ruiz, ex subsecretario de Agricultura entre 2008 y 2010, fue el elegido en mayo por la presidenta Michelle Bachelet para encabezar una de las promesas contenidas en su programa de gobierno, relativo al aseguramiento del agua como un producto básico garantizado.

Ya transcurridos varios meses, Ruiz explicó los fundamentos para la necesaria reforma al Código de Aguas, cuyo origen se remonta a la dictadura.

Además, el Ph.D. en Economía de la Universidad de Birmingham aseguró que pronto vendrá el proyecto que protege a los glaciares, además de otro que regule a las organizaciones de usuarios de agua y el manejo de cuencas, uno referente a pagos o royalties para el recurso, otro que se haga cargo de una gestión integrada, y además uno que disponga de multas y sanciones.

«Siempre he sostenido que éste es un recurso por el cual hay que pagar, porque se entrega gratuitamente para hacer un negocio. Eso en casi todos los países se paga, y aquí a alguna gente le parece una herejía, pero desde el punto de vista económico, creo que tiene toda la justificación. En ninguna actividad productiva eso es así», indica.

¿Cómo fue el trabajo de la delegación previo al envío de las indicaciones que ingresaron a la Cámara de Diputados?

Lo que hicimos nosotros fue trabajar con las instituciones. A los pocos días que se me designó como delegado presidencial, se instaló un Comité de Ministros, por iniciativa del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. La principal institucionalidad del agua está radicada ahí, entonces convocó al Comité, me llamó y puso a Minería, Energía, Medio Ambiente, Agricultura y Obras Públicas. Todos esos ministerios tienen su institucionalidad y servicios, y entonces se armó un comité técnico, sin establecerlo oficialmente. Mientras tanto ya se discutía el proyecto en Valparaíso, nosotros comenzamos a hablar con los parlamentarios, y junto con las personas que tenían que ver el tema del agua en estos distintos ministerios, fuimos recogiendo sus inquietudes y opiniones.

Así fuimos armando esta propuesta que, para algunos es absolutamente insuficiente, pero para otros es ultra revolucionaria. Porque esto significa expropiar… recién estábamos en una reunión con la gente de Enersis, y aunque ellos no están en esa parada, me decían que hay gente que piensa que es inconstitucional lo que estamos presentando, el presidente de la SMA lo dijo también en su discurso en Enagro, y a la hora de almuerzo lo volvió a repetir con la presidenta presente. Entonces, nos movemos entre esos dos extremos. Algunos dicen que estos es absolutamente insuficiente, que piden incluso derogar el Código, pero no hacen una propuesta para ver con qué lo reemplazamos. Pero también hay gente que piensa además que esto es inconstitucional, y dicen que está súper bien lo que hay, que este tema ha sido ordenado. Nosotros hicimos esta propuesta que me parece relativamente razonable.

El envío de las indicaciones a la Cámara de Diputados se hizo mediante una sustitución, lo que generó molestia en algunos integrantes de la Comisión porque echaba por tierra algunos acuerdos que ya se habían alcanzado. ¿Por qué se hizo de este modo?

Nosotros patrocinamos ese proyecto, estamos en la misma línea de lo presentado por el Gobierno. Pero eso que dicen algunos parlamentarios de que se echaron por tierra los acuerdos anteriores no es así, porque efectivamente la técnica legislativa es que este proyecto sustituye todo lo que hicieron, pero eso no inhibe a los parlamentarios que quieran reponer las cosas que ellos querían, pueden hacer las modificaciones que quieren e introducir más cosas. Por ejemplo, el famoso tema de las Aguas del Minero. Eso no está acá porque nosotros no quisimos incluirlo.

¿Por qué?

Porque están los parlamentarios ya muy motivados con esto, y preferimos que sea una iniciativa que venga del propio parlamento. Y frente a eso nosotros vamos a reaccionar. Porque además, si tú haces una modificación al Código respecto de las Aguas del Minero, tienes que ir también al Código Minero, que en su artículo 110 también habla de eso. Entonces, como hay que ser consistentes, y como por ahora estamos con el Código de Aguas, si metíamos eso ahí hacíamos ruido por otro lado. Preferimos no meternos todavía en ese tema, aunque no tengo dudas de que los parlamentarios insistirán en esa propuesta.

Hubo sectores que criticaron la demora en el envío de estas indicaciones asegurando que existió lobby de parte de las empresas, ¿qué opina usted de esas aseveraciones?

Eso no es cierto. El gobierno se tomó su tiempo, porque era un proyecto que tenía cierta complejidad y por eso entró en consulta en varios ministerios, pero no me atrevería a decir que hubo alguna presión que fuera más allá de los comentarios que nosotros escuchamos. Por supuesto que hay gente esto le molesta, porque dicen que esto ha funcionado, y creen que hay que fortalecer a la DGA, construir unos embalses y se acaba el problema. Esas son opiniones pero aquí no hubo lobby de empresarios por parar esto. Nosotros quisimos hacer bien las cosas.

Esta delegación tenía que entregar un informe sobre su trabajo, pero, a diferencia de lo que hizo por ejemplo la Comisión para la Descentralización, aquí no hubo sitio web ni publicación del informe. ¿Estaba contemplada esta etapa dentro de su trabajo?

No. Estaba contemplado que yo tenía que entregarle a la presidenta un informe en junio. Nosotros cumplimos con eso. Esa propuesta tenía tres componentes: primero, la emergencia, y cómo afrontarla con medidas concretas en periodos complicados como el que estamos viviendo, pero al mismo tiempo con propuestas de más largo plazo; segundo, revisar la institucionalidad y hacer una propuesta de avanzar hacia algo diferente, o bien reordenar la institucionalidad para derechamente contar con algo nuevo; y tercero, hacer las propuestas de modificaciones legales.

Yo dependo del ministerio del Interior. Me contrataron y me dijeron que tenía que armar un equipo. Nosotros somos un grupo bastante pequeño, de seis personas. El ministro me planteó la conveniencia de contar con coordinadores regionales. Pero esta figura, que también la contratamos nosotros y es con cargo a esta partida, la nombramos nosotros aunque funciona junto al intendente. Hoy día tenemos en diez regiones, pero fuimos de a poco. Lo fuimos viendo con cada uno. Su tarea, tal como dice su título, es coordinar servicios públicos que trabajan en terreno los temas del agua, que es más o menos la misma pega que hago yo. Yo me junto con los directores nacionales de la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas), la DGA (Dirección General de Aguas), de la CNR (Comisión Nacional de Riego), y tratamos de articular el esfuerzo público en esa materia. Nosotros no somos otra institución del tema hídrico, no sustituimos a las otras instituciones. Nosotros tratamos que ellas, que son como cuarenta, estén más o menos ordenadas, coordinadas y articuladas.

Uno de los anuncios presidenciales era declarar el agua como un bien nacional de uso público a nivel constitucional. Actualmente, esa declaratoria existe en el Código, pero se dice que es letra muerta, ¿comparte esa apreciación?

La definición de bien nacional de uso público está en el artículo 5, y habla de que los titulares a los que se les otorga el derecho de aprovechamiento pueden usar y beneficiarse de eso. Después el sexto le agrega otro atributo, que se puede disponer del recurso y que los titulares tienen derecho de propiedad sobre el mismo. Entonces, al tener los tres atributos que puedes usar, gozar y disponer, lo transformas en un bien principal y lo puedes vender. Eso lo protegen todos los artículos pertinentes de la propiedad privada que están en la Constitución, y ahí no está definido que el agua es un bien nacional de uso público.  Entonces te protege la Constitución, y este bien nacional de uso público queda en un rango inferior. Ahí está el desbalance.

Nosotros decimos que si a lo menos la Constitución lo reconoce, quedan en igualdad de condiciones tanto el derecho de propiedad como el bien nacional de uso público. Pero nosotros queremos ir más allá, obviamente. Porque esa fue la reforma que presentó en enero de 2010. Ella  la presentó como reforma constitucional, pero después vino el gobierno de Piñera y no se movió nada el tema. Ahora se resucitó. Nosotros tenemos la decisión de presentar una reforma constitucional que por lo menos equipare las condiciones, pero no puede ser la misma de 2010, porque las condiciones al 2014 no tienen nada que ver. Sobre todo si estamos modificando este sistema de derechos a perpetuidad por uno de concesiones.

Esta declaratoria en la Constitución, ¿qué tan efectiva resulta como medida por sí sola? ¿Requiere de ser acompañada por otras medidas?

No, tiene que ser consistente con esta reforma al Código que estamos proponiendo, donde se cambia este derecho a perpetuidad, a una concesión. Eso también tiene que recogerlo la Constitución. Ahí tienen que conversar estas dos disposiciones. Por eso que nosotros decimos que si no hacemos nada en la Constitución, esto (indicaciones presentadas) podría terminar en el Tribunal Constitucional.

Eso es  por el rango constitucional.

Claro, porque si tú dices que los derechos de aprovechamiento van a pasar a ser una concesión, pero también decimos que van a haber causales de extinción, puede haber un conflicto constitucional. Porque eso no sólo se les puede aplicar a los nuevos, sino también a los antiguos. Eso puede tener una interpretación distinta, que aluda a que a alguien se los otorgaron con el sistema antiguo, y ahí los protege la constitución. Esa persona puede decir ‘tú me estás expropiando y tienes las facultades para hacerlo, pero me tienes que pagar’. Nosotros hemos dicho que aquí no hay ni expropiación ni nacionalización. Hay una extinción de un derecho si no lo usas, lo usas mal o, dijiste que lo ibas a usar para esto y lo usas para otra cosa. Ahí se tienen que establecer esas causales de caducidad que podría afectar también a los antiguos.

Se ha dicho esas causales responderán al interés público, ¿cuáles son esas razones?

El proyecto ya establece algunas. Por ejemplo, a los que se les otorgaron derechos posteriores al año 2005 -a los anteriores es muy difícil-, debían cumplir con disposiciones nuevas como preservar el caudal ecológico. Si aplicamos eso estrictamente, y determinamos que se está usando más de lo necesario para resguardar el caudal ecológico, habrá que adecuarlo aunque los derechos otorgados sean excesivos. Entonces, ahí tendríamos que hacer una reasignación a prorrata, y si con esa redistribución antes tenías 120 y ahora tienes 30, bueno, tendrás que aceptar esos 30.

Algunos dicen que eso es expropiación encubierta. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Porque lo que tenemos ahora, en muchas partes, es una sobrexplotación irracional.

También a los que son titulares de los derechos de aprovechamiento, y que no lo han inscrito, se les otorga un plazo perentorio de seis meses para que lo hagan. Eso vale para todos, sobre todo para los del año 2005. La idea es que inscriban en el Conservador de Bienes Raíces, para que nosotros sepamos que esa persona tiene los derechos y que los está usando en alguna cosa. Hay gente que no los inscribe para evitar el pago de patentes por no uso. Son especuladores, básicamente. Tienen los derechos, pero no los inscriben, y así no pagan la patente por no uso.

Otra causal es que si se inscribió para determinada actividad productiva, solicitaste permisos para obras, etc, y si ya han pasado ocho años no hay nada, mientras mantienes los derechos cautivos e impides que otros los ocupen, eso también significará la caducidad.

El problema de la dispersión de instituciones está ampliamente reconocido, ¿qué solución se vislumbra en esta materia?

Hay varias mociones y solicitudes de parlamentarios que se han presentado, que dan cuenta de esto. Algunos hablan de crear un ministerio de recursos hídricos, pero para nosotros eso no está tan claro. Primero, porque eso no existe en ningún país del mundo. También está la idea de crear un subsecretaría del ramo, pero surge inmediatamente la pregunta de en qué ministerio se instala. Unos dicen Medio Ambiente, otros Agricultura, y otros en Obras Públicas. Todo apunta a que ese debe ser el camino, que esté en un ministerio que tenga peso suficiente, trayectoria, capacidad técnica, etc. Lo más cercano a eso es Obras Públicas.

En Perú, por ejemplo, se creó  una subsecretaría pero la pusieron en Agricultura. Esa es una visión muy sesgada, porque el agua no tiene que ver sólo con eso. La agricultura es la que usa lejos la mayor cantidad de agua, pero también se tiene que tener en consideración las cuestiones ambientales, de energía, y en la minería.

La otra alternativa, sería avanzar hacia una transición que siga el ejemplo del ministerio de Medio Ambiente y el de Energía. Ambos partieron con un Consejo de Ministros, que su presidente tenía rango ministerial. Eso después evolucionó a ministerio.

Lo que está claro es que hay que hacer algo con esta dispersión. Hoy día (lunes) la presidenta habló en la Enagro y se refirió a eso. Habló de las cuarenta y tantas instituciones que hay y que tenemos que ordenar.

¿En eso se contempla una reforma a la DGA?

Eso probablemente va a ser parte de la nueva institucionalidad. No sacamos nada con eso, porque algunos piensan que resolvemos los problemas fortaleciendo la DGA y yo pienso que es más complejo, porque hay otras áreas donde hay problemas, como en las sanitarias, que tienen que ver con el consumo. Ellas tienen un problema porque tienen que salir a comprar derechos al mercado. Eso eleva considerablemente los costos, y como hay zonas donde ya no hay alternativas, queda la opción de las plantas desalinizadora. ¿Quién hace esa inversión? ¿El Estado o las plantas? Si no lo hace el Estado, ¿entonces eso va a las tarifas? No todo pasa necesariamente por la DGA. Seguramente la DGA tendrá un rol importante, pero claramente hoy tenemos mucha dispersión.

Fotos: Juan Luis Escobar. Gentileza Delegado Presidencial para Recursos Hídricos.