Los aplausos del ministro Gómez por denegarle libertad a los presos

El 17 de agosto de 2014 el ministro acudió temprano a una actividad en Recoleta. Ahí, entre otros temas, se refirió al que últimamente le ha estado quitando el sueño: los presos que se portan bien pueden salir en libertad. Al parecer, hace diez años esto no le preocupaba; en 2003 apoyó la ley que lo permite, quizá porque entonces no era ministro. La ley (19.856) señala que las personas que están en la cárcel tienen derecho a una rebaja del tiempo de su condena de dos meses por año si se comportan de modo «sobresaliente».

Lo que Daniel Concha leyó en el diario ese 17 de agosto no lo tomó por sorpresa; desde principios de año había visto como sus compañeros que tenían derecho a salir gracias a la reducción de condena seguían en la cárcel. Entonces Daniel Concha, que es un hombre informado, se dio cuenta de que el Ministerio estaba rechazando sistemáticamente sus decretos de liberación, y que eso era algo que él debía apuntar.El problema es que el documento habla indistintamente de derecho y de beneficio, y, por algún motivo, al ministro le gusta más la palabra beneficio. Así que en su actividad señaló que «los beneficios penitenciarios […] que signifiquen aumentar la prontitud de la libertad tienen que cumplir requisitos especiales». ¿Y qué quiere decir alguien cuando dice que algo es especial? Generalmente, que ese algo es distinto de los otros algos que lo rodean, en este caso, de los requisitos que la ley estipula que tiene que cumplir un preso para que su condena sea rebajada. Y la ley dice que los requisitos que debe cumplir ese preso son, en realidad, un requisito: su comportamiento debe ser calificado de sobresaliente durante al menos un año.

Por supuesto, la cosa no anda al lote; la ley establece criterios para juzgar dicho comportamiento. Los criterios son: estudio, trabajo, rehabilitación y conducta. Los dos primeros se miden mediante la asistencia a cursos y talleres, mientras que los dos últimos lo hacen, curiosamente, a través de una «voluntad» y un «espíritu»; voluntad de someterse a terapias clínicas, y espíritu de participar positivamente en la vida social y comunitaria.

Daniel Concha Valdés estudió, trabajó y, a su juicio, tuvo la voluntad y el espíritu que la ley le pedía que tuviera. Así que, luego de cuatro años comportándose de forma sobresaliente, consiguió que su condena fuera rebajada en ocho meses. El 21 de agosto, cuatro días después de la actividad del ministro, por fin iba a dejar la Penitenciaría. Huelga decir que las declaraciones del titular de Justicia no le cayeron muy bien.

Pero en realidad lo que Daniel Concha leyó en el diario ese 17 de agosto no lo tomó por sorpresa; desde principios de año había visto como sus compañeros que tenían derecho a salir gracias a la reducción de condena seguían en la cárcel. Entonces Daniel Concha, que es un hombre informado, se dio cuenta de que el Ministerio estaba rechazando sistemáticamente sus decretos de liberación, y que eso era algo que él debía apuntar. En un cuaderno amarillo empezó a detallar todas las disposiciones legales que guardaban relación con la rebaja de condena, las arbitrariedades con que se estaban ejecutando y los nombres de los presos que estaban siendo afectados por ello.

Así que Concha, que también es un hombre precavido, se contactó con los abogados de LEASUR y, tal como sospechaba, llegada la fecha tuvo que quedarse en prisión. Paralelamente, la Defensoría Penal Pública (DPP) interpuso un recurso de amparo en su favor, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, y Daniel Concha pudo salir en libertad. Dejó la Penitenciaría el 17 de septiembre, casi un mes después de la fecha en que tenía derecho a hacerlo. El motivo: según la Secretaría Regional Ministerial, no cumplía con los «requisitos especiales» invocados por el ministro, entre otros, un «nivel de integración y apoyo familiar» adecuado.

Pero la familia de Daniel Concha lo visitaba a menudo, a pesar de todos los esfuerzos que hacía el sistema para disuadirla. Por ejemplo, además de las filas interminables donde, si alguien hablaba los castigaban a todos con más tiempo de espera, su mujer tuvo que botar las sandalias a la basura después de cada vez que pisó el suelo del gimnasio y volver a su casa sin verlo porque la ropa que traía puesta no era la apropiada. Su hija, en tanto, tuvo que «agacharse» en reiteradas ocasiones para que los gendarmes comprobaran que no traía drogas escondidas en el ano. Y esto, a pesar de que hoy existe la tecnología apropiada para hacerlo sin que nadie se desvista.

Al respecto, Daniel Concha se pregunta por qué los gendarmes tienen que tratar a las visitas de la misma manera en que tratan a los presos. Como si prodigarles un trato vejatorio a los presos fuera algo natural.

Además del apoyo familiar, la Seremi le puso mala nota a Daniel en el ítem «voluntad». Pero, como para atender a los cinco mil cuatrocientos internos que actualmente cumplen condena en la Penitenciaría existen apenas veinte psicólogos ?ninguno de los cuales hace «terapia clínica»? Daniel no tuvo ocasión de demostrar que su voluntad era férrea en lo que a terapia se refiere. En el trabajo tampoco le fue muy bien: quizá la Seremi consideró que el número de monederos de cuero que había confeccionado en la celda de 2 por 2,8 metros donde vivía con otros cuatro presos no era suficiente. Y no es que Daniel sienta especial atracción por la artesanía, sino que, como el recinto penal no cuenta con la infraestructura necesaria para desempañar otros oficios, Daniel Concha tuvo que convertirse en un experto marroquinero.

No sabemos si el ministro recibió aplausos después de anunciar su medida, pero supongamos que así fue. ¿Y quiénes pueden haber sido los que aplaudieron? La gente de derecha, lógicamente, porque a la gente de derecha la delincuencia nunca le ha gustado. De hecho, probablemente la delincuencia sea lo que menos le gusta a la gente de derecha. Pero ¿y la gente de izquierda? Como se sabe, la gente de izquierda siempre ha dicho que hay que abordar el problema de la delincuencia desde una perspectiva integral, como un problema, digamos, que le atañe a la sociedad en su conjunto.

Así que el ministro tuvo que buscar la forma de conseguir que la gente de izquierda también lo aplaudiera. Y la encontró. Dijo que «la extrema independencia» de la Comisión permite que los violadores de derechos humanos condenados a cadena perpetua salgan libres, algo que «si fuera una decisión que parte de la autoridad, a lo mejor, sería diferente». Sin embargo, la preocupación del ministro no tiene asidero: cuando se trata de personas condenadas a presidio perpetuo, la ley establece expresamente que estos beneficios «no tendrán lugar en caso alguno».

Pero como eso es algo que la gente de izquierda no sabe, el ministro salió airoso de su actividad en Recoleta y, de paso, se liberó de la responsabilidad que le cabe en el hecho de que los violadores a los derechos humanos cumplan sus condenas en cárceles de lujo.

A pesar de esto, Daniel Concha salió en libertad.  La Corte de Apelaciones acogió el recurso de amparo que interpuso en su favor la DPP. Por orden del ministro, ya no es la Comisión de Reducción de Condena la que debe decidir si un recluso merece salir de la cárcel, sino la Seremi de Justicia, que desde ahora tiene que evaluar nuevamente los antecedentes que la Comisión ya ha evaluado y, off the record, encontrar las trabas necesarias para que los presos no salgan en libertad. Esta circunstancia ha forzado a los abogados (públicos y privados) a interponer cientos de recursos de amparo en todo Chile, y a las Cortes de Apelaciones a resolver asuntos que deberían ser resueltos en sede administrativa.

En pocas palabras, gracias a la medida del ministro, ahora todos tienen que trabajar el doble: los abogados del Ministerio, Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y las Cortes de Justicia. Incluido Daniel Concha que, como además de informado y precavido es un hombre solidario, todavía anda con su cuaderno amarillo para ver si con la información que ha recopilado puede darles la mano que la Justicia les niega a sus veinte compañeros que todavía no salen de la Penitenciaría.