Chile y el per cápita más alto de América Latina visto desde las regiones: Un espejismo que se desvanece en los territorios

La verdad es que se puede cuestionar el significado de los “23 mil dólares”, al menos, desde tres miradas distintas. La primera crítica es respecto a lo que realmente mide el PIB. Sabemos que es inadecuado como indicador de desarrollo o bienestar. Hace ya cinco años el informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi apuntaba a que un indicador así debía ser integral y multidimensional, cosa que el PIB ciertamente no es. No obstante, si ponemos el foco exclusivamente en el progreso material, tampoco parece ser correcto medir sólo la producción de bienes y servicios, siendo más útil enfocarse en los ingresos y el consumo de los hogares.

La segunda crítica apunta a la experiencia real por parte de las personas de los “23 mil dólares”. Proyectado en ingresos, significa que cada habitante de Chile tendría un ingreso mensual cercano a $1.130.000.-, lo cual sabemos que es irreal. La verdad es que el 80% de los chilenos tiene un ingreso menor a $500.000.- (ver Fundación Sol).

La tercera crítica, que interesa poner de relieve aquí, porque lleva las otras dos al lugar concreto en el que las personas despliegan su vida cotidiana, es la relativa a la distribución territorial del PIB. Asumiendo que lo que mide es la capacidad productiva de un país, ¿qué realidades esconde ese promedio nacional? ¿Cuánto corresponde a cada región? La revisión del PIB regionalizado (cifras del Banco Central de Chile para el año 2013), nos indica que en realidad conviven distintos países en el territorio nacional.

Sólo cuatro regiones suman el 76% del PIB nacional: Región Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Biobío, siendo la primera la que aporta el 49%. Como contrapartida, las regiones que menos representan son Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota, que en conjunto suman el 0,2% del total nacional. Analizando los valores per cápita (con estimación poblacional de INE a 2013), el país “en el umbral del desarrollo” en realidad correspondería sólo a la región de Antofagasta (por su alto volumen de producción –del cual el 62% corresponde a minería- y relativamente baja población).

Estas desigualdades se replican a nivel territorial en diversos ámbitos, como educación, salud, pobreza y otras. Por ello, las políticas públicas deben poner atención en el desarrollo de las regiones y proveer los bienes públicos necesarios para que surjan dinámicas virtuosas. La desigualdad territorial requiere avanzar en políticas de convergencia y cohesión territorial, las cuales suponen ciertamente dar pasos en descentralización, pero no se acaban en ella, siendo fundamental fortalecer las capacidades y activos de los territorios y de su población, organizaciones y empresas, para que puedan hacer una contribución decisiva a su progreso y bienestar, de manera que el espejismo llegue algún día a convertirse en realidad, experimentado por las personas en el lugar en el que viven.