El feminismo confronta opiniones por proyecto de despenalización del aborto

El vaso medio lleno…

«El proyecto reconoce que el Estado no puede seguir rehuyendo la situación que viven distintas mujeres en el país»

Por Claudia Dides, Directora Ejecutiva de la ONG Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo – Miles

En MILES desde 2010 nos planteamos la idea de reflexionar y actuar -en un contexto de demandas sociales frente a las inequidades y atropellos en la sociedad chilena- para lograr la interrupción legal del embarazo en al menos tres casos, puesto que la legislación actual restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción, afectando el pleno ejercicio de estos y su capacidad de decidir en ámbitos que pertenecen a su intimidad y desarrollo personal. Siempre hemos postulado que forzar a una mujer a que culmine un embarazo que pone en riesgo su vida y su salud, supone atentar contra su libertad, su dignidad y su derecho a decidir e impone el deber de poner la vida del que está por nacer sobre el derecho a su propia vida. Frente a esta realidad y de acuerdo a las investigaciones realizadas coincidimos en ese momento que existía una posibilidad de poner en la agenda pública una demanda de tantos años de las mujeres chilenas. En esta perspectiva planteamos que se podría legislar por razones terapéuticas en el caso de riesgo de vida y salud de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y en el caso de violación.

Diversas encuestas nos dieron la razón, partiendo por la encuesta de Dides, Benavente, et al de FLACSO realizada en el 2010 donde sobre el 65% las mujeres y hombres chilenos apoyaban las tres causales. Luego se sumaron las encuestas de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Adimark, CEP llegando esta última a plantear por sobre el 70% el apoyo a las tres causales.

Consideramos también relevante que en Chile era legalmente y socialmente aceptado interrumpir un embarazo para proteger el derecho a la vida y la salud de las mujeres hasta 1989, luego que fue derogado por la Dictadura Militar sin consulta ciudadana.

La legalización de a lo menos estas tres causales de interrupción del embarazo es una deuda y tarea pendiente en la construcción de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, que el Estado y los diversos gobiernos hicieron oídos sordos durante 25 años.

El proyecto enviado por el Gobierno recoge varias de las demandas, análisis y propuestas que expresamos en el proyecto ingresado en 2013 a través de parlamentarios, puesto que en Chile no existen las iniciativas ciudadanas. Reconoce que el Estado no puede seguir rehuyendo la situación que viven distintas mujeres en el país dado que esto constituye una vulneración a los derechos humanos.

Existen algunas cuestiones que interesa particularmente debatir, por ejemplo no incluye la causal de salud. Esta es de gran importancia puesto que se basa en el concepto de salud de la OMS aceptada por todos los países: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por otra parte, el límite de semanas es una cuestión a discutir debido a que la misma OMS plantea hasta las 22 semanas. Estamos estudiando el proyecto con mucho detalle de sus implicancias en el Código Sanitario y el Código Penal. Respecto a la objeción de conciencia si bien estamos de acuerdo en general, no queda claro qué pasará con las instituciones privadas que reciben financiamiento del Estado y que se declaren objetores de conciencia.

El vaso medio vacío…

“La democracia chilena seguirá recortando a las mujeres la igualdad de género y la de clase”

Por María Isabel Matamala, integrante de la Red de Género de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social – Alames Chile

En el último día de enero, la Presidenta Bachelet cumplió lo prometido en su mensaje 2014. Ni más, ni menos. Tenía la secreta esperanza en cuanto a que su propuesta contribuyera en mayor medida al fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades de las mujeres. No fue así. Reconozco que fue fiel a lo que prometió y al compromiso que asumió toda la Nueva Mayoría durante la campaña que la llevó al gobierno. Cumplió también con las recomendaciones de diversos organismos de Naciones Unidas y con los mínimos estándares de la OECD. Chile será “más moderno” porque habrá rescatado de la ilegalidad problemas de salud biopsicosocial que deberán recibir atención de calidad en los servicios públicos y privados. También, porque habrá resuelto para las y los médic@s el miedo a empatizar con las mujeres que abortan más allá de las tres causales, que les ha llevado a denunciarlas a la justicia, transformando los establecimientos de salud en brazos ejecutores policiales. La confidencialidad por sobre el deber de denuncia estará reconocida por la ley, superando la actual normativa interna del Ministerio de Salud en el mismo sentido, cuyo respeto fue escaso por parte de l@s profesionales involucrados en la atención.

Pero más allá del derecho a la salud, en lo referido al carácter profundamente político de la interrupción voluntaria del embarazo, la democracia chilena seguirá recortando a las mujeres la igualdad de género, y derivado de ello, la de clase. Este ámbito, el del poder efectivo, se ignoró. Con esta omisión– que asumo, nunca fue promesa -, la gran mayoría de las mujeres chilenas, en especial las cien mil que abortan cada año, quedaron al margen del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, que son tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos, según los consensos de la comunidad internacional. El nudo que en nuestro país los mantiene cautivos, no cedió. De esta manera, a las mujeres en tanto sujetas de derechos, su titularidad no les alcanzará para decidir autónomamente sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción.

Los cuerpos humanos constituyen el primer territorio de construcción y ejercicio de poder, el espacio de decisión sobre sí mismas –deseos, opciones y proyectos de vida – a través de lo cual, se desarrollan capacidades para ser personas autónomas, y por esa vía, más libres e iguales. Al soslayarse el debate político del asunto, se limitó la posibilidad de cambio cultural emancipador de la sociedad chilena, asediada por fundamentalismos religiosos y debilitada en su laicidad.

Se repite con insistencia que será un primer paso. La experiencia latinoamericana desmiente este mito. ¿Alguien prometerá un segundo paso durante el debate parlamentario? Mientras pasan los años, la gran mayoría de las mujeres pobres y ricas que abortan en Chile seguirán haciéndolo clandestinamente; las pobres lo harán además en condiciones inseguras, precarias y desprotegidas.