Lo político de la Asamblea Constituyente

Actualmente, el problema de la Asamblea Constituyente y la Constitución se encuentra en el terreno enemigo. No sólo en el sentido de que su realización sea un asunto que debe decidir un gobierno ajeno, sino en un sentido más profundo que debemos combatir para sacarla de dicho terreno.

En esta discusión es fácil caer en la tentación de intentar resolverla con las anteojeras de la dominación. Es decir, con las categorías, preocupaciones y acciones que nos impone la dominación. Este peligro se expresa en 2 asuntos, al menos, que no son (o no deberían) ser el problema:

1) El asunto de la forma y el procedimiento, esto es, toda aquella discusión sobre cómo lograrla: unos proponen un plebiscito forzado por aplicación del artículo 128 de la Constitución (tesis Atria); otros un plebiscito especifico implementado en alguna de las próximas elecciones (sectores progresistas), etc., y

2) El asunto del programa, es decir, toda esta elaboración propia de la izquierda de que el conjunto de las demandas sociales tienen un punto de llegada que aparece como “la única solución: nueva Constitución”. Es decir, una concepción del momento constituyente como una suerte de agregación de demandas parciales.

Ambas aproximaciones – la forma y el programa – son aproximaciones superficiales del problema, funcionales a la dominación, pues no nos permiten ver el problema material y político de la discusión sobre la Nueva Constitución y la Asamblea Constituyente.

La Constitución Política de un Estado es mucho más que su texto, y el significado del texto contenido en ella. Carl Schmitt (un pensador alemán, cuya teoría inspiró la Constitución de la República de Weimar, y que finalmente terminó apoyando al nazismo) distinguía entre leyes constitucionales y la Constitución. Los temas antes mencionados se refieren a las leyes constitucionales, pero, en ningún caso a la Constitución.

La Constitución es la concreta manera de ser de una unidad política existente. Es el producto de una decisión soberana, explicita y manifiesta de la unidad política de un pueblo. Es un todo unitario.

De este modo, liberarse de las anteojeras de la dominación implica ver la Asamblea Constituyente no tanto como un profundo y genuino ejercicio de democracia (el más importante y único de nuestra historia), sino principal y fundamentalmente como un escenario más de la lucha política, o puesto en términos históricos, una fase más de la lucha de clases, en que lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra propia unidad política y sobre todo nuestra propia constitución como clase subalterna, es decir, nuestra existencia como clase autónoma, con cabeza, dirección y representación política propia.

Cuando Lenin decía que no hay clase sin partido se refería al momento en que la clase trabajadora deja de ser clase en sí, es decir, que se reconoce como tal, y aún más, adquiere grados de conciencia política en que pasa a ser una clase para sí, esto es, cuando adquiere conciencia de su presencia y posición en la historia y asume como propia la necesidad de conquistar el poder, dirigir al Estado, y construir un bloque hegemónico.

Cuando de Constitución hablamos entonces, no hablamos sólo del rayado de cancha o las reglas del juego, es ante todo el partido mismo, que como tal no se encuentra sustraída de la política, sino que deberá ser la expresión material de ejercicios de fuerza de actores sociales y políticos que pretenden imponerse en la lucha política, para convertirse en poder constituyente.

El Poder Constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y la forma de la propia existencia política.

No es un derecho adquirido del pueblo dotarse de una propia Constitución, sino que es un problema político material del que debemos hacernos cargo quienes adscribimos de manera seria y genuina a la tradición democrática, despojados de las categorías del liberalismo político que pretenden colonizar nuestras mentes de mecanismos y formas, de leyes constitucionales carentes de sustantividad política.

Chile es uno de aquellos casos en que nuestra Constitución se funda en un poder constituyente diferente del pueblo, y aún más en que las reglas que conforman nuestra unidad política son normas que pretenden no habilitar al pueblo para actuar, sino “neutralizar su agencia política” (Atria, La Constitución tramposa, 2013).

Nuestra Constitución vigente es el producto de la especial interpretación que hizo Jaime Guzmán de la obra de Carl Shmitt. Tomando la idea de que la Constitución es el concreto modo de ser de una unidad política existente, llega a la conclusión de que la Constitución de 1925 no puede ser simplemente reformada para producir una nueva unidad política, sino que dicha unidad debe ser destruida por una voluntad política que se atribuya el poder constituyente: el poder de dictar una Constitución.

Guzmán sostuvo que la Junta Militar se auto-atribuyó el ejercicio del poder constituyente en los DL nº 1 y 128 de 1973 al señalar que respetará la Constitución y las leyes en la medida en que la actual situación del país lo permita para el mejor cumplimiento de los postulados que ella misma se propone (art. 3°). Claramente, ello significó legalizar formalmente el sometimiento del Derecho vigente al poder fáctico asumido por la Junta (Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, 2000). Ese fue sólo el primer paso, luego vino toda la obra de la dictadura que tuvo por objetivo neutralizar la agencia política del pueblo.

La destrucción de la Constitución de 1925 suponía el desmantelamiento de las bases sociales y políticas del Estado Nacional-Popular del siglo XX. Esto se logró sobre la base de 3 procesos: Primero, la abierta represión de la izquierda política; Luego, la desarticulación de las bases sociales de dichos partidos, mediante el Plan Laboral y otros cambios, que desdibujaron el rol de la clase obrera y la clase media asociada al empleo estatal, lanzada a engrosar la burocracia de servicios privados. Y, finalmente, la desarticulación social promovida mediante la subordinación de la sociedad al mercado y sus lógicas, a consecuencia de la privación de derechos sociales. Todo ello tenía por objeto lograr lo que el propio Guzmán reconoció de forma explícita en 1979:

“Si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”(Jaime Guzmán, El camino político, en Revista Analisis, 1979).

Dicha operación debemos dejar de verla como la expresión de un totalitarismo exacerbado, o como una obra macabra. Debemos verla como una fina y propia operación política en el más puro del concepto: la lógica amigo-enemigo que el mismo Carl Schmitt nos enseña.

Pero, para producir una nueva Constitución no basta con destruir la anterior, sino que la destrucción de ella es consecuencia de la emergencia de una unidad política nueva. La nueva unidad política que produjo el Golpe no fue sino la que Nelson Gutiérrez (líder del MIR Político) denominó como la “unidad política burguesa”. La importancia política de Pinochet fue lograr producir la unidad política de la clase dominante. Unidad de la cual careció en siglos anteriores y que no pudo lograr sino hasta cuando la Unidad Popular amenazó la existencia de la burguesía en cuanto clase. La consolidación de la república burguesa, y la victoria estratégica de la clase dominante sobre el pueblo se selló con el triunfo del NO y el posterior primer gobierno de Aylwin, dando inicio al actual ciclo político de la transición y a su aparato político central: la Concertación, que aún no se supera.

Hoy el problema central a resolver para proponernos una Asamblea Constituyente y derechamente una nueva constitución, por tanto, es el problema de la unidad política del pueblo. Una unidad política que no se construye por fuera de la política, sino que en la lucha política. Es decir, destruyendo a los aparatos políticos de la transición y las formas como ejerce su dominio. Si no será eso, cualquier proceso constituyente será un momento gato-pardista: cambiar todo, para que no cambie nada, incluso por nuestros propios errores.