Textos Escolares: El millonario negocio que llena los bolsillos de las editoriales

Que marzo es uno de los meses más difíciles para el bolsillo, lo saben todos los chilenos. Pero quizás quienes más sienten las dificultades económicas en este periodo, son las familias que tienen a sus hijos en colegios subvencionados o particulares, especialmente aquellos en que la lista de útiles y de textos escolares atenta directamente contra el presupuesto mensual.

Si bien el Ministerio de Educación reparte cada año libros gratuitos a más de 3 millones de niños para apoyar los planes de formación que exigen las autoridades del ramo , aún hay muchos colegios que solicitan o exigen textos adicionales, los que promedian un valor de entre 25 a 30 mil pesos cada uno.

Por ello, no es raro que cada grupo familiar termine desembolsando más de 100 mil pesos por cada hijo sólo en la compra de textos escolares.

Sin embargo, el tema ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de varios actores del tema educacional, desde expertos del área hasta los mismos padres.

¿El motivo? No sólo el costo, sino la justificación para adquirir textos distintos a los del Ministerio. Según han denunciado en varias oportunidades los mismos padres afectados por dichas prácticas, no hay diferencias sustanciales entre los textos del Gobierno con los que deben adquirir por altas sumas en las editoriales.

Según estimaciones, las editoriales que publican los libros que reparte el Ministerio de Educación, obtienen ganancias de entre 200 a 300 millones de dólares.

La exigencia de parte de algunos establecimientos no es ilegal. La normativa establece que cada colegio debe contar con la aprobación del Centro de Padres y Apoderados respectivo para demandar la compra de textos adicionales. Incluso en aquellos casos en los que dichos libros son elaborados por las mismas editoriales que le prestan servicios al Estado para la confección y edición de los textos entregados por el ministerio.

Entonces, la duda natural es ¿hay diferencias que justifiquen dichas recomendaciones?

La palabra de varios padres, establecimientos y expertos educacionales es, categóricamente, no.

Para Loreto Jara, profesora de Historia y  miembro del Centro de Liderazgo Educativo de Educación  2020, “en general, no existen grandes diferencias entre los textos entregados por el Ministerio y los textos de las editoriales” y según su perspectiva “esto obedece a que los textos escolares, considerando que son un apoyo al quehacer docente, están basados en el currículum nacional, por lo tanto, para un mismo curso, los ejes temáticos (contenidos) a abordar son únicos. También lo son los énfasis didácticos o disciplinares que supone la enseñanza de determinada disciplina”.

Jara agrega que donde efectivamente existen diferencias es en la cantidad y calidad de páginas, siendo de mejor factura los ejemplares adquiridos directamente en librerías. “Los textos que reparte el ministerio suelen tener menos páginas y estas son de menor calidad, lo mismo que las tapas o el encuadernado. Pero lo que está ‘dentro’ del libro, es básicamente lo mismo” aseguró.

Para la integrante de Educación 2020, en el negocio que las editoriales sacan de esto no hay “ilícitos”, ya que según afirma, los procesos de licitación para los textos son “muy rigurosos”. Los  problemas son más bien “éticos”.

“El problema ‘ético’ se genera cuando una editorial ha hecho un libro para presentar a la licitación, lo gana y por tanto publica imprime pero, en paralelo, hace de ese libro una versión 2, aumentada, corregida, modificada, ‘enchulada’, y la vende a los privados, bajo su mismo sello editorial o utilizando otra marca comercial. En ese caso, estarían ganando por partida doble, lo que constituiría un negocio, por decir lo menos, cuestionable”, indicó.

Una opinión similar es la que entrega Juan Colil, profesor de Historia y director del Colegio Raimapu de La Florida. El establecimiento subvencionado no solicita textos adicionales a sus apoderados ya que “esos son textos de apoyo, en los que los profesores recomiendan algunos capítulos, sobre cosas que les interesan”, y agrega “aunque no conozco los detalles, sé que es un gran negocio para las editoriales”.

“Yo creo que es muy bueno que el Estado distribuya los textos, pero no me parece que en algunas partes la gente los desechen y pidan textos a privados”, indica Colil.

Colil advierte eso sí que para el caso específico de la asignatura de Inglés, sí solicitan textos “porque nosotros empezamos con el ramo en 1° básico, pero el ministerio empieza más tarde. Ahí se produce un desfase y por eso las profesoras seleccionan un texto en particular”.

Por su parte, Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados (Corpade) afirma que “desde el punto de vista de la decisión que uno toma como padre o apoderado, no tiene ninguna diferencia respecto de lo que el niño va a poder lograr en un año de escuela, entre uno que es absolutamente gratuito entregado por el ministerio, y otro que cuesta alrededor de 20, 25 y hasta 30 mil pesos”.

El impacto económico para el bolsillo de miles de familias durante marzo no es menor. Según estimaciones de Sernac, el ítem gastos escolares representa un 80% del presupuesto familiar, por lo que la exigencia de textos escolares es un tema que complica severamente a la economía doméstica.

Denuncias

Según datos de la Superintendencia de Educación, durante 2014 se recibieron en total 218 denuncias por exigencias indebidas de parte de distintos establecimientos educacionales, entre las cuales se cuentan los libros escolares adicionales y la solicitud expresa de adquirir útiles o uniformes escolares con proveedores determinados.

49 de dichas denuncias conciernen a exigencias de textos escolares distintos a los que entrega el Ministerio, correspondiente al 23% del total. Otras 142 denuncias reclamaron por solicitud de marcas específicas para útiles escolares o uniformes confeccionados por proveedores específicos, 65% del total de denuncias.

La información actualizada para el año en curso será entregada por dicho organismo este jueves, según informaron desde la Superintendencia.