Desaparecieron cientos de petroglifos en construcción de tranque de Pelambres en Caimanes

Es quizás el mayor daño arqueológico en Chile y está a punto de quedar en completa impunidad. Se trata de cerca de 200 petroglifos que permanecen extraviados, tanto físicamente como en los documentos que alguna vez dieron cuenta de su existencia. Una trama de incumplimientos, negligencia y falta de protección en el que están involucrados la Minera Los Pelambres (MLP), el Consejo de Monumentos Nacionales y ex funcionarios de gobierno.

Todo se remonta a condiciones estipuladas en el momento en que el proyecto recibió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 038 en abril de 2004. Según consta en la página 10 de dicho documento, bajo el subtítulo “Respecto del patrimonio cultural”, Minera Los Pelambres, propiedad en un 60% del grupo Luksic a través de Antofagasta Mineral, debía construir un parque rupestre en el Monte Aranda, donde serían trasladadas las piezas arqueológicas que fuesen extraídas ante de la construcción del tranque de relaves El Mauro.

Dicho parque aún no está montado, y diversos informes confeccionados sobre la cantidad de sitios arqueológicos y piezas con petroglifos dan cuenta de una discrepancia sospechosamente urdida para extraviar el paradero de dichos vestigios culturales.

En julio de 2004, el arqueoastrónomo Patricio Bastamente asumió el estudio encargado por la empresa para verificar las indicaciones de los sitios arqueológicos detallados en el único informe que existía hasta aquel momento. Dicho estudio lo había realizado el arqueólogo del Museo de La Serena, Gastón Castillo, y declaraba la existencia de un centenar de petroglifos y más de medio centenar de sitios arqueológicos.

Sin embargo, al poco andar, Bustamante identificó al menos 10 petroglifos que no estaban en el informe, y varios sitios sin declarar. “Cuando llegué allá me di cuenta que el informe era absolutamente incompleto, que faltaban muchos sitios y petroglifos por declarar, lo que provocó que el Consejo de Monumentos Nacionales rechazara el informe que había presentado la Minera”, detalló Bustamante.

Ello provocó la realización de un nuevo informe, realizado al año siguiente, en el que participaron 140 arqueólogos y 100 estudiantes de arqueología. Dicho informe, que costó US$ 5 millones, significó que se extrajeran de su emplazamiento original a 148 sitios arqueológicos, en que se removieron toneladas de piezas, cerca de 500 rocas y petroglifos.

Dichos resultados tenían que ser publicados por parte de la minera en un libro, folletos u otros elementos de difusión, según detalla la RCA 038, pero Minera Los Pelambres nunca cumplió con dicha disposición, tal como consta en el informe de la Contraloría General de la República del año 2012.

“Cualquier estudio requiere de un informe final. Ese informe nunca existió, me lo ocultaron durante años y falsearon la información. Dijeron que sí me  lo habían entregado; le mintieron al Congreso Nacional, al Ministerio de Educación, y a la Presidencia de la República, porque recurrí a todos esos organismos para que me entregaran el informe, pero después quedó claro que en realidad nunca existió”, afirma al arqueoastrónomo, Patricio Bustamente.

La minera, además, entregó información de solo 40 sitios arqueológicos.

Estos incumplimientos, sumados a otros, llevaron a que la Superintendencia de Medio Ambiente multara por 2,3 millones de dólares a MPL, proceso sancionatorio al que la empresa apeló ante la justicia ambiental. Sin embargo, la resolución de la SMA indica en la página 22 que parte de los hechos sancionados se relacionan con la no construcción del parque rupestre en el fundo Monte Aranda, la no habilitación de una sala de exhibición, una sala de arqueología y otra histórica con las muestras obtenidas  en El Mauro, además de la no edición del libro ni los documentos de difusión comprometidos por la empresa en la RCA 038.

La incógnita en torno a los petroglifos: ¿Fueron destruidos o vendidos en el mercado negro?

En todos los incumplimientos anteriormente mencionados, el rol del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) queda severamente cuestionado. Dicho organismo, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), es el que tiene a su cargo la protección y tuición del patrimonio arqueológico.

El informe N°19 de Contraloría emitido en 2006 ya había alertado que MLP había recortado informes arqueológicos que señalaban la pérdida patrimonial que suponía la construcción del tranque de relaves El Mauro. Sin embargo, también involucró al profesor de historia Gonzalo Ampuero, miembro del Museo de La Serena y Visitador Regional del Consejo de Monumentos, quien aprobó el proyecto de la minera sin el respaldo de los informes necesarios.

Tras las solicitudes hechas por Patricio Bustamante para que se investigaran las responsabilidades, Contraloría emitió en agosto de 2010 el informe de un sumario administrativo que estableció que tres miembros de la Dibam trabajaron ilegalmente para MLP: Cristian Becker, Gastón Castillo y Gonzalo Ampuero.

Este último, como secretario Ejecutivo del Consejo Regional del CMN aprobó el proyecto que había presentado Los Pelambres, y en el cual también participó, violando la normativa legal.

Sin embargo, el paradero de todos los petroglifos sigue siendo una incógnita. Según Patricio Bustamante, las piezas arqueológicas extraídas del fundo El Mauro, en algunos casos, fueron trasladados a las casas de algunos arqueólogos, y posteriormente usaron una casa particular como bodega. “Eso es completamente irregular y así lo hizo ver la Superintendencia de Medio Ambiente. La cantidad de irregularidades es enorme”, resume.

Bustamente tomó más de 100 fotografías en el lugar donde estaban los cajones llenos de material patrimonial, acopiados a escaso metros del relave, con sus embalajes rotos y varios petroglifos fracturados. De dichas imágenes, sólo cuatro fueron aceptadas por el Tribunal de Garantía de Los Vilos como prueba de las condiciones actuales de los petroglifos (ver al final).

El arqueoastrónomo denunció hace dos semanas ante la Dibam que, tras publicar esta información en medios de prensa, recibió a través de Facebook el comentario del arqueólogo Ismael Martínez, quien se identificó como conservador de los restos arqueológicos, y aseguró que tras verificar el estado de conservación, no eran más de 250 petroglifos.

“Nuestra denuncia es que al menos se pudieron haber perdido unos 200 petroglifos. Yo no digo que sea así, pero él dice que había menos de la mitad de los indicados por Contraloría. Yo pido que se investigue, pero no sé qué irá a pasar porque muchas veces pasa que hago los denuncias y no hay resultados”, afirmó Bustamante.

El investigador afirmó no entender “cómo pasa piola una discrepancia tan grande” entre las cifras de los informes oficiales y las entregadas por la minera”, que sólo informó sobre 40 sitios arqueológicos, cuando se trataba de 148. “(La diferencia) es demasiado grande como para que sea un accidente, y que sean cerca de 200 petroglifos los desaparecidos, es una diferencia aún mayor. Si fueran dos o tres, podría pensar que es un error de transcripción, pero menos de 250 de un universo de 500 se demasiado”, explicó.

“Cuando al papá de la ex ministra de Bienes Nacionales lo vieron haciendo una rayita con una piedra a un Moai, lo amenazaron con cárcel y tuvo que pagar 5 millones de pesos. Aquí estamos hablando de la posible desaparición de 200 petroglifos, de 108 sitios arqueológicas, de miles de piezas y toneladas de material arqueológico, y no se sabe nada”, criticó Bustamante.

Finalmente, el académico alertó sobre el posible tráfico de piezas arqueológicas en este caso. “Después del tráfico de drogas y de armas, el de material arqueológico es el más grande. (…) Nosotros hicimos la denuncia por posible apropiación ilícita. La RCA autoriza el traslado de dicho material sólo a Monte Aranda, el parque rupestre. Cualquier pieza que no esté ahí hoy día, está en un sitio ilegal”, concluyó.

El Desconcierto se comunicó con el Consejo de Monumentos Nacionales, pero el organismo no respondió satisfactoriamente ante la solicitud respecto del sumario administrativo que se desarrolla en torno a las responsabilidades de sus funcionarios en este tema.