Adolfo Zaldívar: Los vínculos del “corrector del modelo económico” con SQM y Angelini

Adolfo Zaldívar fue junior de Anacleto Angelini. Aquello fue mucho antes de que se convirtiera en senador y presidente de la Democracia Cristiana, de que se erigiera como defensor de la clase media y clamara por corregir el modelo neoliberal, de que precipitara su quiebre con la Concertación y diera empuje al PRI, de que se convirtiera en embajador del gobierno de Sebastián Piñera. Y mucho antes de que actuara como intermediario financista entre SQM y dirigentes del PRI, como consta en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.

En el marco de las pesquisas a los registros de SQM entregados a Impuestos Internos, respecto a la emisión de documentos sospechosos de no corresponder a los servicios enunciados para disimular financiamiento irregular de actividades políticas, el fallecido Zaldívar aparece recibiendo pagos por $20 millones. Pero no sólo eso: aparecen querelladas otras 11 personas vinculadas a ese partido, las que habrían tenido al propio Zaldívar como intermediario, por un total de $329 millones de Soquimich.

El secretario general del PRI, Edmundo Salas Cerda, aparece entregando boletas a SQM por un total de $73 millones. Justifica los montos diciendo que hizo un estudio sobre la realidad aymara y las políticas públicas en Arica, Parinacota y Tarapacá, además de otros sobre la aplicación de la norma ISO sobre responsabilidad social empresarial en la empresa. Dice que todos los encargos, la entrega de los trabajos realizados y los pagos se hicieron a través de Adolfo Zaldívar. Nunca conoció a nadie de Soquimich, tal como afirman otros de los sindicados del partido en el caso.

Junior de Angelini

Hace más de 50 atrás, a comienzos de la década del ’60, un colorín estudiante de derecho de la Universidad de Chile entró a las oficinas del poderoso empresario italiano Anacleto Angelini en la calle Ahumada. Zaldívar le explicó que necesitaba dinero para sus gastos personales y que para ello podía trabajar los veranos. Así, durante dos periodos de vacaciones, el futuro presidente de la DC sería estafeta del que llegaría a ser uno de los hombres más ricos de Chile.

Zaldívar nunca escondió su gratitud por Angelini. Años más tarde, en 2002, desde su asiento en la Comisión de Pesca del Senado, actuó junto a su hermano Andrés para que la llamada Ley Corta de Pesca favoreciera los intereses de Eperva, el consorcio del grupo que poesía un alto porcentaje de las capturas de la zona norte y del que el gerente general era Felipe, hermano de ambos.

En aquella época, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), apoyada por el senador Nelson Ávila y organizaciones como Fundación Terram, solicitó la inhabilidad de ambos senadores en el proceso legislativo, señalando una infracción a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Nº18.918, que en su artículo 5º B dice que “los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”. Según afirmaban, ese artículo había sido infringido por los senadores Zaldívar de manera sistemática en la tramitación de la Ley de Pesca.

El asunto escaló hacia una grave crisis política en la Concertación cuando se conoció que ambos senadores Zaldívar y varios familiares tenían participación en las empresas pesqueras del grupo Angelini, las que, en su conjunto, sumaban al menos 4.656.646 acciones, que correspondían a un monto, en pesos, de $838,2 millones del año 2002.

Se acreditó, además, que cada vez que el proyecto de ley del gobierno de Ricardo Lagos superaba escollos legislativos, las acciones pesqueras de Angelini tenían importantes alzas bursátiles, con lo que simultáneamente aumentaba el patrimonio de la familia Zaldívar y de todos los propietarios de acciones.

Había, sin embargo, algunos bienes superiores que proteger: el proyecto de ley, la posición de las grandes empresas del sector y la relación entre el PPD y la DC, quebrada por el rol jugado por Ávila en sostener la denuncia. Aquella historia terminó con la ley aprobada y con el primer paso hacia la privatización de los recursos pesqueros (por el traspaso a los operadores los derechos de captura), con los senadores Zaldívar intactos en su posición política y con el senador Nelson Ávila fuera del PPD.

Hay que corregir el modelo

Prueba de que Adolfo Zaldívar logró zafar de las graves acusaciones es que apenas un par de años después pudo levantar, con eficacia política y comunicacional, las banderas de “defensa de la clase media” y “corrección del modelo económico”. Ya en el Gobierno de Bachelet, se convirtió en el principal contradictor oficialista del ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien entonces dirigía sin contrapesos el rumbo macroeconómico del país.

Decía Zaldívar, entrevistado por Resvista Ercilla en mayo de 2007, que “hemos venido hablando de esto desde fines del Gobierno de Frei. El año 1999 más o menos. Fue la primera vez que planteamos que había que corregir el modelo, o más bien la forma como se ha aplicado el modelo. Y quiero ser bien preciso: corregir la forma. De este modelo de mercado lo que nosotros queremos es hacerlo social de mercado, claramente, y eso implica que se adecúe a las necesidades de nuestro país. No es lo mismo un modelo de mercado liberal o incluso neoliberal que un modelo de economía social de mercado”.

Por aquel tiempo, otra era la preocupación sobre la relación entre dinero y política: la utilización de gastos reservados para financiar actividades de los partidos de la Concertación, como habían reconocido los ex dirigentes Gonzalo Martner y Jorge Schaulsohn. «No tengo nada que ocultar», afirmó tajante Zaldívar al ser consultado sobre la materia.