El dilema de la gratuidad: perseguir al mercado o transformar la educación

Se ha conocido recientemente que el Ministerio de Educación estaría evaluando establecer un impuesto especial a los profesionales para solventar el alto costo de financiar la educación superior gratuita, una de las principales promesas de campaña que llevaron a Michelle Bachelet a la Presidencia. Interrogadas, las autoridades del MINEDUC han declinado pronunciarse sobre la propuesta, señalando que el mecanismo de financiamiento de la gratuidad aún no ha sido definido, pues se está estudiando el costo involucrado.

La respuesta suena paradójica. Una de las primeras iniciativas impulsadas al asumir el Gobierno fue una reforma tributaria “para financiar la gran reforma educacional que Chile necesita”. Y tras un año, en medio de la tramitación de diversos aspectos de la prometida reforma, el Gobierno revela que no sabe cuánto cuesta la gratuidad de la educación superior y que posiblemente los recursos recaudados a través de la reforma tributaria sean insuficientes.

El episodio no es únicamente un encontrón por la prensa entre opiniones divergentes al interior del Ministerio. Es expresión de dificultades técnicas que es necesario resolver como prerrequisito de cualquier política de financiamiento. El MINEDUC no puede definir cómo financiar la gratuidad mientras no sepa cuánto cuesta la educación. Y, al mismo tiempo, al tratar el costo de la educación como un asunto técnico, orienta su política tras las señales del mercado, que es justamente aquello con lo que la gratuidad pretende terminar.

Es el resultado de haber dejado durante tantos años al mercado fijar el costo de la educación -que ha aumentado sostenidamente sin un crecimiento aparejado de la calidad- lo que dificulta al Estado determinar sus genuinos costos para una calidad adecuada. Mientras siga concibiendo las herramientas técnicas del estado subsidiario como límite, el Gobierno no puede salir del zapato chino en que lo ha encasillado el estado neoliberal.

La historia no es nueva. Las políticas educacionales de los últimos 25 años lo han mostrado con suficiencia: no se pueden resolver las injusticias del mercado con más mercado. Ejemplos sobran, los dramáticos efectos de la competencia por estudiantes, amplificada por el Crédito con Aval del Estado y la Subvención Escolar Preferencial, son por todos conocidos.

El escenario de reformas, abierto gracias a las masivas movilizaciones sociales, pone al Gobierno ante un dilema. Mediante la gratuidad de la educación superior, el Estado puede terminar pagando la cuenta de lo que durante 35 años ha hecho el mercado; o puede encarnar una nueva forma de concebir el derecho a la educación, lo que requiere acompañarla de una verdadera reforma educacional. El país espera lo segundo.

En sentido contrario, la propuesta de financiar la gratuidad de la educación superior a través de un impuesto a los profesionales titulados, en vez de concebirla como una responsabilidad pública, fortalece la idea de que el único sentido de la educación es su retorno individual.

Esta noción se sustenta en una interpretación particular de las teorías del capital humano, según la cual el proceso educativo es una inversión individual que es capitalizada en la persona del estudiante, desconociendo la dimensión social del conocimiento y el aprendizaje. Desde este punto de vista, aparece como coherente que el costo de la educación sea financiado por quién se beneficia de la inversión. En ese esquema, al estado le corresponde únicamente un rol externo, garantizando que el acceso al mercado del capital humano esté abierto a todos y regulado para evitar diferencias extremas de calidad.

La propuesta de gravar con un impuesto especial a los profesionales por su formación en la educación superior no sólo desconoce la dimensión social del conocimiento, sino que hace recaer el costo de la educación exclusivamente en el estudiante, como si fuera el único beneficiado del proceso educativo. Sin embargo, incluso desde el paradigma del capital humano, se sabe que la educación no produce únicamente retornos individuales, sino también retornos públicos.

Quienes proponen el impuesto a los profesionales son conscientes de esto y, a pesar de ello, pretenden que el costo de la gratuidad persiga al estudiante, como si fuera el único beneficiado. En realidad, el sentido de la propuesta es evitar un alza de impuestos a los empresarios, que se juzga políticamente imposible. Es fundamental discutir explícitamente los juicios políticos y no esconderlos tras medidas técnicas. Esto es justamente lo que hacen las tecnocracias, que imperan en Chile desde los 90.

No se puede garantizar el derecho social universal a la educación con los instrumentos del estado neoliberal. Estos instrumentos conciben la educación como un bien privado y en ello recae la incapacidad técnica del MINEDUC de dar una solución pública a un problema público.

La única manera en que el Gobierno puede escapar de su propia insuficiencia técnica es dando vuelta la situación: se trata de dejar de perseguir al mercado y diseñar los mecanismos técnicos en función de un objetivo público.

¿Cuál es ese objetivo público? Terminar con la herencia dictatorial en educación implica devolver al ámbito democrático la formación de nuestros jóvenes, que ha sido por tantos años entregada al mercado. Así, el sentido políticamente relevante de la demanda por gratuidad es sustituir la competencia por democracia y la inversión individual por un proyecto país. Ello requiere concebir a las instituciones de educación superior como parte de un sistema y no como un espacio de interacción entre oferentes y demandantes. Los mecanismos de financiamiento centrados en el estudiante vuelven imposible esa finalidad.

* Javiera Toro es directora de la Fundación Nodo XXI y Camila Miranda es investigadora de su Centro de Estudios.