Alto Mando de Carabineros no investigó a efectivos detenidos por asalto, robos y corrupción

El 23 de junio pasado, los cabos Álvaro Castillo, Celso Concha Morán y Giovanni Seguel Salazar, además del sargento Paulo Vásquez Gutiérrez,  fueron detenido por la Policía de Investigaciones. Su participación en el asalto de la empresa de transportes UPS había quedado registrada en escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía, junto con la facilitazación que propiciaron a los robos del Supermercado Santa Isabel de la calle La Travesía, en Pudahuel, ocurrido el 22 de mayo, y el de la bodega de alimentos de Comercial DCT en Peñaflor.

Todos los detalles los entregó Ciper en un reportaje que evidencia graves redes de corrupción y encubrimiento al interior de la institución. Y es que dichos delitos pudieron evitarse si Carabineros hubiese investigado una denuncia hecha contra una decena de funcionarios hace casi un año.

La denuncia fue realizada ante dos oficiales – uno miembro de la Dirección de Inteligencia (DIPOLCAR) – en abril de 2014, entregando antecedentes que involucraban a una decena de efectivos de la 58ª Comisaría de Estación Central en robos y asaltos. Sin embargo, la acusación quedó ahí. No se inició una investigación a la interna ni se informó al Ministerio Público de la situación. En lugar de ello, la institución resolvió trasladar a diez de los apuntados a otras unidades, entre los que se encuentran los dos detenidos por la PDI: Álvaro Castillo y Celso Concha.

LA «HUESERA»

La 58ª Comisaría de Estación Central fue hasta enero de 2014 una subcomisaría. Según relata el reportaje de Ciper, era «tierra de nadie». Olvidada por los mandos superiores, se había transformado en una «huesera», el lugar donde llega lo peor del resto de las unidades. “Estaba podrida por dentro, los carabineros hacían lo que querían”, cuenta un funcionario que pidió reserva de su identidad.

De acuerdo a los dichos de ex miembros de esa unidad, los efectivos, en virtud de conseguir de informantes, debían entablar estrechas relaciones con delincuentes de la zona: narcotraficantes y asaltantes. La realidad laboral y salarial de los policías, que no habían pasado por al Escuela de Suboficiales y llevaban años en la institución, los tentaba a acercarse al mundo del dinero fácil. Su remuneración, en el caso de los cabos, es de $203.992 -sin incluir bonos ni descuentos-, nada en comparación con una noche buena «en la que te podías hacer hasta dos millones», declara un funcionario.

En enero de 2014 la 58ª pasó a ser Comisaría. Con la llegada de nuevos oficiales se impulsó una lógica «ética» de trabajo que fomentaba las denuncias internas producto de malas prácticas. El mando lo asumió en ese entonces el comisario Jorge Miranda Bulboa. Con esa nueva política de funcionamiento, el cabo Celso Concha Morán realizó una grave denuncia: 12 Carabineros de la unidad estaban facilitando y encubriendo una serie de robos de cajeros automáticos y cajas fuertes de supermercados y servicentros. Los datos entregados por el cabo calzaban con las fechas y hora en que se cometieron los robos, turnos a cargo de los mismos acusados.

DOS BANDAS EN LA COMISARÍA

Resulto evidente para los oficiales al mando que las intenciones de Concha, una fuente no confiable, tenían dobles intenciones. Uno de ellos declara que estaba tratando de eliminar a la «competencia» dentro de la unidad. “En esta comisaría operaban dos bandas de carabineros corruptos que entraron en conflicto o bien todos trabajaban juntos y se pelearon, por lo que Concha y Flores acusaron al resto”.

Los colegas de Concha evitaban realizar procedimientos que afectaran a sus protegidos en las poblaciones del sector. Empero, se llevó adelante un operativo denominado «Plan Cuncuna», consistente en patrullajes matutinos donde todos los transeúntes eran llevamos a la comisaría para la revisión de sus antecedentes. En caso de tener detenciones pendientes o si portaban algo ilegal, eran pasados a la Fiscalía.

La sucesión de estos operativos molestaron al cabo Concha. Las relaciones se tensaron a la interna pues el «rey de la calle» – como lo describen sus compañeros – estaba perdiendo su poderío. Las irregularidades, que primero llegaron a oídos del capitán Spuler, subieron a los superiores. Los antecedes nunca llegaron al Ministerio Público.

La investigación de CIPER señala que los efectivos transferidos desde Estación Central fueron asignados a las siguientes zonas: Puente Alto, Maipú, La Pintana, La Florida, Conchalí, Los Domínicos, Lolol, Pumanque, Coinco y Rapel.

MONITOREO DE INTELIGENCIA

El teniente coronel Alex Chaván, comandante de Departamento de Comunicaciones de Carabineros, señaló que no tenía clara la realización de las denuncias consultadas por Ciper. “Es importante que tengamos claro lo que significa un rumor o una conversación de pasillo, en la cual yo puedo entregar antecedentes que no tienen credibilidad. Nosotros siempre buscamos que cualquier denuncia sea seria”.

Según el oficial, interpelado sobre las denuncias envidenciadas en declaraciones voluntarias de Carabineros, indicó que se estaban realizando monitoreos de inteligencia para detectan las irregularidades. «Estábamos haciendo un monitoreo de inteligencia. No puedo decir sobre quiénes, ni desde cuándo. Sí les puedo afirmar que es con anterioridad a la detención, pero la Ley de Inteligencia nos restringe para dar más información. Este monitoreo se estaba haciendo por situaciones irregulares que afectaban a algunos funcionarios», explicó.