Programa de Derechos Humanos: la tácita renuncia de la administración Bachelet

El «realismo sin renuncia» decretado por Michelle Bachelet el pasado 10 de julio no le puso freno – como a otras reformas –  a su programa en materia de Derechos Humanos. Esta vez no había nada que frenar. El apartado con una extensión de dos páginas siempre se mantuvo en reposo, en una segunda línea – si no tercera o cuarta- dentro de las prioridades de gobierno.

Fueron las revelaciones del ex conscripto Fernando Guzmán, miembro de la patrulla militar que en 1986 quemó vivos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, las que reposicionaron el tema en la agenda pública. Eso, sumado a la ratificación de la Corte de Apelaciones que ordenó al Ejército entregar el listado de todos los ex agentes de la CNI que permanecen activos en la institución, rechazando el recurso de ilegalidad presentado por la misma.

Durante su campaña, la Nueva Mayoría adquirió una serie de compromisos en este ámbito, en tanto se reunió con diversas organizaciones sociales para construir su programa de Derechos Humanos. Una de ellas es la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presidida por Alicia Lira, quien se ha mostrado crítica ante un gobierno que frente al debate por la verdad y la justicia es esencialmente reactivo.

«Llevamos más de un año de gobierno y ninguna de las medidas tan peleadas en base a la movilización se han llevado a cabo», sostiene la dirigenta en conversación con eldesconcierto.cl. Esto, porque la llamada «Política de Estado Explícita e Integral en Derechos Humanos» descrita en el programa no se ha impulsado desde ningún punto de vista. “No han mostrado voluntad de crear esa política, si no una de las primeras cosas que harían sería cumplir con el programa y cambiar la actitud de Carabineros frente a los movimientos sociales», agrega.

Por ejemplo, a la AFEP se le dijo en un principio que con urgencia se tramitaría la derogación del Decreto de Ley N° 2.191 de Amnistía, además del fin de la prescripción y la ratificación de los tratados internacionales que Chile ha aceptado. Sin embargo, el programa solo se compromete a «impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad» de este precepto, «y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o prescripción en materia de responsabilidades civiles».

“El programa es un compromiso con la sociedad y eso no se ha hecho”, afirma Lira.

Los esfuerzos de la administración bacheletista se han concentrado en otros frentes. Las reformas tributaria, educacional y laboral, sumadas al  eje de seguridad ciudadana, han capturado el foco del Ejecutivo. Ausente de la discusión quedó una agenda legislativa con perspectiva de Derechos Humanos, tanto en su nivel histórico como institucional.

Según el diputado del Partido Comunista y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez, «la parte correspondiente a derechos humanos dentro del programa de gobierno era un tema que estaba prácticamente abandonado».

Si no se hubiesen entregado nuevos antecedentes en el denominado Caso Quemados, «hoy no existiría ni siquiera un atisbo de confección de agenda de derechos humanos en nuestro país», aseguró a eldesconcierto.cl.

VERDAD QUE NO SE EXIGE

La búsqueda de verdad, justicia y reparación por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en durante el régimen de Pinochet es una deuda de todos los gobiernos post dictatoriales. A su vez, la necesidad de crear una institucionalidad basada en esos principios también ha sido ignorada por esos gobiernos.

En el caso de la Nueva Mayoría, su programa se comprometía a «continuar con la exigencia de la verdad (…) adecuando la normativa y los medios necesarios para tal objetivo».

Sin embargo, no se han presentado líneas de acción en ese sentido. De acuerdo al parlamentario Gutiérrez, esa nunca ha sido la prioridad de los gobiernos. «Siempre ha sido un tema retórico, pero al momento de estar en el gobierno, hay que gobernar. Eso significa hacerle concesiones a la ‘familia militar'», declara.

Por otro lado, hay quienes sostienen que las garantías son necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Es la posición del diputado del Partido Radical y miembro de la Comisión de Defensa, José Pérez Arriagada: “debería hacer un trato especial y dar todas las facilidades desde el punto de vista legal para quienes quieran entregar información».

«No debiesen ir a la cárcel por entregar información. Si no hay un beneficio en ese sentido va a ser muy difícil que se pueda avanzar. Es obvio que así tiene que ser. Hay que establecer garantías”, agrega en conversación con eldesconcierto.cl.

Durante la jornada de ayer, los miembros de la Comisión de Defensa decidieron de forma unánime citar a los comandantes de las Fuerzas Armadas para el próximo 11 de agosto a las 19:00 horas, en orden de conocer los procedimientos para entregar información relativa a los pactos de silencio.

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN LAS FUERZAS ARMADAS

La educación de las instituciones armadas es otra de las aristas contenidas en el programa de gobierno. Al respecto, el compromiso refiere a «fortalecer la educación en Derechos Humanos en todas las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA, Carabineros y PDI, elaborando una propuesta de actualización curricular que incorpore la formación en temas de DD.HH en su aspecto teórico y normativo, así como formación en los protocolos de actuación».

Hasta el momento, la Doctrina de Seguridad Nacional sigue vigente en Chile. La lógica de esta política exterior original de Estados Unidos es combatir un supuesto ‘enemigo interno’ en virtud de preservar el orden nacional. Oficiales de las distintas ramas siguen realizando estudios Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, ex Escuela de las Américas, y los protocolos de las fuerzas policiales datan de la dictadura.

Para el Coordinador Académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, se trata de la concreción de la «justicia en la medida de lo posible». Avanzar en materias menor costo con tal de no tocar los temas que produzcan mayor tensión que determinados sectores sociales.

«Uno habría esperado en 25 años una política de reforma profunda en la doctrina de las instituciones tanto de seguridad pública, como Carabineros, como en las FFAA, y eso es claramente una materia pendiente. Cuando se inician las protestas masivas en democracia, el 2011 claramente, los protocolos de actuación de la policía son los mismos que la dictadura, es decir represión, detenciones masivas, práctica de tratos inhumanos denunciados por el propio INDH que termina en un conflicto con ellos en el ámbito de la protesta social», señala el académico e investigador.

La revisión de los reglamentos y protocolos de Carabineros es un tema que tomó vuelo luego de que el estudiante de Letras de la UC, Rodrigo Avilés (28), fuese brutalmente agredido por un carro lanzaguas durante la marcha del 21 de mayo pasado. El programa también se compromete a su adecuación a estándares internacionales, pero tampoco se conocen iniciativas en esa dirección.

«Se ha perdido un año en el parlamento para avanzar en la creación de una subsecretaria de derechos humanos (también parte del programa)», argumenta Nash. «Tampoco hay un avance en la creación de una defensa  pública en materia de derechos humanos (otro compromiso programático), en justicia poco,  y con los años se han podido dar algunos pasos más, en materia de reformas a las instituciones armadas prácticamente nada».

Implementar una política de Derechos Humanos resulta incómodo para los gobiernos post dictatoriales. Fortalecer la institucionalidad y y agilizar la llegada de verdad y justicia solamente se trata cuando se está en campaña o cuando la coyuntura lo requiere, una vez que no hay salida de cara a la opinión pública. Chile fue sancionado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras aplicar la Ley Antiterrorista contra activistas mapuche, y el actuar de las fuerzas de Carabineros ha dejado un gran números de lesionados y muertos a lo largo de estos años.

¿Se diseñará una agenda concreta en base a los últimos acontecimientos? La experiencia ha enseñado que siempre los gobernantes terminan capturados por la idea de la estabilidad y la convicción en esta área se derrumba. Sin embargo, no hay justificaciones económicas para obviar este camino.