¿Es compatible la autonomía universitaria con la democracia?

Durante las últimas semanas he participado, como representante estudiantil, en el debate sobre la propuesta de reforma y financiamiento de la Educación Superior.

Comparto la necesidad imperiosa de implementar un nuevo trato entre las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales con el Estado, en vista de los recursos que este puede proveer para el financiamiento de la educación. También es legítimo esperar que sea el propio Estado, en un diálogo transparente con las instituciones de Educación Superior, quien fije las condiciones para poder participar de estos recursos, primero porque los recursos son limitados y segundo porque dado el carácter actual de las mismas instituciones se debe asegurar que los recursos que se inviertan en aquellas universidades, CFTs e IPs, cumplan con estándares objetivos de calidad, inclusión y participación, es decir, que cumplan a cabalidad con el rol social que les corresponde según su propia naturaleza de entidad educativa, de cara al desarrollo del Bien Común en nuestra sociedad. En esta reforma no sólo está en juego el acceso de los sectores más vulnerables a la educación terciaria, sino la construcción de un país más justo, solidario, fraterno, donde la igualdad no sea un mero contenido literal, o un deseo bien intencionado, pero sin voluntad real de cambios. Eso dejémoselo a quienes buscan conservar privilegios o a los que entregan su conciencia social en manos del mercado.

Si bien, se reconoce la potestad del Estado para regular las condiciones del financiamiento de la educación superior, como lo afirmamos antes, nos parece que esta misma potestad se debe ordenar y conducir por una serie de principios como la participación, la libertad, la justicia y la pluralidad social. Tales principios cautelan bienes básicos de nuestra sociedad y de toda organización social, a las cuales el Estado está llamado a asistir promoviendo el desarrollo de sus proyectos en la dinámica de una construcción social del Bien Común.

Como miembro del movimiento Solidaridad, puedo decir que la promoción de estos principios ha sido el horizonte de nuestra actividad política, y son estas mismas ideas las que han orientado mi trabajo como representante estudiantil este año en la UC. Asimismo, son estos lineamientos los que me motivaron a presentar una propuesta de reforma al Honorable Consejo Superior, órgano máximo de deliberación al interior de la UC. Espero que esto sirva de respuesta a los que me acusan de defender un sistema poco participativo, la seriedad de mi trabajo político la puedo mostrar con hechos.

En esta propuesta pido la incorporación como miembros con derecho a voz y voto de los dos representantes estudiantiles, el presidente de la FEUC y el Consejero Superior, que gracias a una tradición del propio consejo son invitados permanentes al mismo, con derecho a voz. A la vez, como parte de nuestra propuesta de reforma pido la incorporación de un representante de los funcionarios de la universidad en el consejo superior –el cual también debiese contar con derecho a voz y voto-. El voto o no voto en instancias de deliberación, si bien no es tema de principio, si considero que fomenta una forma de participación responsable en las instancias  de decisión.

Esta iniciativa no es nueva en el proyecto político de Solidaridad, a diferencia de otros movimientos políticos que recién este año se interesan por el tema. Son varios años en que presentamos, como parte de nuestro proyecto FEUC, la reforma al Consejo Superior; como también reformas al consejo de presidentes de la FEUC, que en la práctica se encuentra cooptado por las elites políticas de la universidad, de izquierda o de derecha. Nuestro compromiso con la democracia no puede ser puesto en duda. Han sido diversas opiniones, que desinformadas y de forma caricaturesca han presentado nuestra posición de manera superficial e irresponsable, sin contribuir al debate de fondo.

No me opongo a formas de democracia interna, como lo demuestra mi propuesta de reforma. Pero si guardo distancia de la implementación de formas de gobierno que no respeten la autonomía universitaria. Siendo que comprendemos este principio como la libertad de cada entidad educativa de buscar y transmitir el conocimiento en diálogo con un cierto proyecto educativo, con plena libertad frente al Estado o cualquier influencia externa –bajo el respeto de los derechos humanos-. Los que acusan falta de autonomía, en nuestra universidad, deberían ser responsables y dar cuenta clara sobre los elementos a los que se refieren, que nos harían perder un elemento esencial de nuestra constitución académica y con ella el pluralismo social.

La potestad de cada institución de definir su propia forma de gobierno, bajo ciertas garantías de participación, es una de las expresiones fundamentales de este principio. Por eso consideramos errada la imposición por parte del gobierno de formas de organización a las entidades educativas.

Algunos quieren que la UC cambie la orientación de su proyecto educativo, consideran que son “las mayorías” quienes deben definir el camino y la identidad de la universidad. Nosotros  consideramos que si bien a la UC le falta mucho aún por crecer en fidelidad al concepto de hombre y de sociedad que promueve y a su identidad católica (sobre todo en temas como inclusión, acceso, integración social) creemos que este proyecto educativo, en sus opciones fundamentales por la dignidad de la persona y por el Bien Común, entrega un alto servicio al país. Y no dejaremos que los intentos forzados de homologación de los proyectos educativos pasen desapercibidos.

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Esta columna fue publicada como respuesta a la siguiente columna publicada el 14 de agosto en eldesconcierto.cl, que aludió directamente a Natalia Valdés:

¿Suplantación o verdadera autonomía?: respuesta a Ignacio Sánchez, Rector Universidad Católica