Chile o el realismo a la medida de los imposibles

Cuando en 1990 nuestro país recuperó su sistema democrático formal luego de 17 años de dictadura militar, las demandas respecto de las deudas pendientes en materia de Derechos Humanos no se hicieron esperar. Pasados los festejos y la alegría inicial por la derrota en las urnas de un gobierno que buscaba perpetuarse ocho años más en el poder, alcanzando así el cuarto de siglo al mando del país, la expectativa social comenzó a hacer sentir su presión sobre la administración de Aylwin, quien luego de algunas demostraciones de fuerza armada ante posibles investigaciones que pudiesen perjudicar al Ejército (“ejercicio de enlace”, “boinazo”), optó finalmente por darle “gobernabilidad” al país aduciendo “razones de Estado”, acuñando una frase que se transformó tristemente en el sello de este nuevo periodo en la vida política nacional: “en la medida de lo posible”. Concepto que, de la mano de la naciente “política de los consensos”, dio paso a una lógica de transacciones, concesiones y olvidos que marcaron pauta y definieron un estado de cosas mantenido hasta el día de hoy, en distintas áreas de la vida política nacional.

Con el último cambio de gabinete a través del cual Bachelet entregó una señal en relación con el giro que adoptaría el proceso reformista comprometido en su programa de gobierno, la mandataria estrenó otra frase para el bronce, de idéntica naturaleza a la anteriormente citada: “realismo sin renuncia”. A partir de esta declaración, resulta imposible no retraer la memoria y la mirada hacia el primer gobierno concertacionista, ahora en el contexto de la Nueva Mayoría como algo que, de nuevo, no tiene realmente nada. En efecto, la llegada de los ministros Burgos y Valdés a La Moneda representó un tinte más conservador para las gestiones llevadas a cabo por el gobierno en materia de reformas, echando marcha atrás en el avance de la llamada “retroexcavadora” con la que debutó este gobierno. Tanto así, que la oposición y el sector empresarial reaccionaron con agrado y tranquilidad ante la resolución de quien, según las críticas emanadas desde esa misma vereda, carece precisamente de poder de decisión.

Hace unos días, el ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, criticó la frase de la mandataria en una entrevista dada a un medio digital, afirmando respecto a la misma que “el realismo es con renuncia”. Es decir, estableciendo según su mirada la necesidad de dejar de lado cualquier idea reformista en relación a la situación social del país, la que según esta opinión no requiere de cambio alguno. Al mismo tiempo el  “coronel” del gremialismo, Jovino Novoa, retirado a sus cuarteles pero manteniendo aún voz de mando, se sumó a estos conceptos al rechazar el anuncio gubernamental referido a la gradualidad de las reformas, señalando que daba lo mismo que el país se “desbarrancara” a 100 kms. por hora o a 60. Ambas declaraciones reflejan el mismo pensamiento de fondo ante la posibilidad de llevar a cabo cambios en el país, haciendo extensiva una visión sectorial según la cual Chile no necesita de reformas reales, puesto que las preocupaciones “reales” de la gente serían otras (trabajo, delincuencia) La real intención subyacente bajo este tipo de argumentos falaces es eludir y postergar indefinidamente la discusión de aquellos temas que determinados grupos de poder no han deseado abordar, ni antes, ni ahora, ni nunca, toda vez que afecta la comodidad que les otorga un país diseñado de acuerdo a sus intereses particulares. Por algo las evidentes demandas ciudadanas respecto de la necesidad de reformular las actuales condiciones que ofrece el modelo económico no fueron contempladas en el programa de gobierno de Matthei cuando se presentó como candidata a la presidencia. Las mismas que sí fueron atendidas por quien ganara de manera aplastante la elección, generando las críticas del sector opositor, el que recomendó no gobernar tomando en cuenta los requerimientos de “la calle”. La misma desde donde emanan los votos para elegir a quienes deberían representar sus demandas.

Durante el transcurso de esta semana, el sacerdote Benito Baranda entregó su opinión acerca del curso de las reformas y la negativa de quienes se oponen férreamente a ellas. “Nunca va a ser tiempo de aplicarlas porque siempre van a decir que las condiciones económicas no están hoy día para hacerlas, pero cuando están se dice ‘mejor no las hagamos porque estamos bien económicamente’, y al final nunca terminamos haciendo las reformas”, expresó. Con esto, el religioso se refiere a una situación que no es nueva y que tiene relación con la permanente actitud refractaria a las transformaciones sociales sostenida por determinados círculos políticos y empresariales, bajo el pretexto que éstas “le hacen mal a Chile”. Habría que preguntarse a qué se refieren cuando  hablan de Chile: si a la sociedad en la cual la gran mayoría de las personas tienen trabajos dentro de los más extensos del mundo en términos de horario, ganando sueldos insuficientes para cubrir sus necesidades y debiendo, en consecuencia, endeudarse para poder acceder a ellos, con un sistema de previsión que paga pensiones miserables a jubilados que, además, deben pagar altos precios para adquirir sus remedios en farmacias coludidas para estafar (entre otras cosas), o aquel dominio privado, gerenciado por una élite, en donde las riquezas generadas gracias al trabajo de esta mayoría de personas terminan concentrándose en unos cuantos bolsillos, acaparando las ganancias en virtud de un sistema de distribución que va en abierto desmedro de la situación de millones de chilenos (as) y en beneficio de quienes diseñan e implementan esta realidad.

En septiembre se echa a andar el proceso anunciado por Bachelet para la elaboración de una nueva Carta Fundamental para el país, el cual descartó la opción de desarrollar una Asamblea Constituyente. El ministro del Interior, Jorge Burgos, adelantó ya que «no es posible pensar que a través de un atajo raro se va a reformar la Constitución», como si la participación de la ciudadanía en la definición y elaboración de las reglas del juego que la afectarán directamente fuese una anormalidad dentro de un sistema democrático (¿democracia en la medida de lo posible?) Por su parte, el presidente del Senado Patricio Walker defiende el que las reformas constitucionales se decidan en el Congreso (¿la cocina?) y haya posteriormente un plebiscito ratificatorio, situación que no aporta a la transparencia que se pretende demostrar. Con todos los antecedentes disponibles en materia de probidad, cuesta entender cómo un Congreso que ha perdido parte importante de su credibilidad ante la ciudadanía siga creyendo, en nombre de lo republicano y de evitar la aparición de populismos (optando por la mantención de la demagogia) poseer la legitimidad social para liderar un proceso reformista.