El pluralismo informativo como derecho social garantizado en la nueva Constitución

Luego del golpe de Estado de 1973, una de las medidas inmediatas adoptadas por la dictadura impuesta en nuestro país tuvo que ver con la intervención directa sobre los medios de comunicación existentes, clausurando la gran mayoría de ellos. En efecto, el Bando N° 1 de la Junta Militar ordenó la suspensión de las actividades informativas de diversos medios, en tanto el N° 15 sólo autorizó la emisión de unos cuantos -entre ellos los diarios El Mercurio y La Tercera-, los que pudieron funcionar bajo la manipulación de sus contenidos para fines de propaganda oficialista. Esta medida adoptada por el régimen de facto -“empeñado en lograr una depuración de las publicaciones de prensa”, como señala el documento citado- estuvo enmarcada dentro de un contexto general de fuertes restricciones a las libertades sociales, tanto individuales como colectivas, delineándose así las condiciones que determinaron el origen histórico, político y económico de la actual concentración de los medios de comunicación existente en Chile.

De manera paulatina, durante el gobierno civil-militar comenzaron a aparecer algunos medios disidentes, principalmente escritos; sin embargo, este incipiente pluralismo informativo terminó por sucumbir aplastado bajo las reglas del mercado, instaladas a punta de bototo y fusil por la ideología dominante. Así, la libertad de prensa se vio severamente restringida, vulnerándose de manera flagrante el derecho inherente de las personas a la expresión e información (entre otros derechos sociales que también fueron coartados, como salud y educación) Esta restricción a la diversidad de miradas de los distintos actores sociales, generó un impacto no tan sólo respecto de cómo fue comunicada la realidad de la época a la población, sino también en la desinformación histórica difundida por la propaganda del régimen a través de sus medios de comunicación. Tal antecedente es el que explica el monopolizado escenario existente hoy, el que nos entrega una versión incompleta y tendenciosa de los hechos noticiosos para la creación de determinadas condiciones sociales, las que son puestas en escena de manera conveniente a intereses particulares.

A lo largo de este violento proceso privatizador durante el cual fueron entregadas a manos de grupos económicos-empresariales tanto las riquezas naturales del país -patrimonio de todos (as) los chilenos (as)- como los derechos sociales básicos de las personas para su aprovechamiento en calidad de oportunidades de negocio, el mercado de las comunicaciones ha ido definiéndose, como tal, en virtud de la misma dinámica acaparadora estructurante de todo este esquema global. El regreso a la democracia formal no significó cambios al respecto, al contrario; los sucesivos gobiernos de centro-izquierda legitimaron la ideología de un modelo económico en la medida en que también pudieron beneficiarse de él. De esta forma, los medios que enfrentaron la dictadura murieron en medio de la indiferencia de la Concertación, la que les limitó su ayuda, condenándolos a su desaparición por deudas y falta de liquidez. Suerte similar corrió la TV pública al ser dejada sin financiamiento, privatizándose la universitaria y licenciándose nuevos canales privados. Se cercenó, así y hasta nuestros días, la necesaria construcción del debate público a partir de las distintas miradas de sociedad que debe otorgar el pluralismo informativo en los medios de comunicación.

Por ello, la discusión en el Chile del 2015 sobre las grandes desigualdades sociales existentes alcanza el área de las comunicaciones respecto, por ejemplo, del uso equitativo del recurso natural que representa el espacio aéreo, en cuanto espectro radioeléctrico, como bien público de libre disposición para la emisión de información televisiva y radial. En este sentido, la desconcentración de la propiedad de los medios y el término de los monopolios en la información resultan de vital importancia para asegurar el derecho social a la libre expresión e información de las personas, optimizando la calidad de la opinión pública, y con ello, el actual sistema democrático formal. Porque contrariamente a lo que señalan algunos actores del sector, las comunicaciones en nuestro país no viven dentro de un ámbito muy extenso de diversidad editorial, ya que aunque la oferta existente en quioscos, radio o televisión presente distintas opciones, la gran mayoría de ellas está en las mismas manos. Se trata, en consecuencia, de un pluralismo ilusorio, aparente, desde el cual se direcciona a la opinión pública hacia determinadas líneas de pensamiento e interpretación de los hechos, logrando la aceptación y reproducción del discurso hegemónico y, con ello, la validación del orden establecido junto con sus profundos desequilibrios. Precisamente de ellos se nutre, en medida importante, la mantención de determinados privilegios.

Hablar de redistribución en escenarios de acaparamiento ha generado desde siempre conductas reaccionarias en aquellos sectores en donde se concentra la mayor parte de la riqueza. Propuestas de esta naturaleza reformista subvierten las estructuras tradicionales de apropiación por desposesión, siendo desvirtuadas por omisión o atacadas directamente, en su carácter anti-sistémico, a través de los medios funcionales al poder. Por ende, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, en cuanto herramientas para la perpetuación sin alteraciones del statu quo, responde a una visión profundamente ideologizada de la sociedad, la que apunta a la mantención excluyente de privilegios por sobre el concepto de bien común. En esta dirección, se hace indispensable incorporar en la discusión constituyente a abrirse durante el presente mes la garantía efectiva del derecho a la comunicación en sus tres componentes, como son libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información. Esto, además de establecer impostergables regulaciones al libertinaje obsceno con el que se ha llevado a cabo la concentración privada en Chile, logrando una distribución equitativa del avisaje estatal para el desarrollo inclusivo del tercer sector de las comunicaciones (junto con el público y el privado), como es el perteneciente por derecho humano a los medios comunitarios y ciudadanos.

La relación entre dinero y política ha demostrado ser, de manera fehaciente, perniciosa para el ejercicio ético de la democracia. De la misma manera, la creación de monopolios de medios de comunicación, determinada por criterios de mercado, incrementa la inequidad respecto de la distribución de poder y ampara escenarios de corrupción institucionalizada. Por ello, los avances que como sociedad son necesarios para un desarrollo sano y colectivo de la misma, requieren cortar los lastres que así lo impiden, y que favorecen el bienestar de unos pocos antes que el común. Y para ello, se debe elaborar, con la base social como actor protagónico, una nueva Constitución que reponga y garantice los derechos sociales expropiados, privatizados y luego transformados en negocio.