De la justicia en la medida de lo posible a la democratización de los derechos sociales

Si algo no se olvida cada 11 de septiembre es el discurso concertacionista, no exento de cierta satisfacción, de los derechos humanos. Lo problemático de tal gesto no es que se reflexione sobre los horrores de la dictadura, lo que obviamente es laudable, sino que se limite la discusión sobre los derechos humanos a lo sucedido entre 1973 y 1989, olvidando que, hasta el presente, el Estado carece de una política y una institucionalidad suficiente para pensar el pasado y futuro de los derechos humanos en Chile.

Y es que después de 25 años desde el fin de la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet, el relato de la transición exitosa que han promovido los gobiernos civiles, no ha demostrado la capacidad de impulsar un decidido proceso de democratización fundado en la verdad, la justicia, y en la convicción real de promover el ejercicio de derechos humanos en su sentido íntegro y amplio, más allá del discurso condenatorio de los crímenes cometidos por el Estado en dictadura.

Las recientes declaraciones del Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, han puesto en evidencia una vez más la impunidad y trato preferencial que gozan las fuerzas armadas en relación a la justicia y la verdad. Así también, la ausencia de reacciones por parte de las autoridades civiles tanto del Ministerio de Defensa como del Gobierno en general constituyen un nuevo acto de complicidad frente a lo que en cualquier país democrático resulta inaceptable: las fuerzas armadas aún defienden el secretismo y el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos.

En este escenario resulta preocupante el rol que han jugado autoridades civiles en acciones que han facilitado la impunidad en violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente. En el año 2004, durante la discusión parlamentaria sobre los antecedentes de la Comisión de la Verdad sobre Prisión Política y Tortura (“Comisión Valech”), se impuso 50 años de secreto absoluto, negando incluso acceso a los jueces. El gobierno intentó fundamentar esta acción en la protección de las víctimas. Aduciendo seguir recomendaciones de Naciones Unidas en las que se considera razonable el secreto por hasta 25 años en escenarios de postconflicto; el secreto a la comisión Valech terminó impuesto por 50 años, 15 años después del “conflicto”¹. Los propios declarantes de la comisión han denunciado que jamás fueron consultados o informados respecto al secreto. En definitiva, el secreto impuesto a la Comisión Valech fue una acción proactiva del gobierno de Ricardo Lagos, que terminó por coartar la capacidad del Estado, y con ello, el ejercicio de su deber de investigar y perseguir a los responsables de persecución, prisión política y tortura.

Este episodio no resulta aislado. En el año 2008, se revisaba el proyecto que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Este proyecto recibió comentarios y sugerencias de parte de muchas organizaciones, intentando fortalecer la precaria institucionalidad de derechos humanos del país. Como resultado de una negociación entre la Concertación y la Alianza, finalmente el instituto quedó impedido de involucrarse judicialmente en casos de violaciones a los derechos humanos del pasado, y limitado en sus atribuciones para perseguir, investigar y ejercer querella en violaciones a los derechos humanos del presente. En este ámbito, el propio INDH ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de ampliar sus atribuciones, especialmente aquellas de actuación judicial, así como la necesidad de crear una Defensoría del Pueblo, o dotar al instituto de estas atribuciones, orientadas a la protección de ciudadanos víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos y sociales en su sentido amplio, y con presencia efectiva y permanente en todas las regiones del país.²

Por otra parte, es necesario revisar la situación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en democracia. Sólo por puntualizar algunos ejemplos, en el año 2005, una patrulla de carabineros detuvo a José Huenante, un joven poblador de Puerto Montt, y desde entonces permanece desaparecido. Ha sido reconocido por organizaciones nacionales e internacionales como el primer caso de detenido desaparecido en democracia en Chile, e incluido en informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Cuando el caso fue denunciado, el primer gobierno de Bachelet se apresuró a negar rotundamente que José fuese un detenido desaparecido y lo calificó como un caso de abuso policial. El caso pasó a Justicia Militar y hoy, 10 años después de su desaparición, aún se desconoce el paradero de José y sus responsables -claramente identificados- continúan libres, en silencio, e impunes. Hoy, después de 25 años de democracia, Chile sigue siendo uno de los pocos países en que los uniformados son juzgados por tribunales militares frente a casos en que hay civiles involucrados, mientras que en la gran mayoría de los países la Justicia Militar sólo rige en períodos de guerra o excepción constitucional. La Justicia Militar facilita el secretismo y mantiene en absoluta impunidad casos como los de José, de Manuel Gutiérrez (estudiante asesinado el 2011 por un carabinero), de David Riquelme (cartonero asesinado por marinos en Concepción, luego del terremoto del 2010), entre muchos otros.

La impunidad y los pactos de silencio no son solo un tema del pasado, continúan siendo garantías especiales que ponen en riesgo derechos fundamentales para las personas, como su integridad, su vida, el acceso a la justicia y la verdad, entre otros. Pero a su vez, al constituirse como una garantía para la represión a los movimientos sociales, contribuyen a la desmovilización social y al repliegue de la participación, y obstaculizan los procesos de movilización y conquista de derechos sociales, lejos de cualquier expectativa de un país que busca fortalecer su democracia y los derechos de su pueblo.

Más reciente resulta la discusión sobre el proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, iniciativa legislativa que en el anuncio aparece como un importante avance en la institucionalidad de derechos humanos, pero que en la realidad resulta insuficiente para impulsar políticas públicas sustantivas sobre esta materia. En el diseño actual que hoy se tramita en el parlamento, la futura Subsecretaría de DD.HH. se limitará a coordinar acciones interministeriales y a diseñar un plan nacional de derechos humanos que no podrá ejecutar ni impulsar por sí misma. No tendrá atribuciones de colaboración o investigación de violaciones a los derechos humanos en el presente, y su presencia en regiones será aún más débil. Experiencias de organismos similares en, por ejemplo, Argentina y Brasil, demuestran que este tipo de organismos requieren amplias atribuciones y recursos para impulsar políticas de defensa y promoción de derechos humanos, pero también para ejercer un rol de interpelación a otras unidades de gobierno y del Estado que pueden dificultar el avance en estas materias.

En un nuevo escenario de conmemoración del Golpe de Estado de 1973, resulta propicio reflexionar sobre cuánto realmente hemos avanzado en materia de derechos humanos. Los gobiernos de la democracia no han demostrado voluntad real de desmantelar estructuras tan nocivas para el país como la Justicia Militar, herramientas evidentemente anti democráticas como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la ya naturalizada acción de solicitar autorización para marchar o protestar, e incluso han reafirmado prácticas muy propias de la dictadura, como la reciente aprobación de una versión renovada de la “detención por sospecha”. Por otra parte, si bien es posible reconocer avances conseguidos gracias a las Comisiones de la Verdad (Rettig y Valech), sus antecedentes, en el caso de esta última, terminaron en secreto por cincuenta años, garantizando así la impunidad de los victimarios quienes están muriendo de vejez, lo que ha sido denominado como “Impunidad biológica”. Los gobiernos no han demostrado voluntad de investigar decididamente los archivos y antecedentes de las Fuerzas Armadas, quienes aún gozan de la facultad de eliminar sus archivos, y se han conformado con la simple y persistente negación, año tras año, de los comandantes. Por último, también resulta cuestionable la voluntad de avanzar en una institucionalidad de derechos humanos que realmente impulse las políticas de protección, difusión y ejercicio de derechos, cuando se ha priorizado la negociación pragmática por sobre el impulso y discusión de estos proyectos con participación de organizaciones de la sociedad civil de todas las áreas de interés sobre derechos humanos (no sólo ligadas a violaciones de derechos humanos en dictadura), con un debate de cara a la ciudadanía sobre la institucionalidad en materia de derechos humanos y sociales que requiere nuestro país. Uno de los principios fundamentales de cualquier país democrático es la participación social y ciudadana, resulta entonces paradójico que la institucionalidad que debe constituirse como garante de la participación, sea creada marginando a las organizaciones que las han impulsado y promovido.

Ante este ya desmoronado relato de transición exitosa, resulta urgente avanzar en debates por un proyecto país que incluya los derechos humanos como una prioridad transversal que no se limite al discurso de condena de las violaciones a los derechos humanos del pasado, sino que avance hacia un proyecto de democratización e institucionalidad que proteja los derechos de las personas, pero también promueva la participación social y política, la transparencia y el ejercicio de los derechos humanos en su sentido amplio: el derecho a la educación, a una vivienda digna, a la protesta social, a la participación en las decisiones públicas, a una salud digna, y especialmente a participar proactiva y organizadamente en la conquista de estos y otros derechos. En ese sentido, resulta necesario ampliar la concepción imperante de los derechos humanos como una restitución individual de carácter jurídico, y comprender, políticamente, que esto se dará solo en una sociedad justa en la que colectivamente podamos construir y ejercer derechos sociales de carácter universal. Para cumplir con esta expectativa, resulta indispensable impulsar un proceso social de redefinición de un proyecto país efectivamente democrático y participativo. De esta forma alcanzaremos lo que los derechos humanos prometen: una vida que podamos vivir bien.

_______

NOTAS

1 En realidad Naciones Unidas establece consideraciones razonables post conflicto de resguardo de antecedentes por un periodo de hasta 25 años, pero en sus publicaciones recomienda la mayor publicidad de los antecedentes y especialmente que sirvan para la Justicia. De hecho, se habla de confidencialidad para situaciones muy específicas, como en menores de edad.

2 Los informes anuales del INDH han dedicado capítulos o secciones a visibilizar la necesidad de una Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades. Informes disponibles en www.indh.cl