La postergación como sello tradicional de nuestra chilenidad

Durante el discurso del 21 de mayo en el Congreso Nacional, la presidenta Bachelet dejó comprometido para este mes el inicio del debate sobre el proceso constituyente, destinado al diseño de una nueva Carta Fundamental que permita dejar atrás los lastres de la ilegítima Constitución “guzmaniana” de 1980, y que instauró muchos de los actuales nudos ciegos que nos impiden hoy desatar amarras para dejar de ser prisioneros de ese esquema, avanzando como sociedad hacia un orden más igualitario. «La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario», dijo en alguna ocasión el ideólogo del régimen, lo cual prueba los propósitos de este diseño institucional. Y vaya que ha sido extremadamente difícil sacudirse de encima esta nefasta herencia, no tan sólo por el articulado tramposo del documento, sino también por la escasa voluntad política de nuestra clase gobernante, la que se ha sentido cómoda dentro de este traje a la medida y que ha buscado evitar, mañosamente, cambios relevantes en las reglas del juego.

En su mensaje presidencial, la Primera Mandataria aseguró que “la Constitución es para todos y por eso todos deben participar en su diseño y aprobación”, generando ilusiones y expectativas en parte importante de la ciudadanía respecto del cumplimiento de lo señalado dentro del plazo anunciado, además también en cuanto a la forma en la que se llevaría a cabo este proceso, garantizando efectivamente el espíritu inclusivo de esta discusión. Varias instancias sociales han llevado a cabo campañas para que dicho asunto pueda ser resuelto a través de una Asamblea Constituyente, que permita la participación de la ciudadanía en la definición de aquellos temas que la afectan de manera directa y que, por lo mismo, debe contar con una opinión incidente y determinante de los actores de base, de manera de otorgarle a esta Carta Fundamental la legitimidad democrática de la que precisamente carece.

Sin embargo, y como era de suponer, el anuncio presidencial provocó al mismo tiempo reacciones en diversos sectores conservadores, repartido de manera transversal a través del espectro político, los que miran con recelo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de este nuevo pacto social, tratando por todos los medios posibles -y a través de diversos subterfugios argumentales- evitar que estas instancias sociales puedan tener incidencia directa en la elaboración de este diseño. A modo de ejemplo basta recordar las palabras del ministro oficialista Jorge Burgos, quien alineado con posturas derechistas afirmó no “estar disponible” para “atajos raros” respecto de la propuesta asambleísta. De esta manera, se pretende limitar su participación únicamente a la consulta posterior sobre algo ya elaborado por el propio Parlamento, de dudosa representatividad y por ende discutible autoridad moral y ética como para llevar a cabo una tarea de esta naturaleza, especialmente considerando la promiscua relación existente entre el gran capital empresarial y la actividad política en la aprobación de leyes favorables a la conveniencia privada.

Con la llegada de septiembre, y como suele pasar todos los años, el ambiente se ha ido llenando de distintos aromas y sensaciones. Las suaves brisas que han comenzado, con tímida convicción, a entibiar los días, nos traen desde un pasado que sigue presente el olor a la pólvora y la sangre de una fractura que permanece expuesta, mezclado con el del dulzor alérgeno del polen y el de los asados, que en el aire prolonga de parrilla en parrilla esa cosa tan abstracta, tan incierta, llamada chilenidad. Con esa fuerza vital que se resiste a su extinción, la primavera se anuncia y aún florece en ella la esperanza, a pesar los años de postergaciones que parecen marchitarla. En esta línea, la petición realizada a Bachelet por los timoneles de la Nueva Mayoría para retrasar hasta octubre cualquier determinación en torno a un proceso constitucional ha suscitado lógicas desconfianzas, dentro de un contexto en el cual éstas se encuentran absoluta y plenamente justificadas.

De ello se colgó oportunamente el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien aseguró que “esta solicitud no hace más que ratificar que el proceso constituyente no sólo no es prioridad para la gente, sino que tampoco ha sido prioridad para el Ejecutivo”, aprovechando de hacer una interpretación parcial y tendenciosa destinada a reforzar como idea-fuerza sectorial el supuesto de que las necesidades de la gente siempre son otras. Curiosamente, relacionadas a los mismos temas que copan las pautas informativas de los medios de comunicación pertenecientes al duopolio y que marcan la agenda, como la delincuencia (la que según diversas mediciones, como la de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras, indica que no ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Sin embargo, en las notas periodísticas nunca se habla rigurosamente del tema, con datos duros en la mano, centrándose el “análisis” en la percepción de inseguridad fomentada por ellos mismos)

En este “mes de la Patria”, es pertinente recordar que una de nuestras tradiciones y costumbres más características tiene que ver con “dejar para después” aquello que exige resoluciones decididas y que nos evitarían, de manera inteligente, la creación de problemas complejos, prefiriéndose el trabajo “a medias”, “chasquilla” (otra institución nacional), que permita parchar “por mientras” determinadas situaciones (lo que termina siendo finalmente la forma en que funcionan las cosas) Nunca parece ser el momento oportuno para abordar de frente los problemas; pretextos para evadirlos siempre sobran. La historia, a pesar de ello, no se detiene, y seguirá su curso indeclinable a pesar de todos los intentos por encauzarla en direcciones contrarias al establecimiento de mayores y mejores condiciones de equidad y justicia social.