Seis mil mujeres mueren al año en América Latina y El Caribe por restricciones contra el aborto

En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, una serie de organizaciones de mujeres, feministas y derechos humanos llamaron a reconocer los derechos sexuales y reproductivos del género.

La fecha fue declarada el 28 de septiembre de 1990 con el objetivo de mitigar el impacto que tiene la práctica insegura y clandestina del aborto en las mujeres de la región. Desde entonces, diversos colectivos se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe.

«En esta fecha, las mujeres se movilizan en defensa de su derecho a decidir, su ciudadanía plena y su dignidad inherente de sujetas morales capaces de autodeterminar su propio plan de vida, libres de coerción estatal y de la amenaza de persecución criminal. Asimismo se interpela a los gobiernos latinoamericanos por las más de seis mil mujeres que cada año mueren por complicaciones de aborto y por los 55 mil abortos inseguros que se realizan diariamente en países que penalizan su realización. Se trata de muertes evitables si se cuenta con leyes que protejan los derechos de las mujeres», argumentaron en una declaración pública una serie de organizaciones chilenas como Corporación Humanas, Frente Feminista de Izquierda Libertaria y el Observatorio de Género y Equidad.

Los colectivos agregaron que los países que reconocen a las mujeres como sujetas de derecho, buscan disminuir la mortalidad y morbilidad a causa de los abortos inseguros. Por ello, Chile debe también fortalecer su democracia cautelando el acceso a estos derechos.

«La criminalización del aborto es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Así lo afirman los organismos internacionales de Naciones Unidas encargados de vigilar a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que asumen al suscribir y ratificar los tratados internacionales, que desde hace décadas recomiendan periódica y sistemáticamente revisar la legislación punitiva, establecer excepciones a la criminalización total y garantizar la confidencialidad de la atención médica, en el marco de políticas amplias que garanticen el acceso a la información, educación sexual y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a métodos anticonceptivos y políticas de prevención de la violencia contra las mujeres», recalcaron.

Además, en sintonía con la discusión parlamentaria actual, declararon que el Estado no puede imponer a las niñas o mujeres que sufrieron violencia sexual la continuidad forzada de su embarazo. «Debatir y legislar sobre aborto para proteger los derechos de las mujeres constituye un imperativo democrático ineludible. Resguardar al menos las tres causales propuestas por el Gobierno y garantizar a mujeres y niñas la atención medica e interdisciplinaria que el proyecto contempla, es el mínimo ético que el Congreso Nacional debe reconocer y aprobar», reforzaron.

Por último, recordaron que un proyecto de ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos duerme hace 15 años en el Congreso, pese a que es una iniciativa que establece las bases normativas para la protección de la salud sexual y reproductiva. «El proyecto refuerza el derecho de las personas a una vida digna y libertad para tomar decisiones en aspectos sustantivos a su vida privada, protegidas de cualquier clase de violencia o discriminación y resguardadas de intromisión de terceros en su vida sexual, afectiva y familiar», finalizaron.