Lorena Fries: «Hemos tenido que presionar mucho para que Carabineros sea más transparente»

Desde su rol como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries se ha involucrado en denuncias y cuestionamientos que tensionan la discusión sobre las deudas pendientes del Estado y causan molestia en algunos sectores políticos.

En entrevista con eldesconcierto.cl, Lorena Fries analizó el actual escenario de disputa por la consagración de derechos y el rol de los movimientos sociales en estos y otros desafíos.

Este ha sido un año de cuestionamiento permanente hacia el estado de los derechos humanos en Chile, a través de diversos frentes. ¿Cómo mira desde el espacio del INDH el escenario actual de consagración de derechos?

En derechos humanos resulta la máxima de que siempre se ha avanza, pero falta mucho más por hacer. En ese sentido, uno no puede desconocer que hemos hecho un recorrido lento pero seguro hacia la incorporación del tema, pero por otra parte tenemos un Estado que no está acostumbrado a garantizar derechos. Estamos en un modelo donde eso no se le ha garantizado a la gente, lo ha comenzado a pedir y el sistema cruje frente a la idea de los derechos y yo creo que en ese sentido estamos avanzando, siempre gracias al rol fundamental de los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué rol han jugado en específico los movimientos sociales y las organizaciones en el último tiempo, considerando la forma en que tensionan el debate sobre los derechos no garantizados?

Yo creo que han sido centrales: todos los temas de no discriminación, por ejemplo, los han puesto en el debate los mismos afectados. La población LGITB, las mujeres, los pueblos indígenas también y recientemente los niños, niñas y adolescentes también son mucho más conscientes y se convierten, a través del tema de la educación, en actores que demandan derechos. Creo que eso es importante y normal en una democracia, lo que no es normal que no hayan movimientos sociales que se organicen para demandar reconocimiento y protección de derechos.

Por otro lado, el modelo social y económico que hemos heredado ha fragmentado e impedido al mundo de los movimientos sociales y todavía no vemos mayores cruces en ese sentido, lo que debilita la presión que puede haber sobre el Estado para forzar o persuadir a sus distintos poderes a avanzar en materia de derechos. Ahí tenemos un taponcito que es el desprestigio de la política y la falta de representatividad, porque ese que sería el canal institucional a través del cual se legitiman las demandas, el que hoy está tremendamente cuestionado.

A propósito de los movimientos sociales, existen crecientes cuestionamientos hacia la forma en que Carabineros de Chile se relaciona con éstos en protestas y movilizaciones. Existen numerosas demandas por abuso policial, y recientemente el Parlamento aprobó la idea de entregarles más facultades a través de, por ejemplo, el control de identidad preventivo. ¿Cuál es la señal?

Yo creo que hay un tema tabú para la sociedad chilena o en la institucionalidad política y ese es Carabineros de Chile. Me parece que efectivamente se requiere una mejor e integral formación de carabineros y estamos convencidos como instituto de que la formación que reciben no es suficiente para los desafíos de las sociedades de hoy. Por otro lado, hemos tenido que presionar mucho como institución pública para que Carabineros se allane a ser más transparente para todos los chilenos respecto a cuáles son sus procedimientos, por ejemplo. Ellos no están acostumbrados a que haya un organismo que desde afuera mire lo que hace la fuerza pública, que son agentes del Estado y como tal pueden violar los derechos humanos. De hecho, en cualquier país son el punto más sensible dentro una democracia, porque les estamos delegando a ellos la fuerza para operar en ciertas situaciones.

En la práctica, no es solo un caso de abuso el que vemos por acá y por allá. Tenemos denuncias por tortura y nos parece que eso es gravísimo en una sociedad democrática, así que presionamos como organismo público para que carabineros tenga controles internos, no sean sujetos de la justicia militar y se abran en lo que tiene que ver con control del orden público, porque también hay una dimensión de carabineros que todos estimamos mucho.

El problema es la forma en que FF.EE controla las manifestaciones o las resguarda, hemos visto deficiencias y la deficiencia en la aplicación de la fuerza se llama violación de derechos humanos. Respecto al control preventivo, ya dijimos lo que pensamos: creemos que las herramientas que existen en el código penal y en el código procesal penal son suficientes para que Carabineros cumpla con la función que tiene que cumplir. También hemos dicho que se presta a mucha arbitrariedad esa amplificación de facultades y que incluso puede afectar el derecho de las personas a la privacidad y la libre circulación.

El movimiento feminista ha resurgido en los últimos años, comenzando a demandar y a seguir el debate parlamentario sobre la despenalización del aborto en tres causales. ¿Cuánto falta para consagrar los derechos de las mujeres en nuestro país?

Creo que falta mucho y que lo que se está discutiendo en el Parlamento es tremendamente fundamental para las mujeres. Esto lo digo como feminista y no como directora del INDH: finalmente, lo que está en juego es que las mujeres seamos sujetas de derecho en una cuestión que es vital y que es parte de la constitución del ser humano: la autonomía. Todo ser humano es autónomo, tiene libertades y la vida en sociedad se trata de tener el máximo de libertad y las libertades pasan también por el cuerpo de las personas.

Me parece que el debate que se está abriendo plantea desafíos, pero también creo que no hay que estar con eufemismos en la discusión. Se puede hacer de esta una discusión civilizatoria y que profundice la democracia más que una discusión que estigmatice a las personas en un bando en otro. Eso es lo que yo espero que alentemos las feministas, con un profundo respeto por otras morales y formas de pararse en el mundo, pero también exigiendo el derecho a decidir.

En el campo internacional es clarísimo que las tres causales que hoy ve el Parlamento constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, lo que quiere hacer el gobierno, desde mi punto de vista, es ser coherente con los compromisos que ha adquirido en materia de derechos humanos.

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Desde el INDH se ha trabajado en la denuncia de los abusos hacia las comunidades mapuches, registrando incluso violaciones de los derechos de los niños, aunque hay una naturalización de ese tipo de hechos en la opinión pública. ¿Hay alguna forma de poder aportar a la resolución de ese conflicto desde la perspectiva de los DD.HH?

Desde que asumió el instituto, el conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche ha sido una constante. Nos falta mucho por avanzar, hay una deuda histórica con los pueblos indigenas en relación a lo que fue la usurpación de sus tierras y la venta de esos títulos. Hay una deuda sobre los recursos naturales también y ese es el dato de partida. Luego existe una confrontación del Estado chileno con el pueblo mapuche que todavía es muy reciente: lo que nosotros entendíamos por pacificación de La Araucanía en realidad fue una ocupación y eso está muy fresco en la memoria del pueblo mapuche. Hay una desconfianza absoluta hacia el Estado porque no les ha ofrecido soluciones que al final signifiquen reconocerlos como pueblo y por lo tanto, darles márgenes de decisión, partiendo de la base de que hay que reparar las violaciones a los DD.HH que se cometieron históricamente con ellos.

Y por otro lado, el Estado también les ha fallado a aquellas personas que compraron territorio legalmente, a los colonos que después que se asentaron ahí con sus familias. Ahí hay un conflicto latente que hoy se traduce en algunas personas en inseguridad y que ha llevado a conflictos y violencia institucional  y no institucional en La Araucanía que puede terminar en algo peor. Nosotros hemos dicho que esto no se resuelve con más policías, ni con FF.EE, helicópteros y cámaras en la zona, sino que sentándose conversar en un diálogo de alto nivel de Estado, no de gobierno, con el pueblo mapuche, con una agenda abierta donde estén todos invitados y empezar a discutir los temas que tienen que ver con restitución de sus territorios, con el reconomiento de sus derechos como pueblo y con la posibilidad de generar espacios para la autonomía, todo eso todavía falta y no hemos terminado de comprender la potencia de la demanda de los pueblos indígenas en Chile.

En septiembre volvió a renacer la discusión sobre las deudas pendientes en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Esta vez, con un tono de marcado cansancio y rechazo a la impunidad que ha sido una constante de la postdictadura, ¿quiénes son los responsables de la impunidad sostenida y cómo avanzar?

Yo creo que el proceso que ha vivido Chile en esta materia es algo que hay que reconocer, nosotros hemos avanzado mucho sobre todo en verdad y reparación, la justicia ha llegado más lenta pero ha ido llegando y se ha ido consolidando la necesidad de sanción y la incorporación de estándares internacionales en esta materia, reconociendo que son crímenes de lesa humanidad y que no se pueden aplicar leyes de amnistía. Nos ha costado llegar a esas conclusiones, pero lo hemos asumido como país.

Yo lamento porque creo que, teniendo una agenda hermosa en esta materia, el gobierno de la presidenta Bachelet ha mostrado muy poco avance. Hay temas pendientes en materia de, por ejemplo, asesorar legalmente a las víctimas de tortura, que son muchas en Chile y que no tienen asesoría legal como sí tienen los familiares de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos. Esa gente hoy no tiene los medios para acceder a la justicia y el Estado les debe ese acceso. Hay casos también de víctimas que han aparecido con el tiempo, que no necesariamente están incorporados en los informes y por lo tanto no tienen la opción de acceder a los beneficios reparatorios. Hemos pedido que haya una instancia permanente de protección de víctimas para que estemos siempre renovando la información y podamos mantener los beneficios también. Necesitamos que Chile termine de generar toda la institucionalidad que necesita en materia de DD.HH para garantizarle a los ciudadanos los derechos, pero no sólo en el papel, sino que también pudiendo denunciar y acceder a la justicia para que se les repare si se les han violado.

En numerosas ocasiones han puesto el foco sobre la situación de las cárceles, donde es constante la denuncia de abusos sobre los y las internas. Hoy, cuando se discute sobre delincuencia y puerta giratoria, uno se pregunta si es Chile un país donde las personas encarceladas tengan la posibilidad de rehabilitarse.

No, la respuesta es definitivamente no. No existen esas oportunidades y Chile tiene que invertir muchísimo en rehabilitación. Lamentablemente siempre es lo último de la cola, porque las personas condenadas son aquellas que nos vemos y mientras no las veamos no nos sensibilizamos, pero la verdad es que la rehabilitación en Chile no alcanza al 4% de la población penal y eso no es rehabilitación. Por eso pedimos no un aumento de penas, sino que las penas sean efectivas: si uno ha ido a las cárceles en este país, la verdad es que no hay posibilidad en las condiciones que están las personas privadas de libertad de tener una vida digna dentro de la cárcel.

A eso súmele que hay una población que está absolutamente subordinada al control físico y normativo de Gendarmería y por lo tanto también es un lugar donde se vulneran mucho los derechos humanos y eso asume generalmente la cara de tortura. Nosotros hemos constatado que hay actos y hechos de tortura en las cárceles de Chile.