Una nueva Constitución sin Asamblea Constituyente significaría otra derrota para la democracia

Luego del aplazamiento de un mes anunciado por el gobierno respecto del inicio del proceso constituyente que debería haber comenzado en septiembre, la presidenta Bachelet comunicó este martes por cadena nacional el cronograma con que se dará inicio al cambio de nuestra Carta Fundamental. Con esto, la mandataria dilucidó las inquietudes sembradas debido a la ambigüedad de declaraciones anteriores, estableciendo las opciones -cuatro- que permitirían concretar la iniciativa durante una próxima administración. Dentro de éstas, y por primera vez, se planteó la alternativa de una Asamblea Constituyente para llevar a cabo dicho proceso, además de las de una Comisión bicameral de senadores y diputados, Comisión constituyente mixta entre parlamentarios y ciudadanía o convocatoria a un plebiscito para que sea el soberano la instancia que defina el mecanismo.

El anuncio motivó reacciones dispares: mientras por un lado algunos sectores mostraron optimismo por la consideración de representantes ciudadanos dentro de las opciones para definir los contenidos del documento, otros ligados o pertenecientes a la oposición se lamentaron por ello, como el diputado UDI José Antonio Kast -hijo de un oficial nazi-, quien escribió en su cuenta de twitter que el martes había sido “un día triste para Chile” (bajo la lógica tradicional de entender por “Chile” una empresa privada más que un país) Argumento falaz, como tantos otros elaborados desde la derecha en su discurso para la inalterable mantención del statu quo. No es un dato en absoluto menor ni irrelevante que la Fundación Jaime Guzmán, nombrada así en honor al fundador del partido gremialista e ideólogo de la Constitución de 1980 (destinada a validar legalmente la dictadura militar), contemple en su taller de “formación” para militantes los mismos once principios doctrinarios de la comunicación política de quien fuera ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, y que apuntan directamente a la manipulación de la información para la creación y socialización de “verdades” a partir de mentiras.  

Pero vamos por parte respecto de las opciones planteadas por Bachelet. La primera de ellas, relacionada con la posibilidad de que el tema pueda ser decidido por una Comisión bicameral, no tiene legitimidad social y, por ende, es inviable. Que senadores y diputados, tan cuestionados éticamente por su incestuosa relación con el dinero y las conveniencias particulares del mundo empresarial, “cocinen” entre ellos y a puertas cerradas una propuesta sin que la ciudadanía pueda participar en la elaboración de la misma y sin saber tampoco qué “ingredientes secretos” serán usados en la preparación del plato, es sencillamente inaceptable. Por vergüenza propia respecto de las evidencias existentes, esta alternativa ni siquiera debería ser presentada como solución válida. No representa una instancia legítima: las encuestas señalan con contundente claridad que las cifras de credibilidad que tiene el Parlamento rondan apenas el 3 %. Mientras más cerca de las minoritarias élites adineradas y los beneficios que de ello obtienen, más lejos del grueso de la sociedad, sus demandas y sus problemas. Los mismos que depositaron en las urnas su confianza hacia ellos, hoy la retiran en masa.

Respecto de la Comisión Constituyente mixta entre parlamentarios y ciudadanía como opción intermedia, resultaría fundamental para la transparencia y probidad del proceso saber de qué forma estos representantes ciudadanos serían elegidos, ya sea mediante votación popular o a través de la autoridad. En ambos casos -especialmente en el segundo-, esta alternativa se presta para eventuales situaciones que podrían enturbiar la legitimidad del proceso, desvirtuando la naturaleza del mismo, ya que si bien es cierto la participación de actores sociales ciudadanos puede derivar de una elección democrática, nada garantiza que éstos no puedan caer dentro de la dinámica de las negociaciones propias -impropias, más bien- del quehacer político. Por otro lado, el cuadro evidencia una contradicción reveladora al establecer la participación de representantes de la ciudadanía dentro de una comisión integrada, además, por parlamentarios que en teoría están donde están, precisamente, para cumplir ese rol, pero que en la práctica han defendido otros intereses. Al respecto, baste con citar la corrupta Ley de Pesca como ejemplo claro de los criterios usados para su elaboración y aprobación.

La convocatoria a un plebiscito destinado a que sea el pueblo, la gente, la instancia que defina el mecanismo para la elaboración de la nueva Carta Magna resulta ser una opción bastante más válida en cuanto la participación de la ciudadanía en la toma de la decisión final y la legitimidad de la misma, sea cual sea la que finalmente pudiere ser. Un avance respecto de lo que han sido los procesos constituyentes en nuestro país, toda vez que jamás en su historia Chile ha considerado la elaboración de una Constitución tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía -eso de “voz y voto” ha quedado sólo en lo último-, siendo éstas definidas por grupos de poder político-empresarial. Curioso, por decir lo menos, ya que se trata de las reglas del juego que afectan directamente a los mismos que son excluidos de su discusión. Por esto y más, nuestra democracia históricamente ha permanecido atrofiada en un estado meramente formal, sin lograr desarrollarse más allá de las consultas periódicas realizadas para la elección de autoridades. En esta línea, la Constitución del ‘80 representa uno de los capítulos más negros en la vida republicana nacional al haber sido proyectada, en su diseño, como un mecanismo de contención de los procesos sociales de transformación en beneficio del estancamiento de condiciones institucionales que permitan que nada cambie en lo sustancial. “Estabilidad”, como se le llama con ese tradicional y tan goebbeliano lenguaje de eufemismos y falacias, propio de quienes buscan acomodar la verdad para camuflar la realidad según convenga.

Este mismo discurso insiste en asegurar que a la gente no le interesa el tema del cambio de Constitución. Que sus necesidades son otras: delincuencia, salud, educación. Temas que son pauteados, como el primero, para determinar una agenda generando percepción de intranquilidad, a pesar de lo que revelan los datos duros en relación a que la delincuencia común no ha aumentado significativamente en los últimos años (a diferencia de la otra) Pero bien sabido es que medios y miedos funcionan a la perfección cuando se trata de montar escenarios para justificar determinadas acciones. En cuanto a los derechos sociales básicos expropiados, una nueva Constitución resulta fundamental para su recuperación, así como también para la de nuestros recursos naturales privatizados, estableciéndose un nuevo trato que nos permita como sociedad ir en una dirección distinta al extremismo impuesto por el actual modelo, equilibrando la balanza. Y en ello, la participación directa de la ciudadanía a través de la AC es impostergable para escribir este nuevo pacto social, evitado así una nueva derrota de nuestra democracia.