Hacia una red de protección social consagrada como derecho

La “red de protección social” debería ser el centro de una política redistributiva que consagrara de manera fehaciente el paso de una visión neoliberal a una mirada de derechos, porque es cierto, los derechos cuestan y hay que financiarlos, y hay que hacerlo de forma solidaria como principio, pero redistributivamente como criterio económico político, porque de eso se trata, de hacer política desde la realidad de generar las transformaciones o transferencias sociales necesarias para una sociedad más justa, no sólo como marketing político.

El planteo de las “clases medias vulnerables” expuesto por Hardy, describe lo que ya Vicente Espinoza había concebido como un rasgo de vulnerabilidad. La realidad transversal de los asalariados nacionales muestra en cifras dicha realidad (70% gana menos de $400.000.-), si las condiciones de esta vulnerabilidad se marginan hacia abajo, tenemos un descenso progresivo. La posibilidad cierta de contener ese avance es proponer una red de protección social que contenga los ciclos de cesantía y genere un piso de dignidad nacional en la prevención, tratamiento y recuperación en la salud de los chilenos, esto es central en la nivelación de una transferencia donde el área de los derechos esta desmantelada.

Una red de “protección social” que articule salud, trabajo, vivienda, educación y cultura, y medioambiente porque podemos ser innovadores, porque la protección social también puede ser vista desde los bienes culturales como singularidad y desde los derechos ambientales toda vez que estos se ven cruzados por sendos temas de salud pública, las visibilizaciones de ciertas luchas de comunidades locales han sido demostraciones iconográficas de un abuso ambiental de los fuertes.

Cambiar el rol del Estado subsidiario a un Estado protector, un estado de derechos, sería cambiar el eje de la vulnerabilidad por el eje del derecho, es la refundación del contrato social que se deriva de la Constitución del 80. Por un contrato que transforme al Estado en un espacio de pacto interclase, esto lo que desde una lógica de bienestar debería darse en la relación a un nuevo pacto constituyente.

Incluso en un espacio del liberalismo puede haber comprensión de estas prerrogativas, el problema más radical está en los hayekianos que se dicen de izquierda social y progresista, esos son en una buena medida, los que no permiten avanzar por su desidia institucional y obsecuencia calculista, esos son los que propusieron crecer con igualdad y terminaron concentrando el capital como acento del periodo postdictadura.

Los fuertes neoliberales siempre serán la oposición identificable a cualquier avance en igualdad social, el problema es que el neoliberalismo esta los bonos de los gremios públicos, como en las medidas contractivas del gasto fiscal, es decir, el neoliberalismo está en todos lados, es una dominación de una lógica simple que envenena todo gesto protoestatal.

Cómo racionalizar constructivamente para el país una política pública al servicio de las mayorías, si el neoliberalismo supone la captura del Estado por las tecnologías de la acumulación, cómo reinstalar una racionalidad redistributiva con las capacidades limitadas de un Estado mínimo. Pues un proceso constituyente puede servir para justamente dar cabida a una nueva noción de Estado distinta, he ahí la necesidad de un esquema pedagógico que correlacione la cotidianidad con el sentido de un pacto constituyente, esta es una brecha de las transformaciones, y sus actores posibles, las mayorías nacionales.

La inversión en una “red de protección social” permitirá que nuestra vulnerabilidad nacional se compense, y no solo actué el mercado en la vida social, sino también el Estado. Pero para esto necesitamos un espacio sociopolítico desde donde articular una noción integrada como esta, que asegure una mejor vida para la población nacional, en las baterías proyectuales de un progresismo real debería estar este rasgo de vulnerabilidad y su superación en una “red de protección social” fortalecida y con una lógica redistributiva.

Una inversión social importante que sostendría una principal falencia socioeconómica, una extrema vulnerabilidad que refleja la posibilidad de accesos a los bienes de consumo como un espejismo que puede terminar en la pobreza. Requerimos de una “red de protección social” que abarque el fenómeno transversalmente de acuerdo a su complejidad, porque la economía no solo trata de un discurso tecnocrático que termina favoreciendo los efectismos de la realidad neoliberal, sino del bienestar humano.

Están los destellos de un modelo productivo que no tiene mediación en el uso abusivo de los recursos naturales y humanos,  devolver espacios de beneficios sociales asegurados es una labor primordial de una justicia a la base, y tiene una racionalidad keynesiana muy favorable a la mantención de los estándares de consumo. Es a todas luces la necesidad de una compensación relevante a la vulnerabilidad de la sociedad chilena, cuyos aspectos constitutivos del buen vivir están privatizados y son muy caros, resolver esta disyuntiva es la claridad política de trabajar con los datos que existen y hacerlo coherente con una política pública intersectorial que articule un sistema de prestaciones vinculadas.

La vulnerabilidad es la extensión de una realidad nacional que requiere de un tratamiento a través de un política económica redistributiva, esto debería ser una plataforma de discusión de los derechos sociales que permiten la sustentación de los derechos políticos, no hay democracia política sin democracia social.