La Moneda, el PDC y El Mercurio intentan desactivar anulación de ley de pesca 

Ante el creciente descrédito público de la denominada ley Angelini-Longueira de privatización pesquera -la cual entregó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno al cartel de siete familias que dominan este sector económico-, y la sorpresiva entrega a la cámara de diputados el 6 de enero del proyecto de ley que busca anularla, se han encendido las alarmas en

Importante es recordar que el PDC y seis de sus senadores- Ignacio y Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hossain Sabag- fueron piezas claves en la promulgación de la cuestionada ley de pesca el 2012, con la sola excepción de la senadora Ximena Rincón. 

Una de las razones que explicaron el comportamiento de manada del partido falangista, fue el histórico papel de financistas que han tenido dos de los principales grupos empresariales beneficiados con la cuestionada ley: La familia Angelini (Corpesca –Orizon-SPK) y Yaconi (Pesquera El Golfo, ahora Blumar). Hoy tan sólo Angelini posee el 51 % de las cuotas de captura nacionales, mientras Blumar, es la segunda propietaria de cuotas de pesca.

300.000 firmas ciudadanas respaldan anulación

Una de las características de la iniciativa legislativa para anular la viciada ley 20.657, es la campaña ciudadana que impulsa la Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y el Centro Ecocéanos, junto a diversas federaciones de pescadores artesanales, pueblos originarios, confederaciones estudiantiles y una amplia coalición de organizaciones sociales, que han reunido 300.000 firmas durante los últimos meses que apoyan la anulación.

Desde el 2012 la ley Angelini-Longueira de pesca se ha ido convirtiendo en el símbolo del rechazo ciudadano al abuso y corrupción político-empresarial en Chile.

A lo anterior se suman los resultados de la reciente encuesta nacional Plaza Ciudadana Cadem, la que señaló que el 89% de los ciudadanos consultados piensa que existió cohecho en la elaboración de la ley de pesca, mientras un 79% indica que sólo beneficia a los intereses de los industriales. Por su parte, un abrumador 93% de los encuestados por Cadem, señala la necesidad de volver a legislar si se confirman los delitos de cohecho que investigan la fiscalía nacional económica.

Anular, no derogar o reformar la ilegítima ley Angelini-Longueira

El principal elemento diferenciador de la actual iniciativa legislativa, con el anterior intento de revisión de esta ley, -que fue presentada el 2015 por los diputados Rabindranath Quintero (PS), Carolina Goic (PDC) y Adriana Muñoz (PPD), o el sui generis proceso de revisión de la ley de pesca que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), por encargo del subsecretario de pesca Raúl Súnico (PS)-, es que el proyecto encabezado por los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez (PC), tiene como objetivo la nulidad, y no la derogación de la ley 20.657. La derogación de este cuerpo legal obligaría a los contribuyentes chilenos a tener que indemnizar con aproximadamente US$ 10.000 millones de dólares a los clanes familiares y transnacionales beneficiados de manera fraudulenta, gratuita y a perpetuidad, con monopólicos derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos marinos del país.

Si se deroga la Ley, los clanes familiares que serían nuevamente beneficiados por el parlamento, estarían los Angelini, Yaconi-Santa Cruz, Lecaros-Menéndez, Izquierdo- Menéndez, Sarquis, Stengel, Del Río, Fosk y Bohorodzaner, entre otros, y las transnacionales Emdepes / Nippon Suissan Kaisha (Japón), Frio Sur / Grandi HP (Islanda) y Alimar / FoodCorp / Austevoll Seafood ASA (Noruega).

Por eso, es necesario la anulación de le Ley Angelini-Longueira.

Desarticular “desde adentro” el proceso de anulación de ley de pesca 

Tanto para ciudadanos como parlamentarios, llamó la atención que a menos de 24 horas de haber sido presentado el proyecto de anulación, la primera reacción de la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Diputados fue la de considerar su no admisibilidad, estrategia que se fue modificando para ganar tiempo, postergando la vista de la moción en dos semanas (20 de enero), bajo el argumento que faltaban antecedentes en el análisis jurídico-legislativo que debía evacuar la secretaría de la cámara de diputados.

Frente al transversal apoyo de la opinión pública, movimientos sociales y sectores de parlamentarios, incluidos los diputados García y Paulsen de RN, el ejecutivo y el PDC han optado por una estrategia de “control de daños”, intentando de paso bloquear el creciente  protagonismo de la bancada PC-IC (objetivo en el que concuerdan con El Mercurio), así como de un movimiento social que se autonomiza bajo la alianza de ciudadanos, pescadores, estudiantes y organizaciones de pueblos originarios.

La ictiopolítica chilena: Elaborar una nueva ley de pesca “jurel tipo salmón”, con exclusión de la ciudadanía, pesca artesanal y pueblos originarios

Por ello se espera que este 20 de enero, el palacio de La Moneda, en alianza con el PDC, promoverán que el proyecto sea puesto en tabla y declarado admisible, para dar inicio a la discusión en particular, y posteriormente tomar el control del proceso parlamentario, sacándolo de la participación y control público. De esta manera podrán entrar a negociar cambios secundarios a la ley Angelini-Longueira, muchos de ellos de corte populista.

Con esto, el gatopardismo pesquero lograría resguardar la visión neoliberal y el corazón del negocio contenido en esta ley. Esto es: la privatización de bienes públicos y recursos naturales estratégicos del país, la mantención de la propiedad y uso monopólico de las rentas pesqueras por parte de los dueños del capital, la exclusión de los pueblos originarios y del 90 % de los pescadores artesanales, así como la eliminación del Estado y la transferencia al mercado de la capacidad absoluta de asignar propiedad, acceso y uso a las pesquerías de la Nación. A ello se sumaría la plena transabilidad de las licencias de pesca y cuotas individuales de captura, así como la no modificación de las restringidas condiciones para licitar las pesquerías industriales.

A cambio se ofrecería el aumento de los porcentajes de cuotas de pesca para los armadores artesanales, el no pago de patente para las áreas de manejo y el establecimiento de una “plataforma social”, en que el que los contribuyentes chilenos asuman los costos de la privatización y la actual crisis ambiental y social de las pesquerías nacionales. Nuevamente, negocio redondo para las siete familias.

Donde se prevé conflictividad entre los honorables parlamentarios, será en lo referente a la entrega a perpetuidad de las licencias de pesca, los intentos de licitación de mayores porcentajes en algunas pesquerías industriales, la declaración de pesquerías para captura exclusiva del sector artesanal, y la recuperación de los derechos de los pueblos originarios y los pescadores que no sean armadores artesanales.

Los incorregibles de siempre
Resulta difícil de aceptar, a la luz de los antecedentes sobre el financiamiento ilegal de la política, que quienes fueron parte del espúreo proceso de aprobación de la ley Angelini-Longueira, aparezcan nuevamente coludidos con los intereses estratégicos del cartel de la pesca y en alianza con cuestionables dirigentes sindicales del sector pesquero.
Es así que llamó la atención la premura de los vicepresidentes del PDC, Ignacio Walker (quien votó a favor de la ley Angelini- Longueira) y Sergio Espejo, para escribir una mediática carta a Nicolás Eyzaguirre, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde le anunciaban “estar de acuerdo de la necesidad de reformar la ley de pesca, asegurando el acceso justo y sustentable de los recursos del mar a todos los chilenos (sic) ”. 
Para ir preparando el escenario de desalojo de los diputados pro-anulación de la ley de pesca, Walker y Espejo le solicitan a la Segpres “un pronunciamiento sobre la admisibilidad y el mérito de fondo de la iniciativa”, y si un eventual apoyo al inicio de la tramitación parlamentaria “cuenta con el respaldo del gobierno”. Acto seguido pasan a proponer que la Segpres tome la iniciativa para formar a la brevedad una “mesa de acuerdo” entre representantes del gobierno, parlamentarios y las Naciones Unidas (FAO). Con ello se vuelve a intentar repetir un proceso que entre el 2010- 2012 estuvo falto de transparencia, de control público y de participación informada de quienes fueron los principales afectados por la expropiatoria ley de pesca, estos son los pescadores artesanales no armadores, los pueblos originarios Mapuche- Lafkenches, Huilliches-, Rapa Nui y Kaweskar, los ciudadanos organizados, los estudiantes y los consumidores, entre otros.

Ha sido llamativo volver a ver con vista al próximo 20 de enero, a políticos, empresarios y operadores de la Subsecretaría de Pesca, realizando lobby con parlamentarios y dirigentes de la pesca artesanal. Nada han dicho aún las Ongs transnacionales que operan en Chile, tales como WWF y Greenpeace, quienes apoyaron entusiastamente a nivel mediático el 2012 al entonces ministro de economía Pablo Longueira (hoy declarando como inculpado de cohecho y fraude al fisco por los casos Corpesca, Pesquera El Golfo y SQM), argumentando que la ley se basaba “en aspectos de sustentabilidad” y las decisiones de manejo pesquero eran de carácter “científico-técnico”.

Como era de esperar, las dirigencias de las dos principales confederaciones de la pesca artesanal, Conapach y Confepach, han manifestado su rechazo a cualquier intento de anulación o de reforma a la ley que negociaron en una mítica “mesa de colusión” pesquera el 2011, con Sonapesca, Asipes y el ex ministro Longueira.

Igual posición han señalado los tradicionales dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la flota y plantas procesadoras de la industria, dando inicio una pequeña campaña del terror, al amenazar con el incremento de los despidos de trabajadores por parte del empresariado y la existencia de un vacío legal que transformaría en un far west nuestro mar al volverse al sistema de “carrera olímpica”.
Por su parte, las patronales Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y Asipes, están dando muestras de encontrarse por primera vez a la defensiva, descolocadas y sin entender lo que está sucediendo. Esto, en un contexto de fuerte cuestionamiento social al empresariado tradicional y sus mafiosas prácticas.

Luego de una semana de silencio, han emitido sendas declaraciones públicas, con el apoyo orientador este domingo de la editorial de “El Mercurio”, donde reiteran sus corporativistas argumentos de defensa de la propiedad privada, la lucha contra el caos, la mantención de la estabilidad y la seguridad jurídica, así como el de la inconstitucionalidad que tendría cualquier intento de reformar o anular la ley de pesca.

A ello agregan la descalificación de los diputados que impulsan dichas iniciativas, acusándolos de ideologismo y populismo , mientras señalan que los casos de cohecho y corrupción pesquera asociados a la génesis de la ley, son aislados y sólo afectarían a una diputada, un senador y una empresa de la zona norte.

Bomba de tiempo puesta en el corazón del sistema neoliberal
La ley de pesca junto a los casos Penta, Corpesca y SQM, constituyen una  “bomba de tiempo” para la casta político-empresarial-militar que nos mal gobierna. Ella contiene insospechadas aristas políticas, ambientales y sociales que la hacen inviable hasta el 2033.

La discusión y decisiones parlamentarias sobre el actual proyecto de nulidad generarán precedentes políticos y jurídicos en temas tan complejos e interrelacionados como el derecho de propiedad por sobre cualquier consideración, el tema de la mantención del sistema de AFPs, la propiedad y los derechos de uso del agua, la recuperación de los bienes comunes y recursos naturales del país, o la discusión del proceso constituyente.

Desde ya, esta propuesta legislativa de nulidad de la normativa pesquera, pone en entredicho el enfoque legislativo tradicional, cuestionando si quienes han generado un acto jurídico altamente viciado en su génesis y posterior tramitación, pueden ser los mismos quienes decidan sobre su nulidad o no.

Es ahí donde se está creando un inédito espacio para el papel legislativo de un tercer actor: la ciudadanía informada, propositiva y movilizada. Además se pone en discusión la legitimidad de una ley, la cual no sólo debe estar regida por la probidad, sino que también por su eficacia, al generar el respeto y cumplimiento consciente de parte de los regulados, lo cual no es el caso de la ley 20.657 Angelini-Longueira.

A dos años de la imposición fraudulenta de esta ley, las prácticas de pesca ilegal por el accionar tanto de la industria como de los armadores artesanales, se han incrementado entre un 200% a 400% según la pesquería afectada, señala tanto Sernapesca, como  Sonapesca y Asipes´.

Especies tan emblemáticas como la merluza común, merluza austral, sardina, anchoveta, jibia, bacalao de profundidad, loco, erizos y algas pardas, son impactadas por el evidente incumplimiento de esta cuestionada ley. A su vez, entre el 2012- 2014, el número de pesquerías sobrexplotadas y colapsadas ha continuado incrementándose de manera serial, como lo señalan los estados de situación de las pesquerías chilenas que anualmente publica la secretaría de pesca.

Hoy, la ciudadanía aprecia que la ley de pesca y acuicultura no tan sólo es ilegítima en su génesis y expropiatoria de derechos y bienes públicos, sino que también es inviable en lo político, ambiental y social. Por ello, este 20 de enero comienza, tanto en el parlamento como en la calle, una nueva fase en la lucha, de la cual todos debemos ser partícipes, contra el abuso y la corrupción de la casta política.