Revocación: para uso en autoridades resistentes a la vergüenza

El Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber acaba de proponer que la ciudadanía pueda revocar mandatos parlamentarios mediante un procedimiento de plebiscito.

Muchos no han dudado en tildar la propuesta de populista. Y efectivamente lo es; populismo tipo B; no el que promete sino el que cobra las promesas. Otros la han recibido con una aprobación llena de somnolencia. Que la cosa avance o se quede ahí como una declaración de buenas intenciones va a depender de la capacidad de la opinión pública y de la movilización de otros parlamentarios.

Es de esperar que los jóvenes Boric y Jackson comprendan que esta propuesta tiene el peso y la capacidad de apertura política que no tiene la rebaja de los sueldos de los parlamentarios. Es de esperar que la izquierda recuerde su vocación popular y la derecha asuma su dimensión liberal. Es de esperar que conservadores y demócrata cristianos reconstruyan los sentidos de la lealtad debida a sus electores.

Ciudadanía + Representación

La lección de estos meses, es que la representación parlamentaria y funcionaria debe abrir espacios significativos a la presencia ciudadana. Esta ciudadanía de la que tan fácilmente hablamos debe a su turno ser repensada, no según inventos intelectuales sino según las áreas en que la ciudadanía efectivamente actúa y donde tiene necesidad de generar iniciativas, de supervisar a las instituciones y, eventualmente, intervenir revocando mandatos.
La ciudadanía tiene tres formas de existencia disgregadas y que este proyecto ayuda a enlazar:

La ciudadanía política reconocida que hoy tenemos, consiste en aquella que elige representantes cada cierto tiempo y que está sometida a inconsistencias que contrastan la velocidad de la política y la lentitud de las instituciones. Luego, tenemos una opinión pública esencialmente espectadora, que actúa a través de las redes sociales y los medios de comunicación, sin más poder que el escándalo. Esta es la que vela en los largos intervalos de los ejercicios representativos. En tercer lugar, una ciudadanía cotidiana que se reconoce como usuaria y consumidora de servicios y bienes de todos los calibres y que no tiene reconocimiento constitucional ni canales reales de participación. Esta es la dimensión de los movimientos sociales que normalmente no tienen más lugar de expresión que la indignación en calles sin salida.

Estas tres dimensiones necesitan ampliarse, unificarse y encontrar canales de expresión eficientes en nuestra sociedad. La propuesta de Lagos Weber puede ser un comienzo.

1.- La revocación de mandatos parlamentarios por sanción ciudadana se ha hecho necesaria por la «crisis de confianza» que aqueja al país después de tantas infracciones a las buenas costumbres. Lo que se necesita es que el parlamento funcione sin la presencia de los que han dañado gravemente la fe pública y han perdido la confianza de sus electores. Esta necesidad no es una suma de accidentes sino un cambio de fondo y profundo en la manera de efectuar nuestra convivencia. El país ha cambiado y la política tiene que actualizarse.
Se necesita que el parlamento sepa que su representatividad está condicionada a un ejercicio razonable de la representación. No es razonable que las autoridades eludan la responsabilidad y hagan trampas a la confianza que se les ha entregado. Lo razonable es que se sepan llamados a una transparencia mayor y a una rendición de cuentas cada vez que sean solicitados.

2.- Sin forzar la imaginación, y a título de ejemplos, se me ocurren al menos dos senadores a los que sometería a un juicio de revocación; Orpis y Rossi. A pesar de la evidencia política de malas prácticas, ellos se escudan en la lentitud de la justicia y en la judicialización de la política.

Cuando hablamos de asumir una responsabilidad política, ella no es competencia de los tribunales sino de los electores. La opinión pública debe tener un papel que jugar, más allá de los lamentos expresivos, a través del ejercicio ciudadano. El abismo entre opinión y decisión es lo que está en la base de la desconfianza, el desapego y de la impotencia indignada de la ciudadanía.

3.- Condiciones y Procedimiento. Las buenas ideas requieren de procedimientos eficaces y justos.
El diseño del proceso debe cumplir con dos requisitos: i) permitir deshacerse de corruptos, frescos y tránsfugas a iniciativa y según la voluntad reglamentada de los ciudadanos, ii) dar seguridad y tranquilidad a los parlamentarios razonablemente transparentes y fieles a su representación. Incluso, debe dar un buen margen de autonomía a la autoridad.

La acción de revocación debe ser extraordinaria y no prestarse a juegos políticos coyunturales ni a manejos arbitrarios de la opinión pública. El proceso debe ser difícil pero posible. Debe haber pues, una barrera importante en el volumen del apoyo a la impugnación. La velocidad del proceso debe minimizar la inestabilidad del sistema institucional y, sin embargo, el procedimiento debe estar abierto y a disposición de una voluntad ciudadana contundente.

Inicio; grupo de ciudadanos que decide iniciar una acción de revocación de mandatos debe, en primer lugar, fundar su acusación (en un texto de no más de dos carillas) y reunir el 5% del padrón electoral local en apoyo a la iniciativa o el 10% del número de los que votaron en la última elección.
Plazo; entre el inicio del proceso de recolección de firmas y su término no pueden pasar más de tres meses. La votación deberá realizarse un mes después de acreditada la base de firmas necesaria.
Plebiscito; El voto de revocación debe manifestar una voluntad popular inequívoca y urgente. Para evitar que cualquier senador de la minoría pueda ser impugnado por la ciudadanía, para mantenerse en el cargo, bastará un número de rechazos a la revocación (votos favorables al impugnado) igual a una mayoría simple (50% + 1) o al 50% + 1 de los votos con que fue elegido; lo que sea más favorable al senador.

Esto quiere decir que si el senador Rossi fuera impugnado, le bastaría obtener en el plebiscito la mitad de la votación personal con que fue elegido, para conservar el cargo. Se parte del supuesto de que la pérdida de un cincuenta por ciento de sus votantes, además de la voluntad explícita de removerlo en el resto de la población electora, marca suficientemente el repudio a la gestión del impugnado.

Las cifras pueden discutirse pero la posibilidad de desembarazar a las instituciones de los desvergonzados que permanecen enquistados es verdaderamente importante para la convivencia y para las instituciones.

4.- Ventajas.

En primer lugar, se pone en manos de la ciudadanía la posibilidad de terminar con la impunidad y la elusión de las responsabilidades políticas. ¿A alguien le parece que eso es poco? El conjunto del sistema político sentirá la presencia de una ciudadanía empoderada no solo como opinión pública sino como lugar en el que las autoridades deben responder por rupturas graves de sus promesas y sus responsabilidades.

La cuestión de los equilibrios entre representación y ciudadanía es el tema de fondo a discutir. Definir si el actual sistema de representación es suficiente o si necesita ser complementado. Debemos definir si la ciudadanía influye demasiado o demasiado poco en la política. Debemos definir si la manera en que la ciudadanía se hace escuchar es la más adecuada.

Con la institución de la revocación de mandatos, Chile evitará caer en situaciones de inestabilidad y vacíos de poder como las de Venezuela o de Brasil, puesto que las posibilidades de expresión de la voluntad ciudadana siempre estarán abiertas institucionalmente.

Esta reforma fortalecerá el sistema representativo al depurarlo de sus vacíos y acercarlo de manera importante a la ciudadanía. Me atrevo a decir que la sola discusión de esta propuesta pondría al sistema político ante sus encrucijadas reales.
5.- Las objeciones.

a) Se nos dice de la propuesta de Lagos Weber que entorpece la labor judicial y favorece los linchamientos públicos. La verdad es que hay distintos ámbitos para el juicio crítico en una sociedad. Hay juicios estéticos que pueden dar inicio a un procedimiento pero que no serán suficientes para llevarlo a término. Las maniobras que parecen deshonestas van a tener incentivos fuertes para explicarse ante los ciudadanos.

Al juicio político, que eleva a los individuos a la dignidad de ‘representante’, le corresponde retirar esa dignidad al que la ha abusado. La liviandad con que algunas autoridades hablan de asumir sus responsabilidades se debe a que no tenemos una instancia de juicio político que haga valer las responsabilidades.

b) Se nos dice que la tentación de atacar adversarios por esta vía será irresistible y que viviremos en situación de inestabilidad. No lo creo. Nos hemos referido a eso en el ‘procedimiento’. Esta no es, desde el punto de vista de la estabilidad, una institución demasiado diferente a la acusación constitucional de ministros por el parlamento. Si la ciudadanía fuera frívola juguetona no tendríamos mayores preocupaciones políticas.

c) Se nos advierte en contra de pensar en esta salida como en una ‘bala de plata’. Es posible que no lo sea; pero se acerca. Tiene la gran ventaja de proponer salidas institucionales a situaciones que de otro modo llevan a combinaciones inconducentes de guanacos y barricadas.

A pesar de las reticencias, la iniciativa de revocación ciudadana ofrece a todas las tendencias las oportunidades de reciclaje ideológico y político que han estado buscando sin saber dónde buscar.