Crisis ideológica, neoliberalismo y la nueva izquierda en Chile (Parte I)

En su conocido libro “Breve historia del Neoliberalismo” David Harvey señala que el  “Neoliberalismo es en primera instancia una teoría económico-política que propone que el bienestar humano puede ser alcanzado mediante la liberación de las capacidades y deseos personales y la reducción al mínimo de los marcos institucionales de convivencia social. Durante el siglo XXI, la expresión histórica de esta teoría corresponde a un discurso hegemónico global, cuya rápida expansión y eficacia lo han transformado en un ethos por sí solo, es decir, en una ideología capaz de guiar y prefigurar la acción humana en sus aspectos más simples y cotidianos.

Tomando este acotada definición de neoliberalismo en la presente columna quisiera plantear algunos puntos que permitan caracterizar la crisis política que vive el país y su relación estratégica con la izquierda. Para ello describiré cinco tendencias fundamentales respecto a la conflictividad social, propondré una caracterización particular “crisis política” y plantearé algunas reflexiones sobre la perspectiva estratégica de la nueva izquierda.

Como es sabido Chile se caracteriza por ser uno de los países pioneros y más radicales en la implementación del neoliberalismo, siendo una de las sociedades donde gran de parte de los vínculos humanos se encuentran sujetos a relaciones de mercado. Salud, educación, previsión social, han sido objeto de una forzada mercantilización que subordinó instituciones fundamentales para la coexistencia social a las condiciones de rentabilidad del patrón de acumulación capitalista. Este proceso refundacional de la estructura social, favoreció que el neoliberalismo se constituyera como el ethos fundamental del Chile pos dictadura, produciendo un sujeto social profundamente mercantil, identificado y tolerante cotidianamente con el consumismo y el individualismo. ¿Qué es lo que cambió durante la década del 2000, y que se ha agudizado durante la última década?

De común consenso se ha tornado describir el aumento de la conflictividad social como un síntoma de una “crisis política” generalizada, categoría que agrupa una seria de análisis que incluyen diagnósticos sobre el fin del modelo, la rearticulación socio-política del gigante popular, una crisis de legitimidad de la élite dominante y de las instituciones, o más moderadamente la existencia de un proceso subterráneo de repolitización social que ha permitido que la polis aflore en medio del páramo del mercado. No obstante, lo primero que cabe comprender es que en Chile el aumento de la conflictividad social es un proceso complementario a la desafección política que muestra la democracia chilena, el cual puede ubicarse como tendencia a inicios de la década del 2000. Si bien en Chile los niveles de conflictividad social, siguen representando  una baja frecuencia respecto a los países de la región, hay cinco características centrales que permiten caracterizar el proceso que vive el país.

Primero, en Chile la mayoría los conflictos sociales corresponden a conflictos de reproducción social. Esta categoría describe los conflictos cuyo tipo de demandas buscan modificar las condiciones de vida y los mecanismos de reproducción de los beneficios y estatus social, tendiendo a ser conflictos por la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión socio-económica.

Segundo, los conflictos presentan un alto nivel de radicalidad. Como Fernando Calderón (2013) señala, en Chile priman repertorios de movilización asociados a la paralización, toma de espacios públicos y protestas, los cuales pueden ser calificados como repertorios de acción directa de masas, en tanto implican la confrontación explícita entre actores y aparatos represivos.

Tercero, es posible apreciar una incipiente transversalización de las demandas asociadas a los conflictos. Es decir, las demandas gatillantes del conflicto pasan de estar focalizadas en la resolución de necesidades inmediatas de los actores involucrados, a ser demandas por transformaciones políticas cuyo impacto excede a los sujetos directamente involucrados. Como señala el informe PNUD (2015), entre el año 2009-10 el 81% los conflictos sociales correspondían a demandas acotadas, entre los años 2011-2012 este porcentaje se redujo solo a un 55%, mientras aumentó de  un 19% a un 45% el número de conflictos catalogados como de transformación política.

Cuarto, los estudios sobre conflictividad social sugieren que el conflicto social y los movimientos sociales contemporáneos han tendido a autonomizarse de los partidos políticos como de los mecanismos de gobernanza del estado, actuando progresivamente de manera independiente de los mecanismos formales de la democracia (Somma & Bargsted, 2014). Esta tendencia tiene su expresión cualitativa en el desarrollo discursivo altamente crítico respecto de la institucionalidad política formal y a los partidos políticos, información confirmada por los bajos niveles de identificación política y la alta desconfianza a los partidos políticos y las instituciones democráticas que muestran sus puntos más altos en los últimos dos años.

Finalmente, se observa que el aumento de la conflictividad social ha sido correlativo a la percepción social sobre la conflictividad en el país, es decir, no solo existe mayor conflictividad social, sino que la sociedad reconoce y percibe el aumento de esta. Esto permite señalar que la ciudanía percibe un cambio significativo en el país, quebrando la imagen icónica del Chile de los 90’, forzadamente caracterizado como una sociedad cohesionada e íntegra, ejemplo de orden,  gobernabilidad y fortaleza institucional.

Las tendencias al aumento de la desafección política y la conflictividad, como sus características, permiten señalar que actualmente las instituciones democráticas del estado, o superestructura jurídico-política, constituyen el principal campo sobre el cual se desarrolla las crisis de la sociedad chilena. Estas tendencias, si bien indican la existencia de crisis que representan importantes oportunidades políticas para la izquierda, no permitan afirmar que la sociedad chilena se encuentra en una fase de crisis generalizada, o que el modelo en su conjunto esta puesto en cuestionamiento.

Al contrario, los datos y la trayectoria posterior de algunos conflictos permiten caracterizar el conflicto social de la siguiente manera. Nos enfrentamos a un conjunto no articulado de fisuras ideológicas, radicadas en aparatos ideológicos específicos de la superestructura neoliberal. Estas fisuras están desarticuladas y no presentan una visión crítica global al funcionamiento del sistema social, presentan niveles heterogéneos de desarrollo y profundidad discursiva y están lideradas por actores sociales diversos que no comparten una perspectiva anti-neoliberal o anti-capitalista común que permita proyectar una articulación favorable al campo de la izquierda transformadora o anti-neoliberal.

También cabe considerar que no todas las fisuras ideológicas pueden ser atribuidas a la generación de actores sociales o pueden ser circunscritas como parte de un aumento de la conflictividad social. Los casos de corrupción y colusión revelados durante el 2015, constituyen formas de “desplome ideológico”, es decir situaciones coyunturales donde la agudización de intereses entre actores del bloque dominante, mina las justificaciones y legitimaciones de las instituciones sociales, develando las relaciones de intereses y dependencia entre actores económicos y políticos e instituciones políticas que componen el bloque en el poder.

En este contexto de alta heterogeneidad y dispersión de las fisuras ideológicas, es posible que señalar que si bien cada fisura constituye en su conjunto, y por separado, una oportunidad política favorable para los sectores de izquierda, no son sintomáticas de un estado generalizado de crisis en la cual el modelo neoliberal sea objeto de cuestionamiento global, o en otras palabras, que toda fisura ideológica pueda ser analizada desde una perspectiva unívocamente anticapitalista y como síntoma de la objetiva existencia de una crisis. Más bien parece prudente hipotetizar que si bien no hay crisis del modelo, hay una creciente dificultad en el funcionamiento de mecanismos claves para la reproducción del capitalismo en Chile, generada por la alteración parcial del sentido común (ethos neoliberal) que justifica y valida los mecanismos de explotación de la clase dominante. Esta situación abre un conjunto de oportunidades políticas favorable para el desarrollo de una crisis ideológica que están directamente ligadas al desarrollo de la nueva izquierda chilena.

Sin embargo, si estas oportunidades no son capaces de ser articuladas dentro de un discurso unitario capaz de pensar y proponer una alternativa de país, significativa y viable en el mediano plazo, no constituye por si sola una amenaza efectiva para el bloque en el poder. Y como lo demuestra la experiencia del gobierno de la Nueva Mayoría, el fortalecimiento de los mecanismos represivos como el desarrollo de nuevos mecanismos de gobernanza y ajuste a la estructura político-jurídica, implementados en los últimos años, permiten mantener la condición hegemónica del neoliberalismo, con niveles mínimos de cohesión social y de legitimidad política, pero con la capacidad suficiente de contener las crecientes, pero aún fragmentarias, expresiones de malestar social.