Sólo en 2016 ya han sido dos las veces en las que la diputada Camila Vallejo ha decidido usar su cuenta de Facebook para desmitificar rumores que la involucran en hechos irregulares. Estas acusaciones sin sustento, que la han acompañado desde que asumió la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile hace cinco años, también abrazan al resto de sus colegas legisladores de la “bancada estudiantil”, los dirigentes que en 2011 y 2012 lideraron las movilizaciones en educación, a lo largo del país.

“He leído muchos comentarios que no se refieren al contenido de las ideas que defiendo. Son muchas mentiras y verdaderos mitos que circulan en las redes sociales sobre mí (…) Soy una persona y espero que comprendan que esto me afecta a mí, a mis compañeros y lo que amo, que es mi familia” escribe la comunista en su cuenta abierta. Entre los rumores que Vallejo desmiente a punta de documentos, está el que señala a su padre como adjudicador de una licitación para calefaccionar La Moneda por 300 millones de pesos, para el que adjunta un certificado de Contraloría que la respalda. La compra de un vehículo Audi por 49 millones de pesos es otro de los mitos que contrarresta haciendo públicos sus bienes en una declaración de patrimonio.

Por su parte Gabriel Boric, diputado independiente por la región de Magallanes, también ha sido blanco de embustes, no sólo a través de redes sociales, sino por parte de algunos políticos y medios de prensa. En 2015 Juan José Arcos, concejal PRI de Punta Arenas, acusó al parlamentario de haber recibido una donación de casi 8 millones de pesos para financiar su campaña por parte del vicepresidente del directorio del Metro Regional de Valparaíso. Asimismo, el rumor de una intervención en manos de Boric con el objetivo de facilitar la compra a un terreno de su padre por parte del SERVIU, también pertenece al repertorio de calumnias; alcanzando tal nivel de masividad que -según fuentes dentro del Congreso- el pasado miércoles 23 de marzo el diputado Fidel Espinoza habría usado este argumento contra Boric durante una discusión en el hemiciclo. En su blog personal, el magallánico también expone documentos en donde respalda que el dinero al que alude Arcos corresponde a un préstamo; y los terrenos a los que se le acusa de intervenir, fueron vendidos un año antes de que el diputado naciera.

En el mismo sitio pueden leerse, además, los desmentidos que realiza el legislador ante las acusaciones contra su hermano menor Simón Boric, jefe de prensa de la Universidad de Chile, al que se le imputa haber obtenido su cargo mediante tráfico de influencias. Esto, pese a que las injurias fueron objetadas por la propia casa de estudios, junto a un respaldo público a la gestión profesional del periodista por parte de la Vicerrectora de la institución, Faride Zerán.

Si bien Giorgio Jackson no ha sido sido víctima de injurias, no se salva de los ataques. La agrupación “Corporación 11 de septiembre”, que genera gran parte de las agresiones virales, repudió a Jackson en mayo del año pasado por aparecer en una fotografía junto a Margot Honecker, ministra de educación popular durante la República Democrática Alemana y esposa del máximo dirigente de la RDA; además de respaldar las acusaciones que el fallecido Eduardo Bonvallet le hizo al diputado durante un programa de televisión en vivo, tildándolo de mentiroso. En tanto, la diputada Karol Cariola debió hacer frente a las querellas que en enero de 2015 anunciaron parlamentarios de la UDI contra el supuesto financiamiento de su campaña y la de Vallejo, acusándolas de recibir aportes de chilenos exiliados en Francia; información que nunca llegó a comprobarse.

¿Pero de dónde y con qué objetivo nace esta campaña de desprestigio sin pruebas que la sustente? El desmedro no proviene sólo de pequeños grupos organizados, usuarios furiosos en redes sociales o algunos medios de comunicación (El Mercurio, 2014, publicó una foto de Boric “estirándose” en el Congreso) sino también por parte de políticos con altos cargos que echan a correr diatribas con la intención de desmantelar la popularidad que ciñe a estos diputados sub 30, capaces de llegar al hemiciclo gracias a su trabajo con movimientos sociales.

La difamación es un arma efectiva para desarmar el prestigio y trabajo de una persona o institución y sucede cuando no existen respaldos ni documentos que acrediten una acusación. Sin embargo, gracias a la difusión mediática y el cargo político que ostentan muchas veces quienes realizan estas denuncias, no es necesario comprobar una información para que esta rápidamente se vuelva una “verdad”.