Dentro de un escenario político prácticamente desmoronado respecto de sus bajísimos niveles de credibilidad, confianza y, por ende, representatividad ciudadana, esto producto de los diversos casos de corrupción que de un tiempo hasta hoy han ido quedando al descubierto, deslegitimando el rol de servidores públicos que les corresponde como depositarios del poder delegado por sus electores, la reciente aprobación en el Senado en cuanto a aplicar sanciones penales contra toda persona que revele información de una investigación judicial viene a ser una abierta y desvergonzada demostración de defensa corporativa, llevada a cabo por una institución cruzada transversalmente por la cooptación del dinero empresarial, tanto para el financiamiento de campañas como para el diseño, promulgación y aprobación de leyes en beneficio de la concentración particular de riquezas y perjuicio de las mayorías empobrecidas. Una transversalidad tantas veces destacada como sinónimo de virtud republicana, en tanto suponer una capacidad de entendimiento cívico con altura de miras y en pos de objetivos superiores, de bien común, por sobre las diferencias partidistas y los intereses mezquinos. Así al menos nos la vendieron en el discurso. Sonaba lindo, sonaba como el cambio esperado después de los 17 años que hubo que esperar para poder salir de la negra dictadura y recuperar la luz multicolor de nuestra democracia expropiada. Pero no fue así. El marketing da para todo. Lo que nos devolvieron fue tan solo una fachada de cartón pintada con acuarela, una cáscara vacía, vaciada, sin alma, sin sentido, sin conciencia, sin memoria. Un producto de consumo que aceptamos llenos de esperanza y buena fe. De ingenuidad, si lo vemos desde la perspectiva que ofrece el tiempo. Debería haber un Sernac político (¿serviría de algo?)

Lo cierto es que la actitud de quienes promovieron el ingreso de esta indicación (que ha recibido el nombre de “Ley Mordaza”) a la llamada Agenda Corta Antidelincuencia es grave, toda vez que representa un atentado a libertades y derechos democráticos básicos, como es el de información, respondiendo más bien a una reacción de inquietud y encubrimiento ante posibles nuevas revelaciones que, más allá de la sentencia judicial final, sean capaces de probar la responsabilidad ética y la participación en delitos de quienes puedan estar implicados, con evidencia comprobable, en estos u otros casos de corrupción. Porque la cosa no termina aquí. Ha quedado claro que eso de los “casos aislados” o puntuales no es otra cosa que un argumento burdo y gastado para intentar disimular el panorama general. Luego de la dictadura, luego de todos estos años de democracia formal en los que, y en nombre de esta “política de los acuerdos”, el modelo heredado no sólo no ha sido modificado, sino que administrado y profundizado, lo que se ha configurado es un complejo y extenso entramado de relaciones endogámicas, incestuosas, de todos con todos. En eso ha transformado el libertinaje neoliberal a Chile: en la grandiosa y desenfrenada partusa de una casta que desea seguir disfrutando de ello a puertas cerradas, manteniendo al mismo tiempo las apariencias. La honra, el honor y todos esos títulos de nobleza y caballerosidad tras los cuales la basura es ocultada. Un festín orgiástico reservado para el selecto grupo de comensales que, como plaga de langostas, arrasa con todo.

La iniciativa fue objetada tanto por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como por el Colegio de Periodistas, preocupados ambos entes por las evidentes implicancias que podría tener la aprobación de esta medida como factor de restricción a la labor periodística en cuanto la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener debido acceso al derecho de disponer de información relevante, relacionada con procesos de investigación en los que estén involucrados actores relacionados con el poder político y económico, así como también restringir la libertad de los medios a entregar esa información. Resulta poco entendible, por no decir tremendamente paradojal, que el foco pretenda ser puesto en sancionar penalmente información mediante este mecanismo de disuasión para desempeñar la labor informativa en lugar de hacerlo para castigar delitos cometidos por estos grupos de poder. El hecho de que el Senado haya eliminado penas de cárcel para la colusión empresarial pero que, sin embargo, la pueda aprobar contra periodistas que informen de estos delitos resulta no sólo impresentable, sino también inaceptable. Si a ello sumamos otros antecedentes también contemplados en la Agenda Corta Antidelincuencia, como sancionar a quienes agredan a Carabineros sin que sea necesario que queden muestras visibles de ello, así como el Control Preventivo de Identidad, es posible advertir de qué manera parecen estar ajustándose las piezas que permitan perfeccionar este manto, tejido desde un comienzo para avalar no sólo la corrupción, sino también la impunidad, ante algunos indicios de rearticulación social (evasión en el Metro, por ejemplo) que claramente comienzan a inquietar a algunos.