Declaración sobre el clima de violencia en la Araucanía y criminalización del pueblo mapuche

Declaración Pública

Ante la detención en días pasados de comuneros mapuche por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario que resultó en la muerte al matrimonio Luchsinger Mckay en 2013 y el clima de violencia que se vive en la región de la Araucanía y otras regiones aledañas, el Observatorio Ciudadano se hace un deber de señalar:

La muerte del señor Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay fue un hecho ampliamente condenado por diversos sectores de la comunidad nacional y regional. Reiteramos dicha condena ya que nada justifica hechos de violencia como el que ocasionó su muerte. Tal como manifestamos en esa oportunidad este matrimonio fue víctima del clima de violencia que se ha instalado en el sur del país, en el cual al Estado de Chile le cabe una importante responsabilidad. Ello no solo por la forma como éste se constituyó en esta parte del país, sin consideración a la preexistencia del pueblo mapuche que ahí habitaba, sino también por la errática política que hasta la fecha los gobiernos han impulsado en relación a las demandas y la protesta de este pueblo, las que han sido criminalizadas. Dicha respuesta estatal, lejos de resolver los problemas de fondo de este conflicto intercultural, ha obstaculizado el diálogo, única vía posible para enfrentarlo y superarlo.

En relación a la detención de los comuneros mapuche en el marco de la investigación penal de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckay, el Observatorio Ciudadano pide al gobierno y a los operadores de justicia el cumplimiento de los principios del debido proceso.Preocupa de sobremanera la estigmatización que a nivel regional existe en contra de los imputados mapuche en este caso. Recordamos que todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que su culpabilidad haya sido probada. Valorables son ese sentido las palabras del Obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, en orden a no prejuzgar y dejar que la justicia opere sin presión.

Sobre el mismo punto, reiteramos que los hechos de violencia deben ser investigados y sancionados, con respeto a las garantías individuales y procesales. Por ello resultan preocupantes las alegaciones de los imputados respecto de que en su detención y posterior formalización se habrían identificado presiones e irregularidades, las que resulta fundamental sean esclarecidas y, de verificarse, revertidas y sancionadas. Lamentablemente, la historia de la persecución penal en contra de la población mapuche está marcada por episodios de violencia policial, discriminación y arbitrariedad que luego derivan en nulos resultados sobre los hechos que se investigan, generando la sensación de impunidad en las víctimas y el aumento del descrédito en la justicia.

Preocupan también la presentación por el Ministerio del Interior de una querella por el delito de incendio terrorista, así como el mismo requerimiento por parte del Ministerio Público. Al respecto se debe destacar que diversos órganos de Naciones Unidas han cuestionado la aplicación de esta ley y han solicitado su modificación, tarea que está aún pendiente en el Parlamento. Recordamos además que Chile fue condenado el año 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ordenó en su sentencia revocar ocho condenas aplicadas el año 2003 a siete mapuches y una activista bajo esta figura legal. Asimismo, que en el juicio contra el único condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckay el tribunal desestimó la aplicación de dicha ley.

El anuncio y aplicación de esta ley en las regiones de la Araucanía y Los Ríos solo ha contribuido a una mayor criminalización y en mantener un clima propicio para la violencia.

Las acciones y opiniones de quienes son actores claves en este conflicto, tales como el gobierno, representantes de gremios, de organizaciones mapuches y de medios de comunicaciones, son fundamentales para encauzar un camino de diálogo que permita abordar la conflictividad existente. Constatamos con preocupación, sin embargo, que las acciones del actual gobierno, desde la llegada del actual Ministro del Interior y las políticas impulsadas en la región, han puesto acento en la contención policial del conflicto, generando un retroceso en el diálogo político y contribuyendo a la persistencia y aumento de un clima de violencia.